En la ciudad de Ginebra, Suiza, un grupo de parlamentarios chilenos encabezados por los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Juan Pablo Letelier (PS), concurrieron al Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios, para presentar un libelo en que solicita a esta instancia admitir a tramitación el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Esto basado en los actos administrativos del Estado argentino, al que culparon de obstaculizar la investigación y juzgamiento de los culpables de este crimen por parte de los tribunales de justicia chilenos.
El escrito hace una relación objetiva de los hechos y comenta la abundante legislación penal nacional e internacional atingente al caso y solicita investigar y adoptar una resolución que recomiende al gobierno argentino revocar la calidad de refugiado a Galvarino Apablaza, dando cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de ese país.
El libelo fue recibido oficialmente, con lo que se inicia de manera formal el procedimiento de examen y tratamiento del tema, para luego, eventualmente, adoptar las decisiones políticas del caso, informando al Consejo de la Unión Interparlamentaria Mundial.
A la salida de la presentación, Coloma expresó a la prensa que este «es un paso significativo desde el punto de vista político».
Esto, porque según el timonel UDI, «se solicita a un órgano internacional de Derechos Humanos, un pronunciamiento sobre un atentado flagrante contra la dignidad humana y la denegación práctica de justicia que existe en esta caso, como fruto de una resolución del gobierno argentino».
A su vez, el Letelier manifestó que en este caso «se ha mal utilizado el derecho humanitario internacional, generándose una situación de impunidad frente al asesinato del Senador Guzmán, que es evidentemente inaceptable».
El 5 de octubre pasado el juez argentino Claudio Bonadío decidió poner fin al proceso de extradición que instruía contra Sergio Galvarino Apablaza tras ser notificado de la resolución de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) que le concedió asilo político al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), requerido por Chile debido a su presunta responsabilidad en el asesinato del senador (UDI) Jaime Guzmán, ocurrido en abril de 1991 y el secuestro de Cristián Edwards, hijo del empresario de las comunicaciones Agustín Edwards.
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