El juez de garantía de la ciudad de Caldera Rubén Bustos dispuso la medida cautelar de arraigo nacional contra los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, quienes fueron imputados este viernes por el Ministerio Público por el delito de lesiones graves gravísimas contra un empleado que sufrió un accidente dentro del pique.
Esto prohíbe a los empresarios abandonar el país mientras dure la indagatoria.
La Fiscalía de Caldera sostuvo en audiencia que el 3 de julio de este año el trabajador Gino Cortés Calderón perdió una de sus piernas tras el desplome al interior de la mina de una roca de más de 100 kilos de peso.
El Ministerio Público formalizó la investigación en contra de Alejandro Bohn, Marcelo Kemeny y además contra el gerente general de operaciones de minas de San Esteban, Pedro Simunovic, y al jefe de operaciones, Carlos Pinilla, por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de Cortés.
El juez Rubén Bustos adoptó un plazo de investigación de 90 días y se fijó para el 5 noviembre próximo, a las 10:00 horas, audiencia para discutir posible acuerdo reparatorio entre las partes.
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