Gobierno anuncia equipo de trabajo que buscará invalidar pensiones en casos de falsos exonerados

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció que la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, conformó un equipo para estudiar los casos de los falsos exonerados políticos, con el fin de lograr la nulidad o invalide las pensiones de gracia que reciben las personas beneficiadas.

«Frente a éste caso, caso con el cual se ha tratado nuevamente de confundir a la opinión pública, la ministra Evelyn Matthei a formado un equipo especial de trabajo con 20 personas para estudiar caso a caso y ver eventualmente, dado el pronunciamiento de la Contraloría y de las normas y herramientas jurídicas que se nos han entregado, ver la nulidad o la invalides de las pensiones de gracia, que en ese tipo, nosotros creemos que están mal entregadas, y así lo ha señalado la Contraloría General de la República», comentó la autoridad al término del comité político en La Moneda.

Ante las críticas formuladas desde el bloque opositor, aseveró que «a mi me da la impresión dos cosas, o que él no ha sido eficiente en buscar la información que es pública y que sale en el dictamen de la Contraloría o que en definitiva no conoce toda la información y por eso hace ese tipo de comentarios».

Además, explicó que en «la Contraloría General de la República, de 150 mil casos estudió aleatoriamente 9 mil, o sea, un tercio de éstos, vale decir, determinó que en gobiernos anteriores, particularmente en el gobierno del ex Presidente Lagos y la ex Presidenta Bachelet, se calificaron en forma errónea a 3 mil personas que no eran exoneradas. Ejemplos de esos son que 81 de ellos (falsos exonerados) eran menores de 14 años; hay por ejemplo que se calificaron como empresas al Movimiento de Izquierda Revolucionario, entregando como funcionarios de esa empresa, casi 400 pensiones de exonerados, o se calificaron de empresas al PS y al PC, dentro de los cuales acreditaron como funcionarios: el PS a 60 personas y el PC a casi 900 funcionarios».

«Hay 3 mil exonerados que la Contraloría ha señalado que están en observaciones dado que hubo que llenar lagunas previsionales para que pudiesen obtener una pensión mayor, que fueron pagados en nuestro Gobierno, y esto da cuenta, por un decreto que en su minuto sacó el IPS, un decreto del año 2009, que es un amarre político para que se siguieran pagando estas pensiones», acusó.

«Hoy tenemos la tranquilidad de que contamos con herramientas jurídicas para poder poner término a estas pensiones que señalo: fueron un decreto de amarre político», aseguró la ministra vocera de Gobierno.

Por otro lado, Pérez, refutó los dichos del ex director de la oficina de exonerados, Humberto Lagos, quien señaló que «el informe de Contraloría es sesgado e inexacto». Al respecto sostuvo que «el señor Lagos sabe perfectamente que cuando hay un informe aleatorio que se estudian 9 mil casos por parte de la Contraloría y no la totalidad de los 150 mil, la información que ahí se entrega, claramente es una parte del total. Nosotros le vamos a pedir a la Contraloría que estudie los 150 mil casos».

La ministra vocera también reafirmó el afán del gobierno por esclarecer las irregularidades, al descartar el uso político y una visión sesgada del tema como denunciara la oposición, al reafirmar que esta denuncia se realizó en 2008 cuando gobernaba Michelle Bachelet y los resultados del muestreo que tomó la Contraloría se conocieron esta semana.

«Acá no es justo que frente a personas que defraudaron al fisco, que obtuvieron beneficios que no les correspondían, en desmedro de aquellos que sí les correspondían tratemos de mezclarlos», explicó Pérez para luego poner énfasis en cómo califica el gobierno el régimen de facto de Pinochet.

«En Chile hubo una dictadura y en esa dictadura hubo personas que perdieron sus empleos, y esas personas son verdaderos exonerados y de esas personas nuestro gobierno tiene el máximo respeto y el máximo compromiso para seguir trabajando, porque no solamente sus beneficios sino que aquellas pensiones de las cuales han perdido montos por verse mezclados en abusos que ocurrieron en los gobiernos de la Concertación , ellos hoy día también levantan la voz y señalan que eso no fue de justicia», concluyó la portavoz de palacio.

TIMONELES RN UDI EXIGEN RESPONSABLES Y FIN DE PAGO FRAUDULENTO

El timonel de RN, senador Carlos Larraín, salió al paso de las críticas opositoras que advierten el uso político del tema por parte del oficialismo.

«Cómo no va a ser político», enfatizó el senador RN y timonel de su partido, si todos los partidos políticos fueron los que obtuvieron los beneficios y muchos más. Si eso no es político entonces de qué estamos hablando».

Respecto al sesgo con el cual es analizado por la autoridades este tema, Larraín insistió: «claro que tiene que ser muy sesgado porque los promotores de esto vienen todos de la izquierda, con la excepción de la DC».

También advirtió al existencia de una irregularidad tal que recibieron la calidad de exonerados personas que en la época de la dictadura eran menores de edad. «Lo más notable que aquí en este conjunto hay 81 menores de 14 años, o sea los partidos de izquierda eran administrados por un kínder» ironizó Larraín, «una cosa absolutamente insólita, una grosería para los pobres», concluyó.

A juicio del timonel de la UDI Patricio Melero, no hay excusas de los partidos opositores involucrados para guardar silencio sobre el mal uso que hicieron de la ley que fue aprobada en favor de quienes realmente fueron exonerados.

«Ya los informes preliminares demuestran que claramente hay una cantidad muy importante de exonerados políticos que no lo eran. Están los tribunales de justicia en esta causa, espero que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte, hemos pedido un ministro en visita. Yo espero que nadie se niegue a investigar», puntualizó.

Melero insistió en el fraude que se concretó y esperan en el gobierno y su sector que esto sea revertido y sancionado. «Aquí claramente, tanto la auditoria inicial que hizo el gobierno de 50 mil causas, como la muestra de 9 mil que tomó la Contraloría, están dejando en evidencia que hubo varias figuras (legales) que no se cumplieron, de empresas que no tenían la calidad de ser empresas intervenidas por el Estado, de personas menores de edad que no correspondían porque no eran trabajadores en esa época, de partidos políticos que se califican como empresas sin serlo (…) Es una acción cuya magnitud defrauda la buena fe y el interés de quienes contribuimos a apoyar esa ley» enfatizó.

Melero reafirmó el respaldo de su partido al gobierno ante la denuncia y aguarda que la justicia permita poner fin al pago irregular de pensiones. «Creemos que quienes tuvieron responsabilidad en estos hechos deben aclararlos, quienes las tienen (las pensiones otorgadas), deben inmediatamente dejar de percibirlas y por eso apoyamos el proyecto de ley que el gobierno enviará, para que esta situación deje de seguir ahondándose y generando este fraude en la magnitud que se está dando», concluyó.

DIPUTADOS PIDEN FISCAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Los diputados de la Alianza Pedro Browne y Karla Rubilar (de RN) y José Antonio Kast y Cristian Letelier (de la UDI),

solicitaron al fiscal nacional Sabas Chahuán el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva que indague a fondo el otorgamiento de beneficios para falsos exonerados.

«Le hemos solicitado que la investigación que ya lleva dos años en la Fiscalía Centro Norte, en manos de la fiscal Ximena Chong, tenga el empuje y la fuerza necesaria para que podamos identificar a los responsables», dijo Rubilar tras la cita.

La parlamentaria explicó que «el Fiscal ha tomado nota de la dimensión y de la gravedad de la situación –agregó Rubilar-, y conforme a eso, nos ha dicho que va a reforzar la investigación de Ximena Chong con el Unidad de Delitos de Alta Complejidad desde la Fiscalía y, a su vez, va a poner todos los fiscales que sean necesarios para poder investigar como corresponde esta situación».

En cuanto a los dichos desde la Concertación que apuntan a un supuesto «aprovechamiento electoral» en esta materia, el diputado Letelier fue enfático al señalar que «si al Fisco de Chile le han robado 180 millones de dólares es un tema penal, criminal y judicial, y hay involucrados políticos, de eso no cabe duda; pero lo que ocurre es que aquí se quiere tender un manto de duda para hacer creer que hay un tema electoral».

«Se estima que están comprometidos 180 millones de dólares, más de 90 mil millones de pesos, y lo que es más lamentable aún, han recibido beneficios personas que no les correspondía, dejando de lado personas que sí, incluso muchas de ellas que fallecieron esperando que les llegara una justa retribución por haber pasado momentos muy tremendos de la dictadura», finalizó Rubilar.

Consultado respecto de declaraciones del comando de Michelle Bachelet sobre el tema, José Antonio Kast aseveró que «en este caso concreto que hoy día hemos planteado al Fiscal Nacional, todo su slogan, todas sus palabras respecto de que va a terminar con los abusos se vienen al suelo, porque si ha habido un gobierno que abusó ilegítimamente en un tema tan duro y emblemático como el de los exonerados, fue el gobierno de Michelle Bachelet».

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