El presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, anunció este lunes que intentará la reposición de la discusión legislativa para que penalice los delitos contra la seguridad laboral.
El proyecto de ley señala que aquellas personas que no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores puedan ser castigados con penas de presidio menor y multas de entre 500 y 3000 UTM. En el caso de la muerte del trabajador, se establecen la pena de presidio mayor en su grado medio.
«Creemos que ya es tiempo para que la agenda laboral sea prioridad en la discusión parlamentaria y en los esfuerzos del gobierno, por lo que esperamos que la reposición de esta iniciativa legal sea recibida en un clima de consenso en la Cámara de Diputados», afirmó el presidente del PRO.
La iniciativa, que ya fue presentada en enero de 2008, será desarchivada en el Congreso Nacional y presentada nuevamente a discusión parlamentaria.
Según el líder progresista, de existir proyectos como éste «habrían podido evitar el accidente en Copiapó» que mantiene a 33 mineros atrapados en el yacimiento San José.
«Los trabajadores necesitan respaldos laborales efectivos y eficientes y los actuales organismos que debieran defenderlos, luego del accidente de San José y otros muchos, queda claro que no tienen ni las atribuciones reales ni la voluntad para hacer el trabajo que los chilenos les mandatamos», explicó el líder PRO.
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