En prisión preventiva permanecerán los imputados por homicidio Luis Francisco Chávez Urbina y Luis Alfredo Delgado González quienes el martes confesaron haber dado muerte y lanzado al canal San Carlos a Rodrigo Muñoz.
Según los antecedentes proporcionado por el Ministerio Público, el 18 de abril pasado Muñoz concurrió al local de propiedad de Chávez a cobrar un millón 800 mil pesos aproximadamente que le había prestado. Ante la insistencia de Muñoz, Chávez junto a Delgado, quien trabajaba en el local del primero, atacaron y mataron con un fierro al sujeto.
Ayer martes, mientras Chávez y Delgado se encontraban en dependencias de la Brigada de Homicidios hasta donde había llegado a confesar su crimen, el juez del Octavo Juzgado de Garantía Juan Escobar, decretó que los antecedentes proporcionados por la Fiscalía Oriente y los procedimientos realizados por el fiscal a cargo no eran suficientes para que permanecieran detenidos y los dejó en libertad.
Hoy, una vez finalizada la audiencia de formalización, el juez explicó la determinación que tomó el martes: «yo soy juez de un tribunal de garantía que debe velar por las garantías constitucionales, no sólo del imputado, sino también de terceras personas. En esa situación no hubo suficientes antecedentes por parte del fiscal y por la forma en que se obtuvieron las declaraciones. Es importante el derecho de defensa (…)».
En ese sentido el fiscal Álvaro Pérez explicó que «el imputado se había presentado en dependencias de la Brigada de Homicidios a objeto de confesar el delito; yo le hice lectura de todos y cada uno de sus derechos y de eso existe debido resguardo y constancia».
A lo anterior, agregó que se había apersonado en el lugar ya que esta no fue una diligencia autónoma de la Policía de Investigaciones, ya que no había dispuesto «ninguna diligencia autónoma de la PDI como fiscal a cargo de la causa». Añadió que sabiendo cuáles son los derechos del imputado le dio lectura y explicación de los mismos y «consciente de aquello, él prestó declaración de estos mismos».
El fiscal aseguró que no corresponde que opine sobre lo resuelto por el magistrado ayer.
«Yo no voy a pronunciarme sobre las razones, fundamentos y el contenido de la resolución del tribunal. Yo le entregué lo que acabo de decir y esos antecedentes fueron los que entregué».
El tribunal decretó un plazo de investigación de 90 días durante los que los imputados permanecerán en el penal de Santiago Uno.
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