Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 31 de mayo quedaron dos mociones que modifican el actual sistema de anotaciones comerciales de modo de que los antecedentes de las personas naturales o jurídicas afectadas por el terremoto no lleguen a DICOM en un plazo de 10 meses y que exista un período mínimo de 30 días para la publicación de protestos.
Ello, luego de que el Senado aprobara ambas iniciativas en forma unánime, en el entendido que durante la discusión de los respectivos articulados se considerarán las diversas aprensiones surgidas durante el debate.
Respecto al proyecto que suspende por un plazo de 10 meses, contados desde el 27 de febrero pasado, la información en boletines comerciales de las personas afectadas por la catástrofe, intervinieron los senadores José García Ruminot, Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Ricardo lagos Weber, Hosaín Sabag y Jaime Orpis quienes coincidieron en valorar la iniciativa, sin embargo, hicieron presente algunos reparos.
El senador García Ruminot, uno de los autores de la iniciativa junto a sus pares Lily Pérez, Francisco Chahuán, Alberto Espina y Baldo Prokurica señaló que esta iniciativa beneficiará directamente a personas naturales o jurídicasque hayan resultado afectadas por el terremoto de febrero pasado y que pertenezcan a las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.
El Senado aprobó además en forma unánime, la iniciativa iniciada en una moción de los senadores Andrés Allamand, Eugenio Tuma, José García Ruminot y Ricardo Lagos Weber que modifica la ley sobre protección de la vida privada con el fin de fijar un plazo mínimo de 30 días para publicación de los datos de protestos o morosidades, desde la fecha en que la obligación se hizo exigible.
Al respecto, el senador Eugenio Tuma precisó que «existe un enorme consenso en que este sistema de información comercial está absolutamente agotado, porque no recoge en forma integral el comportamiento económico de las personas». Por eso llamó a avanzar en una legislación más completa sobre el sistema de información comercial, ya sea por comportamiento positivo o negativo.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán, también valoró esta iniciativa que «fija el periodo de 30 días para publicar la información relativa a protestos y morosidades, pero aclaró que se requieren algunos perfeccionamientos con el fin de acotarla a los protestos y morosidades que provienen de obligaciones comerciales, ya que, por ejemplo las deudas por no pago de tag también se envían a los registros de morosidades en muy corto plazo, lo que no resulta procedente».
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