En su tercer y último trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley del Ejecutivo que crea un nuevo sistema de protección de los combustibles (Sipco) para enfrentar las variaciones en los precios internacionales de las gasolinas.
La iniciativa fue aprobada esta tarde por 101 votos a favor, sólo uno en contra y una abstención, y quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo como Ley de la República.
El proyecto tiene por objeto crear nuevos mecanismos de protección ante variaciones en los precios internacionales de algunos combustibles derivados del petróleo, sustituyendo el sistema que ha operado en base al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP) y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo (FEPCO).
Al respecto el ministro de Hacienda Felipe Larraín expresó su satisfacción y la del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera por el mayoritario respaldo recibido.
«Los consumidores chilenos pueden tener la seguridad de que si a futuro hay alzas violentas de los precios internacionales de los combustibles, serán en parte paliadas por este nuevo mecanismo», dijo el ministro.
El sistema establecido en el proyecto está estructurado en dos etapas. En la primera etapa se crea nuevo Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (SIPCO), que sustituye al FEPP (Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo). Para ello, crea un componente variable para el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC), haciéndolo caer cuando el precio internacional sube.
Para la segunda etapa, se perfecciona el aspecto financiero del sistema de protección, reemplazando el cálculo del componente variable del Impuesto Específico a los Combustibles, por un sistema de seguros financieros contratados por el Ministerio de Hacienda, denominado «Seguro de Protección del Contribuyente ante Variaciones en los Precios de Combustibles» (SEPCO).
El jefe de las Finanzas Públicas destacó que lo anterior implica que «aquí hay una garantía de parte del Gobierno de operar, no a través de un fondo que se puede agotar, sino que por medio del Impuesto Específico a los Combustibles para contrarrestar alzas violentas del precio de los combustibles».
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