El diputado Guillermo Teillier (PC) calificó como «una vergüenza» que la Cámara rechazara una comisión investigadora por la tragedia en el archipiélago Juan Fernández, solicitud impulsada por la bancada comunista en apoyo a otros parlamentarios de oposición.
«Me parece una vergüenza que la Cámara de Diputados no constituya una comisión investigadora de un accidente aéreo que ha conmocionado al país, que ha causado tantas muertes y del que todavía existen desaparecidos», mencionó el parlamentario, agregando que «no sé qué habrán pensando muchos señores diputados, incluso quienes firmaron para conformarla y luego no estuvieron en la sala».
Específicamente, la Cámara rechazó la solicitud con 31 votos en contra, 9 abstenciones y 23 a favor. El diputado Teillier denunció que muchos de los parlamentarios firmantes -48 en total- no se presentaron en la sala al momento de la votación, mientras que otros como René Saffirio (DC) y Pablo Lorenzini (DC) se abstuvieron.
«Independiente que se estén haciendo las investigaciones judiciales por fiscales, la Cámara de Diputados como un ente fiscalizador debiera ver el tema porque es muy grave lo que ha sucedido, además, hay familias que han pedido esto y están pendientes de lo que ocurra acá», aseveró Teillier, recogiendo por otro lado la inquietud de los familiares de las víctimas que aún no reciben la identificación de los restos de sus seres queridos y quienes han insistido en alargar la búsqueda y establecer responsabilidades.
La iniciativa fue presentada 14 de septiembre pasado y fue redactada por la bancada comunista, buscando que se investigaran todos los aspectos que dicen relación con la planificación, autorización y realización del vuelo del CASA 212 de la Fuerza Aérea de Chile, así como establecer si el avión contaba con todos los recursos para mantener autonomía de vuelo ante un posible regreso al continente.
Por otro lado, también solicitaba recabar los antecedentes sobre el estado de la pista de aterrizaje del citado aeródromo –el que no cuenta con torre de control- y la responsabilidad que en estos hechos pudieran tener distintas instituciones públicas afectadas o vinculadas con ellos.
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