Frente a los últimos acontecimientos ocurridos en el país en relación con abusos sexuales contra menores, la diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Andrea Molina, presentó un proyecto de ley que busca aumentar las exigencias por parte de empleadores a la hora de evaluar la contratación de personal.
La iniciativa legal busca modificar el artículo 2 de la ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores, estableciendo que todas las instituciones públicas o privadas que trabajen con menores de edad deban consultar el registro de pedófilos como requisito previo a la contratación de una persona, para confirmar si los postulantes a un empleo se encuentran afectos a dicha inhabilitación.
En caso contrario, la institución sería multada con 10 UTM.
«Creemos que es importante generar dentro de la ley de registro, el que exista la obligación de emitir un informe antes de contratar a cualquier persona. Si usted no pide ese informe, ya estaría incurriendo en una falta; por otro lado, si se genera una agresión sexual, también esa persona sería coresponsable de la situación», explicó Molina.
La legisladora cuestionó que, tal como ha ocurrido en los últimos hechos públicos sobre abusos sexuales contra menores, las instituciones que se han visto involucradas en ello no se han hecho del todo cargo.
Por lo que, enfatizó que «es necesario tener este tipo de herramientas; no puede ser que este tipo de personas salgan libres de culpa, dado de que acá hay un delito que es tremendamente grave».
Esta iniciativa se suma a la que el miércoles presentó la diputada Molina, junto a sus pares Joel Rosales, Edmundo Eluchans y Arturo Squella, y que apunta a regular con mayor rigurosidad libertad provisional de quienes atentan sexualmente contra menores de edad.
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