Una querella por la presunta comisión de varios delitos y por supuestamente no cumplir «con su labor de defensa y fiscalización de los parques nacionales que le compete», será presentada este martes en contra de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), por representantes de la organización «Patagonia sin represas».
Así lo informó este lunes el diputado PPD Enrique Accorsi, quien en compañía del abogado de «Patagonia sin represas», Marcelo Castillo, aseguró que existe una serie de antecedentes que permitirían intuir la comisión de delitos por parte de funcionarios de la Conaf.
El parlamentario dijo que estos antecedentes han sido recopilados por la comisión investigadora sobre el proyecto HidroAysén de la cámara baja, y que en ellos se ha conseguido establecer que Conaf, al igual que otras entidades públicas, no habría cumplido con el rol para el que fue creada.
«Esta investigación parlamentaria estableció que muchos servicios no cumplieron con su labor de defensa y fiscalización de los parques nacionales que les compete, entre ellos Conaf, que en su dependencia regional rechazó el proyecto emitiendo un informe negativo porque la central hidroeléctrica iba a inundar el Parque Nacional San Rafael; sin embargo, la Conaf nacional modificó dicho informe y lo aprobó», explicó Accorsi.
Agregó que una de las grandes conclusiones de esta comisión investigadora es que, ni en el año 2008 ni en el 2010, el proyecto cumplía con las condiciones para ser aprobado, añadiendo que «esta fue una aprobación de carácter política».
La querella que será presentada este martes en la Fiscalía Centro Norte se suma a las acciones judiciales emprendidas los años 2008 y 2010, contra funcionarios pertenecientes a más de 20 reparticiones públicas que tuvieron que ver en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto HidroAysén, tanto de la administración anterior como de la actual.
En ese sentido, el abogado de «Patagonia sin represas» aseguró que emprender estas acciones legales no es fruto de motivaciones políticas, sino por el contrario, surgen desde la convicción de que se cometieron delitos.
«A nosotros nos interesa ubicar a los responsables, sean de las administración que sean. Si eran del gobierno anterior, tendrán que responder, así como los del gobierno actual. No tenemos acá una primicia de que sea tal o cual gobierno responsable de la comisión de delitos, sino que hemos llegado a la convicción de que se han cometido delitos y ahí, como ocurre con los delitos, da lo mismo el color político», advirtió.
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