La subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, señaló este lunes a «más de tres años de la entrada en vigencia de este sistema especializado, naturalmente la etapa de cumplimiento de sanciones -tanto en medio libre como en medio privativo de libertad- ha adquirido una mayor relevancia y exige una reflexión más profunda».
Las declaraciones fueron realizadas en el seminario «Ejecución de Sanciones de Responsabilidad Penal Adolescente», organizado por el Ministerio de Justicia, por su división de defensa social, y con la colaboración de la Defensoría Penal Pública.
La autoridad destacó la importancia de estas instancias de trabajo, que permiten abordar diversos temas y plantear desafíos y se refirió a ciertos ámbitos específicos del sistema penal juvenil, precisamente todo lo referido a una etapa muy concreta del ejercicio del sistema punitivo: la ejecución de sanciones.
Al respecto sostuvo que existe un compromiso y una atención constante en la revisión de la aplicación de sanciones, tanto en sus aspectos normativos como de gestión.
«El costo de imponer una sanción, esto es, de limitar y restringir derechos a un joven, incluso su propia libertad, sólo se justifica en la medida en que dicha se oriente- y que así suceda efectivamente en la práctica- a lograr una responsabilización del joven por los actos que realiza y permitir la plena reintegración social. Si las sanciones no son capaces de justificarse a sí mismas, entonces ellas pierden su verdadero sentido y conllevan a deslegitimar un sistema especializado como lo es la responsabilidad juvenil», recalcó la subsecretaria de Justicia.
Durante la realización del Seminario expusieron también, la Defensora Nacional, Paula Vial; el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, Francisco Estrada; e Carolina Viano e Iván Fuenzalida, del Instituto Asuntos Públicos – Universidad de Chile; Carlos Tiffer, Abogado y académico de la Universidad de Costa Rica; Miguel Cillero, académico de la Universidad Diego Portales y consultor de UNICEF.
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