Nace fundación que busca frenar abusos y daños a pacientes dentales

Un caso emblemático que demuestra que la justicia en Chile castiga las malas prácticas dentales como fue con Carlos Jorge Songer Jerez, formalizado y condenado por negligencia médica en la parte penal. Además, en la arista civil, fue sentenciado a pagar la suma de $82 millones por el daño irreparable provocado a la paciente Teresa Leal.

“Se trata de un caso histórico, que no tiene precedentes en materia dental y el mensaje para los afectados por situaciones de esta naturaleza es que existen los mecanismos para resolver estas situaciones”, señala el abogado Cristián Ramírez Tagle, defensor de la paciente.

Teresa en el 2009 se atendió con Carlos Songer y sufrió la perforación del nervio trigémino en un procedimiento negligente de extracción de dos piezas dentales e instalación de implantes, que la dejó con dolor permanente y de por vida, según acreditó el 2º Juzgado Civil de Santiago. “El proceso ha establecido que Songer no cumplió ningún protocolo del punto de vista dental, además que no tiene la especialidad de implantólogo y no hizo ninguno de los exámenes requeridos antes de intervenirla”, acusa el jurista.

“Hasta el 2009, Teresa era una persona absolutamente normal, pero el procedimiento tuvo consecuencias nefastas para su diario vivir”, señala el abogado. Teresa Leal deberá medicarse por el resto de sus días porque quedó con un dolor permanente. También tendrá que seguir en tratamiento psiquiátrico debido al agudo cuadro que la afecta.

Para ayudar a pacientes como Teresa nació Fundación Praxis Dental. Johanna Narr, psicóloga asociada de la entidad es enfática en señalar que las víctimas de negligencias dentales necesitan acompañamiento psicológico y en eso el trabajo que puede desarrollar la fundación es fundamental. “Ellos requieren contención emocional para trabajar los aspectos depresivos, tener más motivación, y así empoderarlos y luchar por alguna solución”, comenta.

Pero los pacientes no sólo requieren apoyo sicológico. La abogada Vanesa Di Cataldo, asesora de Praxis Dental, ha desarrollado una carrera en Argentina defendiendo a víctimas de mala práctica médica, sicológica y odontológica. A diferencia de Chile, en el vecino país, las personas no tienen problemas en efectuar sus reclamos. “Allá la gente nació empoderada. Pero lo que ocurre en Chile es que el paciente no sabe muy bien cómo es el reclamo ni cómo llevarlo a cabo y a través de la fundación tienen el canal perfecto para hacerlo”, asegura.

Praxis Dental es la primera entidad, sin fines de lucro, que trabaja en Chile para la consolidación de un entorno de atención seguro para los pacientes, generando cultura en la materia, gestión de incidentes y eventos adversos; con estrategias, herramientas y tecnología con el fin de garantizar la seguridad del paciente y a la vez resguarda sus derechos, mejorando su calidad de vida con un modelo biopsicosocial.

Reclamos públicos y privados

En Reclamos.cl se pueden encontrar cientos de denuncias que evidencian la vulnerabilidad del paciente ante estos casos de malas atenciones dentales. Las quejas apuntan a conocidos centros médicos y van desde “dentistas anti higiénicos”, hasta “negligencias en extracción de muela del juicio” y malos diagnósticos.

En el ámbito público también ocurren este tipo de situaciones y quedan en la completa indefensión. En 2017, la dentista Vivianne Echagüe encendió las alarmas con una seria denuncia de malas prácticas en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Gabriela Mistral de San Ramón, que se viralizó rápidamente en redes sociales. Entre otras irregularidades, acusó negligencia en la esterilización, al punto de usar implementos con sangre, de un paciente a otro; malos tratos a los pacientes, incluso niños y a las asistentas dentales; y faltas a la ética.

“La gente va por ayuda, hace fila desde temprano en la mañana para conseguir hora, pero los atienden sin ninguna sutileza, y con cero empatía con el paciente”, sostiene Di Cataldo. Otra falta recurrente grave era la realización de tratamientos como endodoncia, implantología y ortodoncia por profesionales sin la especialización y en recintos sin las mínimas condiciones. “El dentista debe tener el criterio de no experimentar en algo en lo que no tiene preparación ni experiencia”, dice.

Lo sucedido en este Cesfam es la punta del iceberg de la dramática situación de la salud dental pública en el país. Según el Colegio de Dentistas, el Estado tiene contratado apenas a 1 dentista cada 4.800 beneficiarios. Así, más del 70 por ciento de los chilenos no tiene acceso a salud bucal.

Respecto a lo que sucede en el ámbito privado, el Colegio de Cirujanos Dentistas denunció en noviembre 2017, ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que los megaprestadores en el área de la salud odontológica están cometiendo “una serie de abusos en desmedro de sus pacientes”.

Uno de estos casos es Sergio Rodríguez Martínez, quien acudió el 4 de julio de 2017 a la atención de urgencias dentales de Megasalud Ñuñoa con un fuerte dolor de muelas y la cara inflamada. Fue atendido por el Dr. Joaquín González Srur, presentando una patología incluida en las Garantías Explicitas de Salud, Plan AUGE. Sin embargo, en el recinto clínico ni siquiera le recetaron medicamentos, se limitaron a cobrar la atención de urgencia y decir que tenía que volver en los próximos días, cuenta su madre Carolina Martínez.

Como el dolor iba in crescendo, recurrieron a la Clínica Dávila, donde debió someterse a un procedimiento ambulatorio con extracción de 3 molares. “Tuvo que pasar varios días con la molestia, siendo que se trataba de un procedimiento que podía haber sido resuelto a la primera. Se supone que las instituciones de salud son para quitar el dolor, no para aumentarlo”, se queja Martínez. En Clínica Dávila tuvieron que pagar un millón 800 mil pesos por el procedimiento. Si bien informaron la irregularidad a la Superintendencia no obtuvieron respuesta, pese a que la normativa indica que esta entidad debe fiscalizar y sancionar a los prestadores en lo que dice relación a los aspectos relativos al cumplimiento de las garantías explicitas de salud.

Otro caso de vulnerabilidad del paciente es el relatado por Karina Ortega. Su madre Ana María se atendió con Pedro Gómez, “rehabilitador oral” (según consta en LinkedIn) en la Central Odontológica del Ejército en 2015. Tras varias sesiones y repetición del tratamiento, terminó perdiendo su muela. La paciente estuvo casi dos años sin esa pieza que era visible al momento de reírse. Cayó en depresión y le costó mucho retomar el tratamiento con otro especialista porque no confiaba en los profesionales, recuerda su hija. “No denunciamos nada en su momento. Mi mamá se negaba a creer que lo que le había pasado. No quiso denunciar, pensaba en el profesional, en no dañarle su imagen, y decía ‘cómo lo voy a dejar sin trabajo’”, cuenta.

La Superintendencia, divulgó un estudio en marzo, donde apenas un 14% de los usuarios de la salud se sienten desprotegidos o muy desprotegidos por el sistema. Pero lo cierto es que, en los casos de negligencias dentales, la tónica es que los pacientes afectados por estas situaciones se ven indefensos, quedan dañados psicológicamente y evitan canalizar las denuncias. Esto se explica porque “las personas tienen una sensación de desesperanza aprendida, prefieren bloquear antes de luchar, consideran que no hay organismos gubernamentales que los apoyen. Dicen para qué gastar plata o tiempo, si en el fondo nada va a solucionar eso. Se sienten como David contra Goliat”, explica la psicóloga Johanna Narr.

En este escenario, no sólo los pacientes sino también los profesionales han sido víctimas de abusos. «Los megaprestadores perjudican con sus condiciones a los dentistas”, ha sostenido en varias oportunidades el doctor Jaime Acuña, presidente del Colegio de Dentistas de Chile.

Varios cirujanos dentistas han denunciado irregularidades en estos centros como ausencia de normas de seguridad y salud en el trabajo y al presentar formalmente sus quejas a los directivos terminan siendo despedidos.