El diputado Carlos Vilches, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), reiteró que es indispensable para Chile el uso del carbón para aumentar la capacidad de la matriz energética, ante la ineludible disminución de su potencial en los próximos años.
Para el parlamentario, la carencia de gas industrial y la mínima producción de petróleo hacen impostergable la utilización de este combustible en la elaboración de electricidad necesaria para el desarrollo del país.
«Chile necesita energía y debe recurrir a lo que hoy existe en términos técnicos. Entre 1995 y 2005, el país generó energía termoeléctrica con gas proveniente de Argentina a bajo precio. Sin embargo, hoy no existe esa posibilidad y otras formas de energía renovable y limpia tienen un mayor costo y representan un porcentaje menor de la matriz energética, que no supera el 10%», afirmó.
Vilches expresó que el país no está en condiciones de oponerse a la operación de termoeléctricas que utilicen carbón para producir energía, más aún cuando éstas cumplen con la normativa para operar y cuando el país tiene un retraso de diez años en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos que permitan hacer frente a la falta de electricidad.
«Las centrales termoeléctricas a carbón han ido incorporando y desarrollando nuevas tecnologías para cumplir con la normativa de carácter general establecida en la Constitución Política de la República», afirmó.
Para el diputado, el caso del proyecto termoeléctrico Castilla sirve para ejemplificar que existe la disposición a cumplir con la normativa vigente y que esto permitiría echar a andar una central clave para la inyección de energía que requiere el sector minero en su aporte al crecimiento de la Tercera Región.
«Los nuevos proyectos están cumpliendo con todas las disposiciones ambientales de calidad y de emisión aplicables a ruidos, aire, aguas y aguas marítimas, residuos, recursos naturales, patrimonio social y cultural, sustancias peligrosas, ordenamiento territorial, entre otras», dijo.
Por último, Vilches defendió el hecho de que en el territorio nacional existe una fiscalización eficiente y garantizada «para resguardar el medio ambiente y el entorno de las personas», puntualizó.
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