El diputado del Partido Socialista (PS), Carlos Montes, rechazó la denominada «Ley Hinzpeter», iniciativa promovida por el Ministerio del Interior, dirigida a sancionar la alteración del orden público.
El parlamentario enfatizó que «no puede criminalizarse la protesta social porque el Gobierno es incapaz de satisfacer las demandas de los estudiantes».
Apuntó que una normativa que afecte «las libertades de expresión y opinión y restrinja el derecho de reunión es un severo retroceso para el sistema democrático».
«Pretender que quien sale a protestar y los que organizan las marchas y actos puedan ser sujetos a sanciones que incluyen la prisión es un extremismo de Hinzpeter y Ubilla», sostuvo.
Montes también auguró que el texto será rechazado, ya que «en el Parlamento nadie está dispuesto a aprobar un proyecto como el que el Ejecutivo ha planteado».
El legislador llamó al Gobierno a no confundir la libre expresión del descontento social y de las reivindicaciones de la ciudadanía con los delitos puntuales y aislados que se cometen en las manifestaciones.
«Si se quiere perfeccionar la manera de enfrentar esos delitos es otra cosa, pero buscar sancionar la protesta social no corresponde porque afecta los derechos fundamentales», recalcó.
Agregó que la aprobación de una normativa como la que propone el jefe de gabinete expondría al país a una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«El Gobierno se ha vuelto experto en usar los desórdenes para no referirse ni abordar el tema de fondo que es el lucro en la educación y la insuficiencia de las propuestas que ha hecho para resolver las necesidades del país y de sus jóvenes», finalizó.
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