El diputado Nicolás Monckeberg presentará un requerimiento a la dirección del Trabajo del Trabajo tras 200 despidos por fuerza mayor que se han realizado en varias empresas, como sucedió en la Clínica Providencia.
El legislador se reunió esta mañana con los trabajadores para escuchar directamente sus inquietudes, y se comprometió a invitarlos al Congreso para que expongan su situación. En el lugar también calificó como «inaceptable e ilegal» el hecho ocurrido.
«Lamentablemente algunas empresas, sin ningún escrúpulo, están aprovechando la catástrofe para quedarse con las indemnizaciones de sus trabajadores invocando torcidamente la causal de despido por razones de fuerza mayor del Código del Trabajo», aseguró.
Luego, dijo que «es inaceptable que se amparen en el terremoto para quedarse con las indemnizaciones de los trabajadores en sus bolsillos. Esta causal es para ser utilizada en casos excepcionalísimos y extraordinarios, cuando la empresa deba cerrar indefinidamente sus puertas producto de un terremoto o catástrofe, cuando están completamente agotada la posibilidad de reubicar a los trabajadores y cuando no existen ni seguros ni bienes con que pagarles a los trabajadores».
«Lamentablemente estas condiciones no se cumplen en muchos despidos que hemos visto y por lo mismo no podemos quedarnos con los brazos cruzados», añadió.
Monckeberg explicó que «hoy vemos con indignación que muchas empresas que despiden masivamente a sus trabajadores sin darles su indemnización, al día siguiente retiran cuantiosos bienes de su interior, comienza sus trabajos de reparaciones, y reabrirá sus puertas los próximos meses, todo esto a costa del dineros de sus trabajadores».
El integrante de la comisión del Trabajo explicó que «no vamos a tolerar estas situaciones, y hemos presentado hoy un requerimiento a la Dirección del Trabajo para que con carácter de urgente emitan un dictamen que prohíba y sancione tajantemente este tipo de abusos. Lamentablemente la actitud sin pudor e inescrupulosa de algunos, perjudica a aquéllas empresas que realmente se deben verse obligadas a acudir a esta causante».
«Vamos a defender a los trabajadores, y si es necesario asesorarlos jurídicamente lo vamos a hacer, porque los derechos de la gente honesta no pueden ser vulnerados, y menos amparándose en una lamentable catástrofe», finalizó el legislador.
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