La diputada Adriana Muñoz (PPD), integrante de la Comisión Investigadora de relaves mineros, informó que el estudio enviado por Sernageomin a la instancia reveló que de las 16 faenas mineras abandonadas o paralizadas de mayor riesgo en el país dos están ubicadas en la comunas de Illapel y La Higuera.
La parlamentaria señaló, además, que el estudio de Sernageomin da cuenta de la existencia de 450 relaves activos y pasivos que existen en Chile, 205 ubicados en la Región de Coquimbo, lo cual significa que es urgente que las autoridades regionales implementen un plan de cierre definitivo que no ponga en riesgo a la población.
Muñoz indicó que para las faenas mineras abandonadas o paralizadas, no existe hoy día la obligación de llevar a cabo un plan de cierre, constituyendo una fuente de contaminación para las zonas donde están emplazadas.
«Estas faenas son residuos peligrosos que contaminan los recursos hidrológicos y el medio ambiente, como también la salud humana por ingestión de agua, alimentos o inhalación de material tóxico particulado, movilizado por la acción del viento», agregó.
La legisladora, dijo que las faenas mineras abandonadas, «son una verdadera bomba de tiempo para la vida humana, lo que hace urgente la intervención del Estado, pues aunque no exista una legislación que mandate la intervención de estos pasivos ambientales, existe la facultad para que a través de convenios entre el gobierno regional y el Ministerio de Medio Ambiente se hagan cargo del problema. Lo que no puede suceder, es que nadie se haga cargo de esta grave situación».
A su vez, la diputada Muñoz hizo un llamado a la conciencia y voluntad de los dueños de estas faenas para que faciliten el proceso de intervención.
Por último, la parlamentaria señaló que «desde el 2005 existe en el Ministerio de Minería, un ante proyecto de ‘ley de remediación de pasivos ambientales mineros’, y resulta increíble que aun no se haya ingresado como proyecto de ley al Parlamento, por ello una de las primeras conclusiones de nuestra comisión, será exigir la tramitación urgente de una ley que intervenga los pasivos ambientales del país».
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