Hacia un acuerdo transversal en seguridad pública

La seguridad pública lleva años instalada como la principal preocupación de los chilenos. Al temor cotidiano se suman delitos más violentos, mercados ilícitos y organizaciones criminales capaces de controlar territorios, corromper instituciones y operar desde las cárceles. Un estudio de Ipsos y Fundación Paz Ciudadana, de mayo de 2026, mostró que la delincuencia preocupa al 63% de las personas, por encima de la inflación y salud. Ninguna fuerza política responsable puede ignorar esa demanda.

Pero reconocer la gravedad del problema no basta. El país ha escuchado demasiadas promesas y respuestas construidas al calor de cada crisis. La seguridad no puede depender del impacto de la última noticia ni reducirse a una competencia por quién ofrece la medida más dura. Debe asumirse como una Política de Estado: sostenida, evaluable y capaz de combinar control del delito, prevención y reinserción.

J.A. Kast convirtió la seguridad en su principal promesa de campaña y en uno de los fundamentos de su triunfo. Pero, a seis meses de asumir, el contraste entre la contundencia de sus promesas y la debilidad de su ejecución resulta evidente. Un gobierno que ofreció decisión inmediata y control territorial ha respondido con anuncios sucesivos, correcciones y propuestas que no logró acordar siquiera con todo su sector. Esa inoperancia inicial demuestra que la retórica de mano dura, sin planificación ni capacidad de gestión, puede terminar convertida en una promesa vacía.

La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo profundiza esa impresión. Modificar la Carta Fundamental o crear un nuevo estado de excepción no sustituye el trabajo operativo que exige la seguridad: inteligencia criminal, persecución del dinero, coordinación policial, control penitenciario y prevención territorial. Que el Gobierno haya debido rebajar la urgencia de su propuesta (o retirarla) por falta de apoyos revela, además, una deficiente conducción política. En seguridad, gobernar no consiste en endurecer el lenguaje ni en elevar cada problema a rango constitucional, sino en construir acuerdos, ejecutar políticas y responder por sus resultados.

Existe una base para avanzar. Las distintas fuerzas políticas coinciden en que el Estado necesita más capacidad para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. El desafío es transformar esa coincidencia en un acuerdo base, con prioridades, plazos, responsables e indicadores públicos. Un acuerdo transversal no borra las diferencias políticas; establece un piso común que ningún gobierno debiera soslayar.

El primer compromiso debe ser completar la instalación del Ministerio de Seguridad Pública. Una nueva institucionalidad solo tendrá sentido si logra conducir el sistema, articular a las policías y coordinarse con municipios, gobiernos regionales, Fiscalía y Gendarmería. Se requiere una hoja de ruta pública sobre su despliegue regional, la interoperabilidad de datos y sus metas de gestión. Sin información compartida, conducción clara y rendición de cuentas, el Estado seguirá reaccionando de manera fragmentada.

El segundo eje es golpear la estructura económica del crimen organizado. Detener a un autor material o incautar un cargamento es importante, pero insuficiente si permanecen intactos el patrimonio, los financistas, los testaferros y las redes de corrupción que sostienen el negocio. Seguir la ruta del dinero debe ser una prioridad nacional, fortaleciendo la coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, las policías y los órganos fiscalizadores. Esa capacidad debe ejercerse con controles, trazabilidad y resguardo de los datos personales: eficacia y garantías no son incompatibles.

También se necesita una respuesta seria frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La acción penal debe dirigirse contra los adultos y las estructuras que los captan e instrumentalizan. Al mismo tiempo, se requiere intervención escolar y comunitaria, protección especializada, salud mental y oportunidades reales de reinserción. Perseguir al adolescente sin desarticular la red criminal que lo reclutó, es castigar el síntoma y mantener la enfermedad.

Fortalecer a Carabineros y a la PDI es igualmente indispensable. Pero, aumentar la dotación no garantiza una presencia más efectiva. Se necesita formación, especialización, destinación territorial según brechas reales, desarrollo de carrera, probidad y mejores condiciones de trabajo. Las policías deben contar con facultades claras, junto a controles que fortalezcan su eficacia y legitimidad.

Ningún acuerdo será completo si deja fuera a las cárceles. Parte del crimen organizado se reproduce desde los penales, donde el hacinamiento, la corrupción y una segmentación insuficiente favorecen su expansión. El traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública no puede limitarse a un cambio administrativo. Debe acompañarse de una nueva ley orgánica, un plan de infraestructura, mayor especialización, controles internos robustos y capacidades para enfrentar las redes criminales al interior de las cárceles. A la vez, la reinserción debe contar con programas evaluables y continuidad postpenitenciaria. Reducir la reincidencia también es hacer seguridad.

La prevención, por su parte, debe recuperar un lugar central. Los municipios y gobiernos regionales conocen los puntos críticos y los factores de riesgo de sus territorios. Por eso necesitan financiamiento estable y programas permanentes para recuperar espacios públicos, mejorar iluminación y televigilancia, intervenir tempranamente con niños y jóvenes y fortalecer la convivencia comunitaria. La seguridad municipal debe complementar, no sustituir, la función policial. Del mismo modo, la seguridad privada requiere fiscalización efectiva, formación y coordinación con las instituciones públicas.

La política de seguridad también debe mirar a quienes suelen quedar al margen del debate: las víctimas. La instalación efectiva del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas debe garantizar orientación, representación jurídica, acompañamiento y protección, con independencia de la comuna o de los recursos económicos de cada persona. Un Estado que persigue mejor el delito también debe responder mejor a quienes sufren sus consecuencias.

Un acuerdo transversal no es un cheque en blanco para el gobierno de turno ni una renuncia a la deliberación democrática. Es un compromiso con resultados verificables y continuidad institucional. Chile no necesita otra suma de anuncios aislados, sino una arquitectura común que combine autoridad, inteligencia, prevención, control penitenciario, reinserción y apoyo a las víctimas. La seguridad y los derechos no son adversarios: una democracia sólida debe ser capaz de proteger ambos.