El abogado querellante en la Caso Tsunami, Raúl Meza, solicitará en los próximos días la incompetencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para conocer las formalizaciones de cargos de tres de los ocho imputados y que se ordene la remisión completa de la causa a la justicia militar de la Armada.
Esto, en consideración a que, “conforme a los antecedentes que obran en la investigación, se configurarían delitos militares que son de competencia exclusiva y excluyente de la justicia militar de la Armada y en consecuencia, le correspondería a esta instancia castrense conocer de las eventuales responsabilidades penales por estos ilícitos militares”, informó el jurista.
Lo anterior respecto al ex comandante Mariano Rojas, el teniente Mario Andina y el capitán de Corbeta, Andrés Enríquez, los cuales “habrían incurrido en el delito de incumplimiento de deberes militares, establecido en el artículo 299 número 3 del Código de Justicia Militar y el delito de denegación de auxilio consagrado en el 328 del citado cuerpo legal castrense”, detalló el profesional.
El objetivo de esta solicitud, comentó Meza, “es impedir que la justicia penal ordinaria, en el evento de una sentencia condenatoria en contra de los imputados, aplique una pena remitida que no será en ningún caso mayor a 3 años, aún más, considerando la irreprochable conducta anterior de todos los formalizados, la pena no sobrepasará los 541 días, los cuales podrán ser cumplidas por los condenados en un régimen de libertad, sea este civil o militar”.
En cambio, puntualizó el abogado, de acogerse esta incompetencia, y remitirse la causa a la justicia militar, “los imputados que tuvieron la calidad de miembros de la Armada de Chile, Rojas, Andina y Enríquez, de ser condenados por homicidio culposo, incumplimiento de deberes militares y el denegación de auxilio, arriesgarían una pena que podría llegar a los 5 años y un día en régimen de prisión efectiva, lo que para este querellante sería una pena justa y razonable en relación al mal causado, esto es, 156 compatriotas muertos”.
Asimismo, y en el evento que sea acogida ésta incompetencia por parte del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, la fiscal regional, Solange Huerta, “queda inhabilitada para seguir conociendo de esta investigación y deberá remitir todos los antecedentes de la investigación, esto es, los 55 archivadores y el informe de 20 tomos de la PDI, a la justicia militar de la Armada, quedando, en consecuencia, inhabilitado el Ministerio Publico para seguir conociendo de esta causa”.
Finalmente, Meza explicó que, en el caso de acogerse esta petición de incompetencia y remitirse la causa a la justicia militar, solicitara a la Corte Marcial de La Armada con sede en Valparaíso “la designación de un ministro en visita extraordinario para que conozca la investigación de estos hechos y juzgue penalmente las conductas de todos los imputados, tanto civiles, como militares en esta causa, conforme a los delitos contemplados en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar”.
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