La Tercera Sala de la Corte Suprema condenó a la municipalidad de San Felipe a pagar una indemnización total de $6.500.000 a dos mujeres que fueron estafadas por una funcionaria de la corporación en la entrega de subsidios habitacionales.
El máximo tribunal del país estableció la responsabilidad del consistorio en los hechos que afectaron a María Cristina Valle y Jovita Rojo, quienes concurrieron entre noviembre de 2006 y febrero de 2007 a la oficina de la Vivienda donde la trabajadora Colarte Delgado las asesoró en proceso de postulación a un proyecto. Sin embargo, tras entregarle una suma de dinero nunca fueron postuladas al programa.
En un fallo unánime los ministros Héctor Carreño, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Jorge Lagos y Patricio Figueroa, establecieron que existe responsabilidad por falta de servicio del municipio por el actuar irregular de la funcionaria.
«La falta personal atribuida a la referida funcionaria no se encuentra desvinculada del servicio, sino que se ha cometido precisamente con ocasión de aquel. Desde esa perspectiva y según lo ha sostenido esta Corte en anteriores fallos, el Estado no puede apartarse de la falta personal que ha cometido uno de sus agentes», dice la resolución.
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