Tras una reunión de 15 minutos, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, anunció que el Consejo Seperior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) decidió entregar los antecedentes sobre las presuntas irregularidades en los procesos de licitación inmobiliaria.
Juica aseguró que si bien en un principio se había establecido no entregar los datos recabados porque se consideró que no existía delito, «como ha seguido el debate público, el Consejo decidió hoy poner a disposición del Fiscal Nacional todos los antecedentes relacionados con la investigación administrativa de la ministro (Sonia) Araneda, que derivo en sanciones disciplinarias y además poner a disposición todas las investigaciones desarrolladas en torno a las funciones de la CAPJ».
Para el representante del Poder Judicial esto es una «muestra de una señal de transparencia de tal manera de no omitir ni ocultar ninguna información».
A renglón seguido, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán confirmó que el ente persecutor abrirá una investigación para determinar si existen responsabilidades penales a partir de los datos recibidos.
«No es primera vez que se entregan antecedentes y dentro de esa lógica se me ha invitado y yo voy a derivar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para que se designe un fiscal. Como de costumbre tratará de hacerse lo más rápido posible. Lo importante es que la Fiscalía transparentemente dirá si hay o no delito penal. Voy a instruir que se abra una investigación a penas llegue a la oficina», dijo Chahuán.
Juica entregó al Fiscal Nacional una carpeta con los oficios del Consejo Superior de la CAPJ y un CD donde está toda la investigación digitalizada. En todo caso, de requerirse más documentos se dijo que todos los antecedentes estarán a disposición.
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