«La autonomía de la Defensoría no es una obsesión, sino una necesidad urgente, una deuda con el país y con la sociedad, que nos permitiría estar en el pie de igualdad que requerimos para ser actores equivalentes al Ministerio Público o al Poder Judicial», sostuvo este jueves la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal.
De esta forma la autoridad resumió la conclusión del seminario «Rol y Desafíos de la Defensoría Penal Pública a 10 años de su creación», actividad con que la institución celebró su décimo aniversario como integrante esencial del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal vigente en Chile desde el inicio de la reforma procesal penal.
La convocatoria -que fue replicada en las distintas Defensorías Regionales con actividades similares- congregó a todos los defensores regionales y a gran parte de los directivos y funcionarios de la Defensoría Nacional en el auditorio del Centro de Justicia de Santiago.
En un primer bloque, el académico José Luis Guzmán Dálbora, el ex ministro de Justicia Luis Bates y el ex Defensor Nacional Rodrigo Quintana expusieron evaluación sobre el rol ejercido por la Defensoría en estos diez años, y más tarde, tanto la Defensora Nacional como el abogado penalista Gonzalo Medina Schulz revisaron los desafíos que enfrenta hoy la institución para proyectar su accionar en el futuro.
TEMA PERMANENTE
Incluso sin mencionar materialmente el concepto, todos los participantes del foro reafirmaron la necesidad de sancionar formalmente la autonomía institucional. Guzmán Dálbora, por ejemplo, fundamentó la importancia que debe cumplir la DPP en la generación y debate público de la política criminal vigente en el país.
«La Defensoría es y debe ser una de las fuentes información que orienten esa política, de modo que tiene y debe tener un rol central en su estructuración (…) La falta de autonomía funcional es una limitación real a su rol. Mientras esto no se encare, van a persistir tensiones, aunque creo que existen las bases normativas como para que la DPP pise fuerte», aseguró.
Quintana, en tanto, profundizó en tres aspectos: la necesidad de reflexionar sobre la relevancia y utilidad de los sistemas internos de gestión de la DPP, la «confusión» actual que percibe en el debate actual sobre política criminal en Chile y los desafíos que tiene hoy el sistema penal vigente.
«Si alguien tiene que impedir la ocurrencia de errores o fallas del sistema, esa es la Defensoría. Ella debe tensionar permanentemente al sistema respecto de la calidad de la administración de justicia», señaló.
En su ponencia, el ex ministro Bates mencionó dos desafíos vinculados a la DPP. Uno, aportar a una «reforma cultural pendiente» –que permita acercar a la mayor parte de los ciudadanos al sentido de fondo que tiene el «mundo de la cultura jurídica». Y dos, conseguir su autonomía institucional: «Lo refrendo. Es un tema político en el que vale la pena trabajar, por el principio de igualdad de armas. La dependencia política puede llevar a conflictos en casos de connotación pública o política», afirmó.
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