Por unanimidad, 82 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión de Economía constituida en investigadora con ocasión de la crisis financiera provocada por las malas prácticas crediticias de la empresa La Polar, la que estableció como principales responsables de los hechos a los ejecutivos y directores de la empresa que repactó unilateralmente los créditos de clientes morosos.
«Son responsables directos los ejecutivos y directores, en especial los que formaron parte del comité de directores, de empresas La Polar en la perpetración de hechos graves de carácter delictual», señala el
texto aprobado por la comisión, con el solo voto en contra del diputado José Manuel Edwards (RN).
El texto señala que en este caso aparece nítida la responsabilidad de los ejecutivos de la empresa en la comisión de los delitos, cuyo conocimiento y juzgamiento corresponde a los tribunales de justicia, toda vez que lograron falsear los resultados financieros y divulgar información falsa al mercado».
Respecto a los directores, el informe establece que «han faltado gravemente a su deber de eficiencia y lealtad con la empresa, lo que se traduce en el hecho de preocuparse de estar informado de manera
veraz y definir, en consecuencia, una política acorde a su real situación financiera».
Sobre la empresa de auditoría PriceWaterHouse Coopers, la comisión estableció que la empresa es responsable «por la negligencia y falta de cuidado en el desempeño de su labor de auditoría». Agregando que «habría limitado su acción a la detección de errores contables, dejando de lado la revisión de la veracidad de la información entregada por la empresa y la detección de potenciales fraudes».
El informe señala además que fueron responsables por negligencia y falta de cuidado en el desempeño de su labor, las empresas clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile, afirmando que no actuaron con la debida diligencia al emitir opinión sobre la solidez financiera de la empresa La Polar S.A.
También el informe apunta a la responsabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones «en su calidad de entidades que designan a 4 de los 7 miembros de la Comisión Clasificadora de Riesgo y por su
intervención en el nombramiento de directores de la empresa». Asimismo se hace un «llamado de advertencia» para que en su calidad de inversores de recursos de terceras personas, apliquen el máximo celo en el desempeño de su labor.
El texto menciona además la responsabilidad de la Comisión Clasificadora de Riesgo, en tanto su «posibilidad de rechazar Bonos y Efectos de Comercio».
En cuanto a las responsabilidades institucionales, la comisión estableció, en distintos grados, una importante responsabilidad en cuanto a la falta de regulación, previsión y/o fiscalización de los hechos ocurridos en La Polar, a los menos desde el año 2006 a la fecha, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Superintendencia de
Pensiones, el Banco Central y el Sernac.
En el informe se propone finalmente tanto al Gobierno como al Congreso impulsar cambios legales que permitan evitar nuevos casos de este tipo; además de cambios normativos a los gobiernos corporativos de las Sociedades Anónimas, entre otros planteamientos.
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