Su preocupación por la resolución que dejó con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual a su representado, el ingeniero comercial Iván Dinamarca, expresó el abogado de la Defensoría Penal Pública, Jorge Moraga, luego que el ex ejecutivo de la multitienda La Polar fue formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por entrega de información falsa, delito sancionado por la Ley de Mercado de Valores.
“Se está creando una política de persecución indiscriminada y que está siendo respaldada por los tribunales. Es decir, van a terminar responsabilizando de lo que ocurrió en La Polar a cualquier persona que haya trabajado en la empresa y la cosa es más complicado que eso, no es tan simple. Esto no puede recaer en quien tenía como objetivo en la empresa el internacionalizarla, como es el caso de mi cliente”, dijo.
Si bien los fiscales del Ministerio Público, José Morales y Luis Inostroza, solicitaban la prohibición de salir del país y la firma quincenal del imputado, el juez del 2º Juzgado de Garantía de Santiago, Paulo Orozco, fijó la obligación de firmar sólo una vez al mes, y dejó la posibilidad de que Dinamarca pida sustituir la medida cautelar de arraigo nacional por la de fijar una fianza de retorno, para asegurar su comparecencia ante la justicia.
Ello, luego que en la audiencia el abogado Moraga enfatizó que Iván Dinamarca se desempeña actualmente como ejecutivo de una empresa financiera en Colombia, país donde fue anteriormente gerente general de productos financieros de la filial de La Polar, y que por el sólo hecho de habérsele involucrado sin tener mayores responsabilidades en el caso de las repactaciones unilaterales realizadas por la multitienda, “está profesionalmente liquidado en Chile”.
En su defensa, el abogado Jorge Moraga, argumentó que su representado nunca supo sobre la “normalización” que la compañía realizó con sus clientes morosos, que él ingresó en 2007 a la empresa después de 17 años de trabajar en las tiendas Ripley, que fue expresamente contratado para asumir la gerencia a cargo de la internacionalización de La Polar, y que sólo durante seis meses, desde fines de 2008 a junio de 2009, asesoró a sus ejecutivos para implementar un sistema computacional de cobranza automática de la cartera de deudores con más de 18 meses de morosidad, desconociendo si dicha renegociación era unilateral o no.
En la misma audiencia, la Fiscalía Centro Norte reformalizó al ex presidente y ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde, el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, a la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, al ex gerente corporativo de finanzas, Santiago Grage, y al ex gerente general, Nicolás Ramírez, por infracción a la Ley de Bancos, acusados de infringir el artículo 160 de la Ley General de Bancos, que castiga la obtención de créditos utilizando información falsa, uno de los cinco delitos que presentó la Fiscalía en diciembre.
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