El senador Pedro Muñoz (PS) expresó su inquietud por la discusión del proyecto de ley para definir las tarifas del gas para la región de Magallanes en los años venideros, recalcando que es necesario coordinar criterios comunes y mantener la unidad y respaldo ciudadano con miras a la tramitación legislativa de la iniciativa del Gobierno.
«Veo con mucha preocupación que expertos y la opinión pública nacional, especialmente del ámbito económico, miran el acuerdo y las nuevas normas que deberán dictarse como una oportunidad para sincerar los costos y adoptar decisiones que contribuyan a racionalizar el consumo y fomentar la inversión en exploración», manifestó.
Agregó que «en lenguaje común eso significa dejar los precios librados al mercado y sujetos exclusivamente a las variaciones que tengan los costos para productores y distribuidores, lo que no conviene a los magallánicos».
Muñoz recordó que fue contrario a dejar el acuerdo, ante el conflicto por el precio del gas, sujeto a una iniciativa legal futura, pues lo estimó riesgoso e inconveniente para la zona.
Advirtió que probablemente el proyecto sólo establezca un procedimiento objetivo de fijación de precios, complementado con algunos apoyos y subsidios para los hogares más modestos.
En cambio, «lo que queremos los magallánicos son precios bajos y un Estado que se haga responsable de quienes vivimos en esta zona y de las condiciones geopolíticas y estratégicas de esta región», remarcó.
Asimismo, el parlamentario llamó a mantener la organización y coordinación de las pasadas movilizaciones, con miras a la discusión del proyecto de ley.
«Hemos obtenido un paso importante, pero no es la hora de bajar los brazos, debemos continuar trabajando. Este acuerdo es la primera parte de la solución definitiva, pues ahora debemos convencer al Congreso de aprobar una normativa que reconozca el carácter estratégico, la importancia geopolítica y el esfuerzo de los habitantes de nuestra región», sostuvo.
Agregó que «en ese proyecto, además, debemos evitar la ‘letra chica’, característica del gobierno de Sebastián Piñera, que apunte a aplicar en forma solapada el resto del alza por la vía legal».
«No queremos fórmulas matemáticas que nos perjudiquen, queremos garantías para no volver a ser sorprendidos por este tipo de incrementos abusivos», finalizó.
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