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Los riesgos invisibles de los plaguicidas en el campo maulino Social

Los riesgos invisibles de los plaguicidas en el campo maulino

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Una investigación realizada con pequeños agricultores y trabajadores de temporada de Curicó y Talca revela que, aunque existe conciencia sobre los peligros de los plaguicidas, la percepción del riesgo depende principalmente de señales inmediatas, como el olor, el sabor o los mareos.


En la Región del Maule, más de 91 mil personas trabajan en actividades agrícolas, un sector que representa el 17,8% del empleo regional, tres veces el promedio nacional. En este territorio, donde el uso de plaguicidas forma parte de las labores habituales del campo, comprender cómo los trabajadores perciben sus riesgos resulta fundamental para avanzar hacia condiciones laborales más seguras.

Aunque quienes manipulan estas sustancias saben que son peligrosas —y suelen referirse a ellas como “veneno”—, muchas veces identifican el riesgo a partir de lo que pueden sentir directamente: un olor penetrante, un sabor amargo en la boca o un mareo durante la aplicación. Pero ¿qué ocurre con aquellos efectos que no se pueden ver, oler ni sentir y que pueden manifestarse después de años de exposición?

Esta es una de las preguntas que aborda una investigación en la que participa Boris Lucero Mondaca, director del Centro de Investigación en Neuropsicología y Neurociencias Cognitivas (CINPSI Neurocog) de la Universidad Católica del Maule (UCM), junto a especialistas de Chile y Brasil. El estudio, publicado recientemente en la revista científica Social Science & Medicine, explora cómo los trabajadores agrícolas construyen su percepción del peligro a partir de la experiencia cotidiana.

Mediante entrevistas en profundidad a pequeños agricultores y trabajadores de temporada de Curicó y Talca, los investigadores identificaron una forma particular de comprender los riesgos, que denominaron “racionalidad sensorio-práctica”. Se trata de un conocimiento construido a partir de los sentidos, la experiencia acumulada y las condiciones concretas del trabajo agrícola.

Los resultados cuestionan la idea de que la falta de protección responde principalmente al desconocimiento o a la ausencia de capacitación. Por el contrario, muestran que los trabajadores reconocen los peligros, pero enfrentan limitaciones económicas, laborales y materiales que dificultan protegerse adecuadamente.

En esta entrevista, Lucero profundiza en los principales hallazgos de la investigación, las contradicciones que enfrentan quienes trabajan en el campo y los desafíos que plantea esta realidad para la salud pública.

—¿Existe una brecha entre los riesgos reales de los plaguicidas y aquellos que perciben los trabajadores agrícolas?

—Efectivamente, existe una brecha importante, pero no está donde habitualmente se la suele buscar. En salud ocupacional se ha instalado con mucha fuerza la idea del “déficit de información”, bajo el supuesto de que, si un trabajador agrícola no se protege lo suficiente, es porque desconoce el peligro o le falta capacitación.

Nuestros resultados muestran algo muy distinto. Quienes trabajan en el campo saben perfectamente que manipulan sustancias peligrosas. De hecho, en sus conversaciones cotidianas las llaman derechamente “veneno”.

La diferencia está en cómo se mide ese peligro. Mientras la toxicología evalúa el riesgo según la composición química de las sustancias o el daño epidemiológico acumulado, los trabajadores lo gradúan a partir de lo que su propio cuerpo puede percibir: el olor penetrante de un producto, el gusto amargo que queda en la boca o el mareo que aparece después de una jornada de aplicación.

Esta manera de reconocer el peligro puede resultar funcional para advertir intoxicaciones agudas, que producen síntomas inmediatos. Sin embargo, deja a los trabajadores prácticamente a ciegas frente a amenazas de largo plazo, como la exposición crónica a dosis bajas, la absorción silenciosa a través de la piel o la presencia de residuos. Son riesgos que no necesariamente producen señales corporales en el momento: no huelen, no marean ni se ven.

Las consecuencias son muy concretas. Cuando se aplica un agroquímico que no se siente particularmente fuerte, se tiende a bajar la guardia, porque el cuidado depende de que el cuerpo “avise”. Así, la exposición crónica puede avanzar silenciosamente hasta que sus consecuencias para la salud ya están instaladas.

A esto se suma un problema estructural que hemos documentado durante años en la región: el enorme subregistro de intoxicaciones laborales en Chile, asociado a la precariedad del empleo temporal, el temor a represalias de los empleadores y la escasa detección de patologías crónicas en el sistema de salud.

—¿Cuáles fueron los principales hallazgos del estudio?

—El hallazgo central es que la percepción del riesgo en el mundo rural no es desarticulada ni responde a la negligencia, sino que sigue una lógica interna muy coherente. En el artículo propusimos denominarla “racionalidad sensorio-práctica”.

A partir de las entrevistas en profundidad y del análisis de los relatos desde la teoría del núcleo central de las representaciones sociales, observamos que la experiencia del propio cuerpo y los conocimientos acumulados durante años de oficio organizan la comprensión del peligro, muchas veces por encima de los manuales técnicos.

Una de las cosas que más me llamó la atención fue cómo los trabajadores distinguen las vías de exposición según la capacidad del cuerpo para detectarlas.

La boca y la nariz se consideran vías evidentes, porque permiten sentir inmediatamente cuando un producto ingresa al organismo. Un entrevistado nos contó lo que ocurre cuando fumiga con una bomba de espalda: al llegar al final de una hilera y darse vuelta, el viento le golpea directamente la cara. El producto, mezclado con el sudor, termina filtrándose hacia la nariz y la boca, hasta dejar un sabor amargo en la garganta.

Desde su experiencia, cuando hay viento y sudor, los elementos de protección personal simplemente no sirven para evitar esa exposición.

Con la piel ocurre algo distinto. Como la absorción cutánea no suele sentirse, se representa como un peligro invisible, que muchas veces solo se descubre cuando el daño ya ocurrió. Otro trabajador nos relató el caso de un vecino que terminó hospitalizado con convulsiones debido a una intoxicación dérmica de la que no se había percatado.

Esto explica una paradoja interesante: mientras existe desconfianza respecto de la eficacia de los implementos de protección frente a lo que se respira, la ropa y las botas se valoran como barreras fundamentales para proteger la piel.

En el fondo, los trabajadores vigilan mediante los sentidos aquello que pueden detectar y utilizan barreras físicas frente a lo que consideran invisible.

También aparecieron con mucha fuerza los relatos sobre los daños a la salud y al medioambiente.

Más allá de las intoxicaciones agudas, conocidas por experiencia propia o por casos cercanos, surgió con una importante carga emocional el temor a las malformaciones congénitas. Algunos trabajadores mencionaron casos de niños de sus localidades cuyos problemas de salud vinculan con los años que sus padres pasaron fumigando.

También apareció el temor al cáncer, entendido por algunos casi como una sustancia que “entra al cuerpo” cuando una persona se moja con los productos químicos.

En cuanto al medioambiente, aunque existe conciencia de episodios graves, como la mortandad de abejas durante la floración de los manzanos, la preocupación más recurrente se relaciona con los envases vacíos de productos como Roundup o Paraquat que terminan abandonados en acequias y canales de regadío.

Es decir, el daño ecológico adquiere mayor relevancia colectiva cuando deja una huella material visible.

—¿Cómo influye la experiencia cotidiana en la forma de reconocer estos peligros?

—Influye enormemente, porque la experiencia cotidiana es la principal fuente de validación de ese conocimiento.

En el trabajo diario, los agricultores clasifican algunos productos como “fuertes” o “golpeadores”, no necesariamente por el color del sello de la etiqueta, sino porque al abrirlos o aplicarlos sienten un olor penetrante que les toma la cabeza o los deja aturdidos.

Un entrevistado describía esa sensación diciendo que quedaba “como si uno anduviera curado”.

De la misma manera, la “conciencia” del riesgo a la que tanto aluden los trabajadores rara vez surge de una charla preventiva. Generalmente aparece después de haber sufrido una intoxicación, presenciado el caso grave de un compañero o acumulado décadas de experiencia aplicando productos en los predios.

Es un conocimiento que muchas veces se adquiere a través del daño o de la exposición, más que de la capacitación formal.

Nosotros planteamos que ese saber práctico debe tomarse muy en serio. Un trabajador que utiliza el olor como señal de alerta o que extrema sus cuidados después de ver intoxicarse a un vecino no está razonando de manera irracional. Está tomando decisiones con la evidencia tangible que le ofrece su contexto laboral.

El problema es que esa experiencia inmediata tiene un punto ciego frente a los riesgos acumulativos y silenciosos.

Hay, además, una contradicción reveladora. Cuando hablan de compañeros que no utilizan equipos de protección, los propios trabajadores suelen reprocharles que “les falta conciencia”. Sin embargo, después reconocen que ellos mismos muchas veces preparan mezclas sin mascarilla o trabajan con el traje de protección amarrado a la cintura debido al calor o al apuro de la faena.

Esto muestra hasta qué punto el discurso institucional que responsabiliza individualmente al trabajador ha penetrado en las propias comunidades rurales.

Los trabajadores terminan reproduciendo esa explicación, aun cuando sus relatos demuestran que muchas conductas están condicionadas por las circunstancias materiales en las que deben desarrollar sus labores.

—El estudio identifica que los trabajadores utilizan las expresiones “líquidos” y “venenos” para referirse a los plaguicidas. ¿Qué revela esta dualidad?

—Primero hay que hacer una precisión importante. No es que los trabajadores clasifiquen algunos agroquímicos como “líquidos”, por considerarlos inofensivos, y otros como “venenos”, por estimarlos peligrosos. Lo que encontramos es que pueden referirse a los mismos plaguicidas, al mismo tiempo, utilizando ambas expresiones.

Esa doble condición es justamente uno de los aspectos centrales de su representación del producto.

En el campo chileno nadie dice habitualmente “voy a aplicar un plaguicida”. La expresión cotidiana es “los líquidos”.

Llamarlos de esa manera cumple una función: los vuelve familiares, los integra al conjunto de insumos habituales del trabajo agrícola y permite convivir con ellos como parte de la rutina.

Pero, al mismo tiempo, está muy instalada la certeza de que son sustancias peligrosas. La palabra “veneno”, asociada también a la imagen de la calavera presente en los envases, recuerda que hay que tenerles miedo.

Ambas ideas conviven porque permiten resolver una tensión cotidiana. Si el plaguicida se experimentara únicamente como un veneno letal, cargarlo en la espalda todos los días sería prácticamente insoportable. Pero si se considerara solo un líquido inofensivo, tampoco existirían motivos para protegerse.

Un agricultor nos explicaba con mucho pragmatismo que sabe que se está haciendo daño, pero que tiene que fumigar igual, porque actualmente, sin esos productos, no se cosecha nada.

Esta dualidad no refleja ignorancia, sino la situación económica en la que se encuentran muchos trabajadores. Tanto el pequeño propietario como el temporero enfrentan un modelo productivo en el que no disponen de alternativas viables al uso de agroquímicos.

En términos de prevención, esto se traduce en una aceptación condicionada del riesgo. Cuando predomina la noción cotidiana del “líquido”, las precauciones tienden a relajarse. En cambio, cuando se aplica un producto que se percibe como especialmente “fuerte”, se activa la alerta asociada al “veneno” y aumentan los resguardos.

El problema se agrava cuando la ropa protectora, considerada una de las principales defensas frente a la absorción cutánea, resulta demasiado costosa o difícil de soportar bajo el sol del verano. En esas circunstancias, la barrera de protección simplemente desaparece.

—Considerando la importancia de la agricultura para el Maule, ¿qué desafíos plantea esta investigación para la salud y seguridad de los trabajadores?

—En el Maule esta discusión es especialmente relevante por el enorme peso de la actividad agrícola.

Según las cifras que recogemos en el artículo, correspondientes al trimestre septiembre-noviembre de 2025, el 17,8% de las personas ocupadas en la región trabaja en el sector silvoagropecuario, frente al 5,8% del promedio nacional.

Esto convierte al Maule en la región con mayor cantidad de trabajadores agrícolas del país, con más de 91 mil personas. A su vez, de acuerdo con los registros de ventas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), aquí se concentra el 15,7% de todos los plaguicidas comercializados en Chile.

A partir de estos antecedentes y de los resultados del estudio, identificamos tres grandes desafíos para las políticas públicas.

El primero es conectar la prevención institucional con la experiencia real de los trabajadores.

Actualmente parecen existir dos caminos separados. Por un lado, está la conciencia del trabajador, construida muchas veces a partir de accidentes o daños previos. Por otro, están las exigencias externas de fiscalización del SAG y de las empresas exportadoras.

Estas últimas revisan los cuadernos de campo, los períodos de carencia y el cumplimiento de prohibiciones sobre determinados productos, como el Lorsban.

El problema es que muchas veces esas obligaciones se cumplen principalmente para evitar multas o impedir que un comprador rechace la fruta, sin que necesariamente se traduzcan en una mayor protección de la salud de quienes realizan las aplicaciones.

Un entrevistado lo ilustraba muy bien: cuando en los predios se corre la voz de que llegará un inspector del SAG, todos se ponen el equipo de protección completo. Pero apenas el fiscalizador se retira, buena parte de los trabajadores deja de utilizarlo.

El segundo desafío es superar el discurso del “uso seguro” centrado exclusivamente en la responsabilidad individual.

Este enfoque, promovido históricamente por la industria agroquímica, tiende a explicar los accidentes y las exposiciones por el incumplimiento de los protocolos.

Sin embargo, nuestra investigación demuestra que conocer el peligro no es suficiente cuando las condiciones materiales dificultan protegerse.

Para un pequeño agricultor, comprar respiradores con filtros recambiables puede representar un gasto prohibitivo. En ocasiones, además, las aplicaciones deben realizarse apresuradamente antes de que cambie el viento o comience a llover.

En el caso de los trabajadores de temporada, negarse a fumigar en condiciones inseguras puede significar que no vuelvan a llamarlos para trabajar.

Por eso, incluso en predios donde existe conciencia del riesgo y fiscalización frecuente, las exposiciones siguen ocurriendo. Hay presiones económicas y laborales que no se resuelven responsabilizando exclusivamente al trabajador.

El tercer desafío consiste en transformar la manera en que comunicamos los riesgos.

No basta con multiplicar las charlas tradicionales o distribuir folletos si las estrategias preventivas no dialogan con la forma en que los propios trabajadores comprenden el peligro.

Lo que necesitamos es volver visibles y concretos aquellos riesgos silenciosos que el cuerpo no detecta en el momento.

Una posibilidad es entregar a los trabajadores sus resultados de biomonitoreo y discutirlos directamente con ellos. También se pueden desarrollar sistemas comunitarios de vigilancia epidemiológica y programas participativos, diseñados junto a las comunidades agrícolas en lugar de imponerlos únicamente desde las instituciones.

Existen experiencias de este tipo con trabajadores rurales latinos en zonas agrícolas de Estados Unidos, como Carolina del Norte y California, que han mostrado buenos resultados.

Estas iniciativas deben complementarse con una fiscalización más estricta y apoyo efectivo para retirar los envases vacíos de plaguicidas, que actualmente siguen apareciendo en acequias y canales de regadío.

En definitiva, las políticas públicas tienen que dejar de considerar al trabajador agrícola únicamente como alguien a quien inspeccionar o multar. Es necesario reconocerlo como un actor activo en la protección de su propia salud.

—¿Y qué implicancias tienen estos hallazgos para los consumidores?

—Aunque nuestro estudio se concentró en el ámbito ocupacional, existe una relación evidente con la protección de quienes consumen los productos agrícolas.

Las exigencias sobre períodos de carencia, trazabilidad y residuos buscan garantizar que la fruta llegue en condiciones adecuadas al mercado de destino y proteger a los consumidores.

Sin embargo, esa garantía comercial no protege necesariamente a la persona que aplicó el producto químico en el huerto.

Podemos tener sistemas muy exigentes para controlar los residuos presentes en los alimentos y, al mismo tiempo, mantener condiciones de exposición que afectan la salud de quienes trabajan en su producción.

Por eso, una política pública orientada hacia una agricultura realmente segura tiene que hacerse cargo de ambos extremos de la cadena: de las personas que consumen los alimentos y de quienes los producen.

—Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría destacar a partir de esta investigación?

—Si pudiera dejar una idea central, sería insistir en que la gente del campo no es ignorante frente a los plaguicidas. Sabe perfectamente que son peligrosos y razona de una manera muy coherente con las herramientas, experiencias y señales que tiene a su alcance.

Si de verdad queremos mejorar la prevención en una región agrícola como el Maule, tenemos que comenzar por reconocer y respetar ese conocimiento práctico.

Eso implica mejorar las condiciones materiales en las que se trabaja, en lugar de limitarnos a entregar capacitación desde una mirada exclusivamente experta.

También quisiera agradecer a los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas de Curicó y Talca que nos abrieron las puertas, nos dedicaron su tiempo y compartieron sus experiencias con tanta generosidad.

Del mismo modo, reconocer el apoyo de los equipos del SAG y del programa PRODESAL de INDAP, que facilitaron los primeros contactos en terreno, y el trabajo conjunto de mis colegas de Chile y Brasil.

La investigación fue desarrollada junto a Grettel Navas, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile; María Teresa Muñoz-Quezada, de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; Rafael Junqueira Buralli, de la Facultad de Salud Pública de la Universidade de São Paulo; y Paula Ceballos, del Departamento de Enfermería de la Universidad Católica del Maule. El estudio contó con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), mediante los proyectos FONDECYT Regular N° 1240899 y 1251273.

 

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