La Defensora Nacional, Paula Vial, en el marco de su última cuenta pública anual, afirmó que la vigencia de la llamada Ley Antiterrorista, cuyas herramientas -como los testigos protegidos y sin rostro- fueron utilizadas por el Ministerio Público durante el juicio oral que enfrentaron comuneros mapuche, «no contribuyen a la democracia en nuestro país».
«Hay ciertas instituciones como los testigos sin rostros que son baches en ese camino. Una democracia como la nuestra no se enaltece con instituciones como esa donde las condenas se basan en N.N y personas sobre las cuales nosotros no podemos hacer nada para poder enfrentarlas. Sentimos que estas instituciones afectan lo que debiera ser un debido proceso», dijo la abogada.
En un contexto marcado por su próxima salida del cargo –asumió el 4 de julio de 2008 y dejará el puesto exactamente tres años después, en julio próximo-, Vial puso énfasis en los principales logros alcanzados por la DPP el año pasado, entre ellos haber sido elegida como una de las nueve instituciones públicas mejor evaluadas en el Premio Anual a la Excelencia Institucional 2011.
También destacó los debates más importantes en que la Defensoría participó el año pasado, cumpliendo un rol esencial en el ámbito de las políticas públicas sobre criminalidad y seguridad pública.
Entre otros, mencionó el abuso de la prisión preventiva en adultos y de la internación provisoria en menores de edad, la necesidad de elevar los estándares de exigencia en materia probatoria, la idea de imponer medidas más intrusivas para las personas o los nefastos efectos que tendrá seguir llenando las cárceles con personas de bajo compromiso criminógeno.
Por lo mismo, llamó a hacer un esfuerzo mayor «por poner el acento en las alternativas a la cárcel para lograr mejores resultados rehabilitadores, para disminuir con el hacinamiento en las prisiones del país, para terminar con la indignidad e inhumanidad en la que viven las personas condenadas, las inequidades que se producen en las atribuciones de los intervinientes y la necesidad de equilibrar fuerzas».
CIFRAS DESTACADAS
En cuanto a las cifras más relevantes del período, la Defensora explicó que a través del modelo mixto de prestación de defensa, tanto los abogados institucionales como aquellos licitados atendieron a 320 mil 223 personas durante el año pasado –un millón 676 mil 613 desde el inicio de la reforma-, lo que implicó una baja de 1,1 por ciento respecto de los imputados ingresados en 2009.
De ese total, un 9,6 por ciento correspondió a jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años (30 mil 662 personas, de las cuales un 15 por ciento fueron mujeres), quienes fueron atendidos en un 70,8 por ciento de los casos por alguno de los 50 defensores juveniles especializados con que cuenta la DPP.
Además, un 60,8 por ciento de las personas enjuiciadas en 2010 lo fue por procedimiento ordinario y un 78 por ciento finalizó sus causas el mismo año, lo que supone un aumento respecto de 2009, en la misma tónica que se mantiene desde el inicio de la reforma.
Vial se mostró preocupada por el progresivo aumento de causas que terminan en una única audiencia, las que pasaron de 34,6 por ciento al inicio de la reforma a 51,6 por ciento en 2010, pues «congestionan y encarecen el sistema, y respecto de las cuales es necesario hacer un esfuerzo en la búsqueda de alternativas no penales».
Agregó que un 67,6 por ciento de los procesos finalizaron por una salida alternativa o una sentencia condenatoria, las dos principales formas de término en 2010.
Paralelamente, los delitos más recurrentes fueron las lesiones (19,7 por ciento), los hurtos (12,1 por ciento), aquellos contra la libertad e intimidad de las personas (11,5 por ciento) y los que contempla la Ley de Tránsito (9,7 por ciento).
La Defensora Nacional resaltó la preocupación institucional por el creciente uso de medidas cautelares intrusivas como la prisión preventiva. Explicó que si bien en 2010 esta medida se aplicó a 18 mil 437 personas (5,8 por ciento menos que en 2009), en los últimos cuatro años el número de afectados ha crecido en 26 por ciento, lo que probablemente explique también el aumento del número de imputados absueltos que estuvieron presos durante el trámite de sus causas, cifra que en 2010 representó un 23 por ciento del total en adultos y un 25,5 por ciento en jóvenes, bajo la figura de internación provisoria.
CALIDAD PERMANENTE
Respecto de los logros institucionales más relevantes de 2010, Paula Vial mencionó la consolidación de la Academia de Defensores –instancia de perfeccionamiento continuo para los abogados de la DPP-, la aprobación de los nuevos Estándares de Defensa y del Código de Ética del Defensor y la Defensora, el impulso y desarrollo de la «Revista 93» –medio institucional de debate- y la puesta en marcha de un nuevo modelo de licitaciones de defensa penal, entre otros.
También mencionó el constante esfuerzo de la DPP por mejorar en los distintos ámbitos especializados que ofrece a sus usuarios -defensa juvenil, defensa penitenciaria y defensa indígena-, estimulando las particularidades técnicas o culturales de cada una de ellas, en un contexto en que la institución sigue demandando su autonomía institucional, «no como una obsesión, sino como una necesidad. Poder enfrentarnos de igual a igual, con la misma independencia de fondo y de forma, con el Ministerio Público –nuestro contradictor natural en el proceso-, es imprescindible para los equilibrios del sistema», sostuvo.
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