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Otra contratación sin experiencia: Hacienda pone a ingeniera como nexo con industria de bancos
Francisca Álamos llegó a Hacienda en marzo y hoy es jefa de la Oficina de Mercado de Capitales. Pese a no registrar experiencia previa en bancos, asumió como “puente” con la industria financiera y participa en dos apuestas del ministro Jorge Quiroz.
Una nueva contratación del Gobierno abre cuestionamientos respecto de la experiencia de quienes han asumido responsabilidades en áreas estratégicas. Esta vez, las miradas apuntan al Ministerio de Hacienda y a Francisca Álamos, ingeniera comercial de 31 años que llegó a la cartera en marzo y actualmente encabeza la Oficina de Mercado de Capitales.
Álamos tiene entre sus principales responsabilidades actuar como “puente” entre el Ejecutivo y los representantes de la industria financiera, según fuentes de Gobierno. Además, participa directamente en dos de las apuestas que impulsa el ministro Jorge Quiroz: la reforma al mercado de capitales y el nuevo Grupo de Trabajo de Exportación de Servicios Financieros.
Su trayectoria profesional, sin embargo, no registra experiencia previa en la industria bancaria. De hecho, fuentes conocedoras desde dentro indican, en tono crítico, que tiene cero experiencia para liderar la materia.
Álamos es ingeniera comercial de la Universidad Católica y comenzó su carrera profesional en 2019 en Boston Consulting Group. Posteriormente, entre agosto de 2020 y marzo de 2021, trabajó como consultora analista en Montblanc Consulting.
Luego estuvo cerca de tres años en Uber, donde estuvo encargada de diseñar la estrategia de Uber Direct, división dedicada a servicios logísticos para comercios. Su experiencia más directamente vinculada al sector financiero comenzó en julio de 2024, cuando ingresó como analista senior a Vinci Compass, administradora de activos e inversiones alternativas en Latinoamérica, donde permaneció hasta marzo de este año.
Ahora, desde Teatinos 120, Álamos ocupa una posición relevante en la relación del Ejecutivo con el mercado financiero. Fuentes de Gobierno señalan que es la mano derecha del coordinador de Mercado de Capitales, Eugenio Symon, y que su principal función es precisamente servir de enlace entre el Gobierno y los representantes de esa industria.
Su rol también alcanza la reforma al mercado de capitales que prepara Hacienda. La propuesta es gestionada principalmente por Symon junto a Álamos, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornell, y la asesora de Mercado de Capitales Carolina Krefft. El equipo entrega semanalmente un reporte al ministro Quiroz y trabaja coordinadamente con el área tributaria de Hacienda.
A ello se suma el Grupo de Trabajo de Exportación de Servicios Financieros anunciado recientemente por Hacienda, que busca remover barreras regulatorias y tributarias para desarrollar servicios de gestión patrimonial y administración de inversiones destinados a clientes extranjeros.
La instancia es liderada desde Hacienda por el secretario ejecutivo del Comité Público-Privado de Exportación de Servicios, Alexandro Cea, junto con Álamos. En ella participan organismos como la CMF, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero y el Banco Central, además de representantes de la banca, fintech y administradoras de fondos.
El propio Quiroz ha puesto altas expectativas en este sector. Según el ministro, actualmente genera más de US$3 mil millones en exportaciones y entre 30 mil y 40 mil empleos, pero podría sumar otros 50 mil puestos de trabajo. Su objetivo, afirmó, es convertirlo en “el segundo exportador después del cobre”.
El caso aparece pocos días después de otra designación que generó cuestionamientos por la experiencia profesional de la elegida. En Justicia, el ministro Fernando Rabat encargó a Trinidad Zegers Domínguez coordinar e impulsar la Reforma Procesal Civil cuando habían transcurrido poco más de cuatro meses desde que juró como abogada.
Zegers, que ingresó al gabinete de Justicia en abril, quedó a cargo de gestionar desde el Ejecutivo el avance de una reforma ingresada al Congreso en 2012 y destinada a reemplazar el Código de Procedimiento Civil vigente desde 1903.
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