Este lunes al mediodía se constituyó la mesa de diálogo para dar solución a las demandas y denuncias que se han hecho en el llamado Caso ‘Bombas’, la cual está constituida por diversas instituciones y representantes.
En la ocasión, participaron los diputados de la comisión de Derechos Humanos Sergio Aguiló (I), Tucapel Jiménez (PPD) y Gustavo Hasbún (UDI); el monseñor Alfonso Baeza; el médico que revisó a los jóvenes en huelga de hambre, Alejandro Santander; Paula Salvo del Instituto Nacional de Derechos Humanos; el abogado defensor Mauricio Daza; Ximena Muñoz, vocera de los presos y familiares de éstos también.
En la ocasión, el diputado Aguiló destacó que se presentarán la próxima semana, un proyecto de ley que se suma a otros dos que ya se han presentado y que van en la línea de realizar modificaciones a la ley Antiterrorista.
La iniciativa, según el abogado Daza, busca garantizar beneficios, ya que debido a la invocación de dicha ley, los imputados pueden quedar años bajo prisión preventiva sin necesidad de una sentencia. Por esto es que el proyecto buscará que los tribunales, al invocar la figura del terrorismo, debe hacer una investigación acuciosa de inmediato.
«En la primera oportunidad que el ministerio público invoque la aplicación de la ley de conductas terroristas ante un tribunal, éste se encuentra obligado a entrar al fondo respecto de si existen antecedentes suficientes que ameriten dicha aplicación», explicó.
Por su parte, la representante de los imputados del caso, Ximena Muñoz, afirmó que éstos esperan resultados concretos a la brevedad y su libertad inmediata. Además espera poder coordinar la comunicación entre los presos para coordinar movilizaciones.
Cabe recordar que las principales quejas en este caso, son por la aplicación de la Ley Antiterrorista en el proceso, una situación muy similar a lo vivido en la huelga de hambre de los comuneros mapuches, el año pasado.
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