La Fiscalía Centro Norte solicita 16 años de presidio por los delitos de Fraude al Fisco, por un monto cercano de 548 millones de pesos, cohecho y revelación de secreto agravado al ex director del Servicio (SRCeI), Guillermo Arenas Escudero.
A Arenas se le imputan los cargos de cohecho pasivo y revelación de secreto agravado, dado a que iba a recibir una comisión de 400 millones de pesos si se adjudicaba la licitación de la plataforma tecnológica del organismo que dirigía a la multinacional TATA.
Con respecto a este punto, el Ministerio Público sostiene que parte de las irregularidades en el proceso de licitación de la plataforma tecnológica del SRCeI, radican en que la mencionada firma india fue el oferente más caro.
El sindicado por parte de la Fiscalía como encargado de generar el negocio, Danilo Rivas Slatar, también fue formalizado por el delito de cohecho en calidad de cómplice y el Ministerio Público solicita para este imputado la pena de 300 días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de 800 millones de pesos .
En tanto, el ex rector de la Universidad de Santiago (USACH), Ubaldo Zúniga, fue formalizado por el delito de Fraude al Fisco, y la Fiscalía Centro Norte solicita la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 274 millones de pesos.
El mismo delito se le imputa al ex jefe de gabinete de Arenas, Jorge Lobos, para el cual el Ministerio público pide siete años de presidio mayor y una multa de 274 millones de pesos.
En tanto a los ejecutivos de TATA, Henry Manzano, Arturo Nahum, Pablo Cisternas, Andrés Tupper, se les imputaron cargos de cohecho y revelación de secreto agravado. Estos últimos, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por Godoy, se comunicaron con Rivas para conocer con anterioridad los requisitos necesarios para ganar la licitación de la plataforma tecnológica del Servicio.
La Fiscalía Centro Norte solicitó para todos ellos una pena de 300 días reclusión menor en su grado mínimo y una multa de 800 millones de pesos. Por el delito de revelación de secreto agravado, cuatro años de reclusión menor en su grado máximo y una multa de 30 unidades tributarias mensuales.
De acuerdo a lo expresado por la fiscal de la causa Alejandra Godoy, a Flavio Venturini Meniconi, se le formularon cargos por su participación en la fórmula de cohecho. La persecutora explicó que prestó declaración en la que relata cuál fue su participación y la forma en que se iba a utilizar su empresa para obtener dineros. Posteriormente se le pagaría a Guillermo Arenas.
La empresa del imputado, Venturini y Asociados, habría servido para triangular el pago de comisiones por la irregular adjudicación de la licitación.
La persecutora también relató que Contardo, quien se encuentra condenado por revelación de secreto a la pena de 5 años, le envió a Tupper un correo electrónico llamado «Alfa 2» donde señala antecedentes sobre las falencias informáticas del servicio, la metodología de evaluación, estudios de costos, entre otros aspectos.
De acuerdo a antecedentes proporcionados por Godoy, a Tupper se le formularon cargos por revelación de secretos con grave daño a la causa pública como autor inductor del delito por el cual se condenó a Contardo.
Por este motivo, se solicita una pena a Venturini de 5 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos en su grado medio y una multa de 800 millones de pesos.
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