Por 47 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el Informe de la comisión que investigó el proceso de reconstrucción nacional, encargada de evaluar desde distintas áreas cómo se llevó a cabo esta tarea.
La instancia se constituyó el 14 de abril de 2010 y como parte de su trabajo sesionó en 35 ocasiones y recibió la visita de ministros de Estado, alcaldes de las zonas afectadas, damnificados, directores y encargados de servicio, entre otros.
En el informe se aclara que en los primeros meses después del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, se aprobaron una serie de leyes y decretos tendientes a solucionar las consecuencias de la catástrofe.
Respecto al Plan de Emergencia, el informe señala que las primeras tareas del Comité de Emergencia fueron las labores de rescate y la reposición del orden público, así como el restablecimiento de los servicios básicos, para posteriormente abocarse a los problemas que surgían con el invierno: techo, protección, salud, clases, empleos de reconstrucción y reparación de la infraestructura vial y costera.
El Comité de Emergencia coordinó la construcción de unas 80 mil viviendas de emergencia en menos de 4 meses y la reparación de otras 51.000; se encargó de distribuir alimentación a toda la zona afectada y la construcción de 110 aldeas para aproximadamente 4 mil familias. En salud, se instalaron 14 hospitales de campañas y modulares con 510 camas y 12 pabellones y se repararon parcialmente 55 hospitales, recuperándose 1.237 camas. En educación, el 26 de abril de 2010, todos los niños y jóvenes se encontraban asistiendo regularmente a clases y se otorgó un bono de $30.000 por 6 meses a 40.000 estudiantes de educación superior. En materia de infraestructura, obras públicas y vialidad, se repararon 1.523 kilómetros de caminos dañados, 194 puentes, entre otras.
El informe incluye además los reparos que planteó la Contraloría General de la República (CGR), la que manifestó que en la etapa inicial, la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) no tuvo una real capacidad operativa para la magnitud de la catástrofe, y que fue frecuente la realización de operaciones sin la documentación de respaldo o bien con facturas u órdenes de compras ilegibles, lo que posteriormente se fue reparando.
«A juicio del Contralor se produjo una dispersión en la forma de hacer el gasto público, circunstancia que de una u otra manera fue paliada por la formación del Comité de Emergencia en el Ministerio del Interior, el cual logró generar una cierta canalización eficiente de los recursos públicos que estaban dispersos», consigna el informe.
El texto aclara además que si bien la Contraloría realizó observaciones acerca del pago de incentivo económico por pronta entrega de viviendas de emergencia, se estimó procedente acoger la reconsideración planteada por la ONEMI, puesto que la extensión del incentivo tuvo por objeto dar una pronta respuesta a las necesidades de los damnificados y mantener la cadena de producción de las viviendas de emergencia, dado el aumento de precios de las mediaguas y de sus insumos.
«Respecto a los mayores precios pagados por las mediaguas adquiridas a las empresas Un Techo para Cristo y Forestal Tromen S.A, la CGR ha señalo que si bien las especificaciones técnicas de estas viviendas son superiores al resto de las mediaguas compradas, estas no estaban contempladas en la Circular N°28».
El documento precisa que el Ministerio de Vivienda ha debido enfrentar diversos problemas en el proceso de reconstrucción: inoperancia de la EGIS; falta de experiencia y medios de las municipalidades; falta de capacidad de asociación de los grupos de damnificados para actuar en conjunto; burocracia en la reparación de edificios, entre otros.
En el texto se señala además que entre los principales problemas expuestos por los damnificados eran el desempleo; la inexistencia de propiedad donde arrendar; la incertidumbre respecto de la fecha de inicio de las obras de construcción; la inseguridad e insalubridad del lugar donde habitan; el desconocimiento de los procesos de expropiación; la falta de certeza respecto de la solución habitacional; la falta de servicios educaciones y de salud; y la variedad en los puntajes de la ficha de protección social (FPS).
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