Tras rechazar un recurso de queja, la Corte Suprema dejó a firme este jueves el fallo del Juzgado de Policía Local de Arica que condenó al Colegio San Jorge, de esa ciudad, a pagar una multa de 5 UTM (equivalentes a $186.155) y la indemnización de un millón 500 mil pesos a un apoderado de dicho establecimiento.
La resolución señala que el colegio infringió los derechos de consumidor del apoderado Fernando González Morales, quien es juez de un juzgado laboral, al enviarle al secretario de la Corte de Apelaciones de Arica (es decir el jefe del magistrado) la supuesta deuda que él mantenía con el entidad educacional.
El fallo de primera instancia determinó que «efectivamente se produjeron perjuicios en la personas de don Fernando Alonso González Morales, debido al actuar negligente por parte del Colegio San Jorge, al informar al superior jerárquico de una supuesta deuda que se mantendría vigente».
La demanda infraccional fue presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
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