El Presidente, Sebastián Piñera, junto a su esposa Cecilia Morel y la ministra de Justicia, Patricia Pérez, encabezó este jueves la ceremonia de promulgación de la Ley 20.685 que agrava las penas y restringe los beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad.
En la ocasión, el mandatario informó que solo en el primer semestre de este año, se han recibido más de 3.200 denuncias por abuso sexual contra menores, lo que se traduce en cifras que preocupan ya que 18 niños serían son abusados cada día, argumentando de este modo la necesidad de promulgar la Ley 20.685, que consta de tres artículos que modifican el Decreto Ley 321, de 1925, sobre Libertad Condicional; el Decreto Ley N° 409, de 1932, sobre regeneración y reintegración del penado a la sociedad (eliminación de antecedentes); y el Código Penal.
«Con mucha pena, rabia e indignación vemos con demasiada frecuencia graves denuncias de abusos sexuales contra nuestros niños y niñas, cometidos a veces, por aquellas personas cuya función y tarea era precisamente, cuidarlos y protegerlos», expresó.
El mandatario explicó que esta nueva Ley no es un proyecto aislado, sino que «es parte de una política de Estado que nuestro Gobierno ha impulsado desde el primer día con mucha fuerza, y ha tenido que enfrentar muchas dificultades. De hecho, hace un año lanzamos aquí mismo en La Moneda, la Agenda de Protección de nuestros niños, que contemplaba un conjunto de medidas para proteger mejor a nuestros niños, para ayudarlos mejor si es que son víctimas de este tipo de delitos y para combatir con mayor eficacia a los que cometen este tipo de delitos, tuvimos, sin duda, el aporte y la participación franca, inteligente y decidida de nuestros parlamentarios».
El jefe de Estado enfatizó que «un niño abusado no es una noticia, es una tragedia. Y quiero hoy día reiterarles a todos los padres y madres de nuestro país, que en esta materia nuestro Gobierno está cien por ciento comprometido y que no va a eludir ni escatimar ningún esfuerzo, de ninguna naturaleza, para poder combatir con mayor eficacia este brutal y cobarde atentado contra la inocencia de nuestros niños y de nuestras niñas».
La ley contempla aumentar la pena por el delito de comercialización de pornografía infantil, que fluctuará entre los 3 y 5 años, en la actualidad, este delito tiene una condena que parte en 541 días y en materia de beneficios penitenciarios, puntualmente tratándose de libertad condicional, no podrán optar a ella sino hasta cumplidos los dos tercios de la pena, tal y como sucede con los delitos más graves, por ejemplo parricidio, violación con homicidio, etc.
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