Vida Opinión
Con el criterio vigente, un Instituto Técnico Profesional puede obtener mayor calificación que una universidad que promete buena docencia y otra que le suma investigación, y de ninguna manera necesita realizar investigación o convertirse o parecerse a una universidad para ser bueno. Eso ayuda a remarcar el rol distintivo, único y complementario de la formación técnico profesional a la universitaria.
Hay poco espacio para que el Gobierno insista en mandar el proyecto de Ley de Educación Superior estructurado como lo conocemos, es decir, en los tres capítulos de calidad, superintendencia y financiamiento. Debe concentrarse en lo que tiene mayor análisis previo, mayor acuerdo, y ello significa excluir al menos del capítulo de financiamiento, su parte más controversial y peligrosa, la fijación de aranceles. Esperable es que se focalice en materias de calidad y de supervisión, aspectos que de cualquier forma requieren mayor afinamiento y precisión.
Aunque separar el proyecto tiene la ventaja de enfocarse, también tiene el riesgo de carecer de una mirada integral, de establecer una arquitectura rígida, que no considere el cambio más relevante que Chile experimenta y que requiere reconocer la interacción de la educación superior técnico profesional, con la universitaria.
[cita tipo=»destaque»] La acreditación obligatoria es necesaria para entregar señales fuertes y claras en el sentido que todos reconocemos. En esta línea, los CFT estatales deben someterse al proceso de acreditación, y pese a la premura, e incluso improvisación de algunos de ellos, con un proyecto educativo coherente con sus acciones, también debieran pasar el test de la calidad.[/cita]
El proyecto, por focalizado que esté, debe concebir esta interacción, y no hacerlo, tiene varios riesgos, entre los que destaco el de retroceder un camino andado en los últimos años, relegando nuevamente a un espacio de segundo orden a lo técnico profesional. Ello es especialmente peligroso si el proyecto de ley concibe la calidad sólo para el mundo universitario, para luego tener otro proyecto y estándar para instituciones técnico profesionales.
Estoy muy consciente que el sistema de aseguramiento de calidad, incluida la supervisión, ha sido dramáticamente deficiente y requiere cirugía. Sin embargo, debemos rescatar la concepción de la calidad vigente que para las distintas instituciones es similar. Ella se define y mide en base de la cercanía que tiene el funcionamiento real de la institución con su proyecto específico. Ello no requiere usar las mismas métricas. Por el contrario, se subentiende que por ejemplo el proyecto de una universidad compleja, con componentes de investigación, debe ser diferente del de una sustancialmente docente, y del que deba tener una institución técnico profesional. La investigación pura, como resultado, o los académicos con doctorado en universidades de excelencia, como proceso, son métricas razonables para el proyecto universidad compleja; y no lo son, o lo son menos, para un proyecto de un Instituto Profesional cuyo proyecto fomenta la empleabilidad y los salarios.
Así, con el criterio vigente una universidad que remarca como características propias niveles equivalentes de investigación de otras que sí los tienen, será peor calificada, pues estará más lejos de cumplir con la promesa que establece su proyecto. Con el criterio vigente, un proyecto fundamentalmente docente de pregrado, debiera permitir alcanzar una alta calificación si la docencia es de calidad. Asimismo, con el criterio vigente, un Instituto Técnico Profesional puede obtener mayor calificación que una universidad que promete buena docencia y otra que le suma investigación, y de ninguna manera necesita realizar investigación o convertirse o parecerse a una universidad para ser bueno. Eso ayuda a remarcar el rol distintivo, único y complementario de la formación técnico profesional a la universitaria.
Siendo el desafío de la calidad en el mundo técnico profesional particularmente apremiante, el proyecto de educación superior debe concebir la calidad ampliamente, y no puede excluir al sector técnico profesional. La acreditación obligatoria es necesaria para entregar señales fuertes y claras en el sentido que todos reconocemos. En esta línea, los CFT estatales deben someterse al proceso de acreditación, y pese a la premura, e incluso improvisación de algunos de ellos, con un proyecto educativo coherente con sus acciones, también debieran pasar el test de la calidad.
