Narcomaderas: Bolivia recurre a exagentes de la DEA para desacreditar a la Fiscalía

¡Celebramos esta semana el cumpleaños de Chile! En Arica partimos ayer con el Contrapunto de Bandas de los ejércitos de Chile y Perú al pie del Morro, tradición militar que se vive cada año para los festejos patrios de cada país en Arica y Tacna. Impecable y bella fue la presentación de las bandas castrenses homenajeando esta vez a la República de Chile por sus 216 años de vida independiente.

Pese a la promesa suscrita el año pasado de no realizar las ramadas en las proximidades del histórico peñón, para evitar riesgos de derrumbes, finalmente la Delegación Presidencial Regional (DPR) debió autorizar su instalación en esa área, ya que la municipalidad no logró habilitar un predio en el sector norte que había comprometido al término de las fiestas patrias el 2025.

Desde la DPR dijeron que esta será la última vez que se autorizará en esa zona y que el próximo año deberá habilitarse un nuevo sitio, para así cumplir con las normas de seguridad y sanitarias que amerita este evento. Ese mismo razonamiento se pretende aplicar para el Carnaval con la Fuerza del Sol, evento sobre el que aún no se ha tomado la decisión desde el municipio para su traslado a otro sitio.

Y como estuvimos de amanecida con tanta noticia de última hora, vamos mejor al resumen de esta nueva edición de nuestro newsletter:

• En la primerísima nota revelamos el contenido de dos informes elaborados por exagentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) y presentados por 10 empresas madereras bolivianas en el marco de la investigación del Caso Narcomaderas. Ambos cuestionan la versión de la Fiscalía Regional de que los cargamentos de madera incautados en el Puerto de Arica contienen drogas duras impregnadas.

• Incluimos en esta edición el desenlace que tuvo la causa penal en contra del hermano del alcalde de Arica, Ricardo Vargas Pizarro, quien fue condenado por el delito de tráfico de migrantes por un tribunal de Tacna.

• También confirmamos la decisión de la Delegación Presidencial Regional de interponer una denuncia ante el Juzgado de Policía Local en contra de los responsables de la fiesta matrimonial que se realizó el fin de semana, sin cumplir la Ley de Seguridad Privada en el valle de Azapa, a pesar de que hubo desborde de público por la presencia de una banda de cumbia argentina y consumo excesivo de alcohol.

• Cerramos esta edición con un nuevo incidente que puso a prueba el Escudo Fronterizo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que una camioneta cargada con especies de contrabando ingresara a un campo minado a la altura del Hito 16, explotara un par de minas y terminara incendiándose en la frontera con Perú.

Antes de comenzar la lectura, bien nos viene una limonada con menta y jengibre del valle de Azapa, en días previos a que nos invadan los “terremotos” y “tsunamis” dieciocheros. Y como siempre, no se olviden de compartir nuestro link para que nuevos lectores se  inscriban gratis y puedan disfrutar cada martes de nuestro newsletter.

Narcomaderas: Bolivia contrata informes de exagentes de la DEA para desafiar tesis de la Fiscalía

Crédito imagen: El Mostrador.

Con dos informes elaborados por exagentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la defensa en 10 de las 16 causas abiertas en el Caso Narcomaderas busca cuestionar la tesis de la Fiscalía Regional, según la cual los cargamentos de empresas exportadoras de maderas de la selva boliviana estaban impregnados con sustancias como clorhidrato de cocaína y ketamina.

• Los análisis fueron elaborados por James Craig Kuykendalle, exjefe de la DEA en Chile en 2001 y exsubdirector regional para la Región Andina en Colombia, y por Scott Richard Oulton, químico y exjefe forense de la División de Ciencias Forenses de ese organismo estadounidense.

Ambos reportes fueron incorporados a las causas abiertas contra las empresas Andina Forestal SRL, Bolprow SRL, Bolivia S.A., Expres Wood, Manurini Eco Import Export, Multipando, Siempre Verde, Maderera Zalles, Realwood SRL y Río Yata Madera Import Export S.R.L. Las investigaciones se mantienen bajo reserva como dispone la Ley de Drogas. En tanto, los exportadores pretenden con esta estrategia la liberación de los productos decomisados, ya que aseguran que no están impregnados de sustancias ilícitas y que su incautación les ha provocado grandes pérdidas económicas y un profundo daño reputacional.

Mientras tanto, el Ministerio Público ha sostenido públicamente que no existe la posibilidad de realizar un nuevo análisis a cargo de otro organismo, como la DEA, ya que considera válido el efectuado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Trazas no impregnación

De acuerdo con estos informes, no existe evidencia suficiente para sostener que las maderas incautadas correspondan a cargamentos de organizaciones de narcotráfico, ya que no se habría acreditado que fueron impregnadas con cocaína o ketamina. Según los reportes, el Instituto de Salud Pública (ISP) solo detectó «trazas» de entre un 5% y 10%, que podrían explicarse por distintas formas de contaminación, entre ellas el contacto humano o las condiciones de los lugares donde las maderas fueron elaboradas o acopiadas, y no necesariamente por una modalidad destinada a camuflar droga para su envío a distintos países.

En el documento de 23 páginas que elaboró el exjefe de la DEA en Chile, sostuvo –mediante adjetivos que distan de un informe técnico– que la investigación es el “resultado de un proceso de pruebas de campo defectuosas y de resultados de laboratorio que nunca confirmaron la impregnación de drogas, todo lo cual tuvo su origen en un modelo de IA o ‘algoritmo’. Nada de lo que he revisado respalda las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Arica”.

James Kuykendalle, con 36 años de servicio en la DEA, sostuvo que habría inconsistencias en los test rápidos MX908 aplicados a las maderas, ausencia de resultados positivos en esas pruebas y divergencias entre sus resultados y los análisis realizados por el ISP. A su juicio, este cuadro se ve agravado por el método utilizado.

Aun cuando el sistema penal chileno no contempla este tipo de peritajes alternativos al del ISP, el experto contratado por la defensa respalda la tesis de la parte boliviana de someter las maderas a una nueva pericia realizada por un «organismo externo».

Análisis de informe químico

El segundo informe fue elaborado por el químico forense Scott Richard Oulton, quien también trabajó durante 36 años en la DEA. El experto sostuvo que especies de las maderas incautadas, como ipé, cumarú y morado, están clasificadas como «no permeables», de acuerdo con el estándar de referencia del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo de Francia (CIRAD). Según explicó, esta característica “hace que la impregnación volumétrica con una solución narcótica, del orden de magnitud presuntamente afirmado por la Fiscalía, sea físicamente inverosímil; y cualquier narcótico impregnado en una madera de esta densidad y estructura ocluida sería, como mínimo, igualmente difícil de extraer nuevamente para su distribución”.

También el químico cuestionó la exactitud de la prueba de campo MX-908 que se utilizó en primera instancia, señalando que es “altamente sensible, no un instrumento confirmatorio, y está documentado en la literatura independiente publicada que presenta
tasas significativas de falsas alarmas y sensibilidad poco confiable a bajas concentraciones objetivo, y que es susceptible a contaminación por transferencia secundaria/terciaria proveniente de fuentes no relacionadas –un fenómeno documentado responsable de la detección de cocaína en la gran mayoría del papel moneda estadounidense en circulación”.

El experto señaló en su revisión de los antecedentes que “las declaraciones públicas atribuidas al fiscal regional de Arica y Parinacota –impregnación del 10%, 20% y 30%, un “promedio” del 20%, un 10% “conservador”, y un incremento proyectado del 30% al 40%– se traducen, aplicadas a las 1.200 toneladas métricas reportadas de madera incautada, en 120 a más de 500 toneladas métricas de narcótico. Ninguna de estas cifras es conciliable con el único techo de laboratorio que consta en el expediente (“inferior al 5%”); ningún método cuantitativo validado respalda ninguna de ellas, y en mi opinión profesional ninguna puede afirmarse adecuadamente”.

¿Destrucción o devolución?

El Caso Narcomaderas tiene un desafío para la Fiscalía Regional y también para las empresas madereras bajo sospecha. Por un lado, el organismo persecutor tiene apuro por tomar una decisión que permita la destrucción de los 58 contenedores que mantiene retenidos en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio. Para ello debe lograr una autorización de un juez de garantía que permita incinerar todo lo incautado y no seguir ocupando espacios en los tres terminales marítimos donde permanecen.

Por otro lado, están los empresarios bolivianos afectados por el comiso, quienes quieren que se les restituyan las especies, basados en los informes externos que contrataron.

Tribunal de Tacna condena a hermano del alcalde por tráfico de migrantes

Crédito imagen: cedida.

En menos de un mes, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas del Ministerio Público de Tacna obtuvo una condena contra el transportista Ricardo Vargas Pizarro (70), hermano del alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro. El hombre había sido detenido el 18 de agosto por personal de la Comisaría Rural de la Policía Nacional del Perú de La Concordia, acusado de favorecer el ingreso irregular a Perú de dos ciudadanos venezolanos, quienes viajaban acompañados de un niño peruano de 7 años, a través del Control Fronterizo Santa Rosa.

Pese a que el abogado tacneño del imputado, Alex Choquecagua, había logrado que Vargas quedara en libertad provisional el 20 de agosto mientras concluía el proceso investigativo, el jueves pasado se realizó el juicio oral sobre este caso. Allí el conductor fue sentenciado a una pena de tres años y ocho meses, la cual fue suspendida y se acotó a un plazo a tres años, estableciéndose como condiciones que el acusado no cometa nuevos delitos, la fijación de un domicilio ante el tribunal y comparecer cada 30 días al juzgado para su control biométrico.

La sentencia para Vargas incluyó, además, la inhabilitación por un año para desarrollar actividades relacionadas con el transporte de pasajeros por cuenta propia, una reparación civil de 2.000 soles ($557.818) a favor del Estado, y dispuso el comiso definitivo del vehículo KIA Sportage 2014, con el cual se pretendía trasladar a los ciudadanos extranjeros.

La Fiscalía de Tacna informó, a través de un comunicado de prensa, que logró esta condena, luego de conseguir el testimonio de uno de los venezolanos que fue sorprendido en el vehículo de Vargas, quien “declaró que el grupo provenía de Arica (Chile) y habría ingresado evadiendo el control migratorio, tras entregar 30 mil pesos chilenos a personal de seguridad de turno en la ‘rampa’ del complejo“.

En este proceso penal también fue condenado el guardia de seguridad del control fronterizo peruano, Herbert Mamani Pacci (41), quien recibió el pago y en cuyo morral fue hallado el dinero que, según reconoció el ciudadano venezolano, había desembolsado para evitar someterse al control migratorio. El vigilante se acogió a un juicio abreviado el 4 de septiembre, en el que fue sentenciado a 4 años, 8 meses y 21 días de prisión. La ejecución de la pena fue suspendida por tres años y, además, se dispuso su inhabilitación y el comiso de los $31.000 que le fueron incautados al momento de su detención.

De esta manera, quedó desestimada la versión que dio el abogado del hermano del alcalde, tras lograr su libertad provisoria el 20 de agosto. Según dijo a los medios tacneños, el chofer chileno nunca cometió ese ilícito y que su aprehensión se debió a una “confusión” cometida por la PNP. Al respecto, el jurista señaló que el transporte “lo hizo desinteresadamente, por tanto, no concurren elementos del delito de trata de migrantes. Han declarado los mismos agraviados (los pasajeros) que el señor Ricardo Elías no tiene nada que ver en esto. Los ciudadanos venezolanos dijeron que son ciudadanos formales en el Perú”.

Lo que nunca explicó el jurista es qué llevó a la pareja de venezolanos a no someterse al control migratorio peruano, si contaba con cédulas de identidad del vecino país para extranjeros. Ayer el abogado declaró a este medio que la sentencia “es completamente arbitraria, no tiene ningún fundamento probatorio. Digo esto porque el delito de trata de migrantes se configura cuando alguien lucra como consecuencia de un paso fronterizo irregular de un ciudadano extranjero en el Perú. En primer lugar, los ciudadanos no eran inmigrantes ilegales para el Perú, porque los dos inmigrantes tenían carnet de Extranjería reconocido por la autoridad peruana que les permitía ingresar libremente al Perú, por lo que no eran ilegales”.

El defensor agregó como argumento que Vargas“no tenía conocimiento de que no habían ingresado por el control de rayos X de la frontera, porque él no se encontraba allí, él se encontraba ya lejos en el estacionamiento, en su vehículo. Y en tercer lugar, lo más importante, no había ni una prueba que acredite que él ha cobrado o se ha beneficiado o iba a cobrar como consecuencia de trasladarlos humanitariamente a Tacna, ya que en realidad él lo hizo en un gesto de solidaridad familiar, porque el ciudadano venezolano es su cuñado, es el primo hermano de su actual conviviente y pareja”.

Esta no es la primera vez que Ricardo Vargas se ve involucrado en un caso penal. En 1993 fue detenido junto al mismo jefe comunal en el centro de Iquique, cuando transportaba más de dos kilos de cocaína. Por este caso, solo Ricardo Vargas fue condenado por tráfico ilícito de estupefacientes.

Aquí Arica requirió una versión del municipio, pero no hubo respuesta. La autoridad solo se refirió cuando su hermano fue detenido, indicando en un comunicado que “de comprobarse algún tipo de delito por parte de mi hermano, mi actitud será la de acatar las sanciones que la justicia peruana determine, si es que se demostrara la comisión de algún tipo de delito”.

Y si bien no hubo otras acciones comunicacionales formales desde el municipio sobre este caso, tras la liberación del imputado lo que sí hubo fue un despliegue en redes sociales de fans y cercanos al edil publicando posteos que tenían un relato jurídico repetitivo, tergiversando el hecho policial y dando a entender que el caso se cerraba sin ninguna sanción.

Posteo reproducido en Facebook.

Delegación Presidencial Regional pedirá sanción a organizadores de boda masiva en parcela del valle de Azapa

Crédito imagen: cedida.

Una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Arica presentarán durante esta semana la Delegación Presidencial Regional (DPR) y la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, a raíz de las irregularidades detectadas durante la boda masiva de los jóvenes agricultores aymaras Richard Poma Castro y Camila Mamani Mamani. La celebración se realizó el viernes y sábado en la Parcela Mamani, ubicada en el kilómetro 14,5 del valle de Azapa.

El elevado consumo de alcohol, los onerosos regalos en billetes de 10 mil y 20 mil pesos entregados a los novios, la concurrida asistencia a la presentación de la banda tropical argentina Agrupación Marilyn –que habría superado la capacidad del galpón agrícola dispuesto para el festejo–, las quejas de vecinos del sector y la falta de permisos exigidos por la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada, llevaron al delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, a anunciar la presentación de la denuncia. Se trata de la primera acción de este tipo adoptada por la autoridad regional respecto de una celebración tradicional de familias agrícolas aymaras pudientes de raíces bolivianas del valle.

“Esto no lo minimizamos. El viernes pasado cuando supimos de esta fiesta, solicité que se fiscalizara ingresando al lugar y que se hiciera un control preventivo de tránsito en el sector. Hoy (ayer) en la mañana pedí un informe al seremi de Seguridad Pública, porque si bien era un evento familiar, hoy tenemos toda la evidencia que está registrada de que esto excedió todo límite de evento familiar. Si se hizo en un lugar que tenia un aforo de 300 personas y llegaron 3.000, tenemos cómo denunciarlo; también si había consumo y venta de alcohol”, indicó.

El delegado señaló que el desborde de la boda se inició el mismo viernes, tras la ceremonia religiosa en la Catedral San Marcos, “ya que ocuparon la plaza Colón para un cóctel masivo, el que no sabemos si fue autorizado por la Municipalidad de Arica. Tenemos entonces la evidencia y ya tomamos la decisión de denunciar y querellarnos si es factible. Lo más probable es que esto termine en una multa. Tenemos que dar una señal y no dejarlo impune, porque se vulneró la normativa que regula la realización de eventos masivos”.

Sayes dijo que el Convenio N° 169 sobre los derechos de pueblos indígenas y tribales “no puede ser el amparo para situaciones como la que vivimos. Respetamos las tradiciones de los pueblos indígenas, pero nadie está por sobre la ley. Aquí se afectó a todo un sector donde no solo residen familias indígenas y se las expuso a un riesgo y a molestias cuando personas transitan y salen de esa fiesta con exceso de consumo de alcohol”.

La decisión de denunciar adoptada por la autoridad se basaría en el artículo 64 de la Ley N° 21.659, que dispone que no solo los eventos masivos se categorizan por reunir a más de tres mil personas, sino aquellos que “aun cuando su concurrencia estimada sea inferior a 3.000 personas, se considerarán también eventos masivos, y quedarán sujetos a esta ley aquellas actividades que, por sus características específicas, requieran, en su organización y desarrollo, la adopción de medidas especiales tendientes a evitar riesgos para la integridad de sus asistentes o bienes, así como alteraciones a la seguridad o el orden público, o cuando se efectúen en lugares que no están destinados en forma permanente a la realización de eventos masivos”.

La performance de los llamativos matrimonios de agricultores del valle de Azapa se mostró en pleno durante dos días y fue transmitida por Facebook por la Productora Audiovisual Emperador. Allí se pudo ver la fastuosidad que caracteriza a estas fiestas, a pesar de la crisis que alegan por la presencia de la Mosca de la Fruta. Una vez más el principio del “Ayni”, es decir, el “hoy por ti, mañana por mí”, hizo que distintas familias aymaras llegaran como “padrinos” para colaborar con el financiamiento del festejo, con el compromiso de que será retribuido en igual forma cuando les toque su turno al donante o a uno de sus hijos.

Con bandas de bronces, bailando morenadas y usando polleras, sombreros y ternos con colores vivos, varios clanes llegaron con billetes de 20 y 10 mil pesos prendidos en arcos y se los entregaron a los festejados, así como brindaron con ellos ofreciéndoles tragos de distinto tipo en copas delicadamente adornadas.

Conforme fue avanzando la hora y se sucedían las presentaciones de los distintos grupos de cumbia, contratados por matrimonios aymaras que se ofrecieron como padrinos, el interés creció entre los ariqueños por asistir al evento. El peak se produjo el sábado con la presentación de la banda de cumbia argentina Agrupación Marilyn.

Mientras la productora audiovisual Emperador transmitía la celebración en vivo, numerosos usuarios preguntaban a través de las redes sociales cómo podían ingresar al recinto. Desde la transmisión se les indicaba que escribieran “por interno”. Una fuente señaló, además, que en Putre las invitaciones continuaron repartiéndose hasta el mismo viernes, mientras la actividad era difundida reiteradamente en las cuentas de Facebook de los novios, sus familiares y las productoras que participaron en el montaje y la filmación.

La transmisión del matrimonio azapeño también generó sorpresa entre parte de los usuarios ajenos a estas tradiciones andinas. En distintos grupos de Facebook aparecieron comentarios sobre elementos característicos de la celebración, como los arcos confeccionados con billetes que llevaban algunos participantes alrededor del cuello y las cajas de cerveza Corona apiladas en el recinto. Otros usuarios hicieron notar la presencia de asistentes aparentemente bajo los efectos del alcohol y la gran cantidad de vehículos estacionados en el espacio habilitado para recibirlos.

En redes sociales también circularon imágenes de un hombre que aparentemente cumplía funciones de seguridad y portaba un arma en el cinto. Según se pudo advertir durante la transmisión, la seguridad del evento estuvo a cargo de la empresa Equipo de Seguridad Espartanos.

Crédito imagen: cedida.

Los guardias mantuvieron controlado al público que llegó al recinto y también resguardaron el dinero que circuló durante la celebración, especialmente el dispuesto en los arcos que los padrinos entregaron a los novios bajo el nombre de «el cariño». Los obsequios fueron registrados por los novios en un cuaderno, que les permitirá recordar a quiénes deberán retribuir cuando, a su vez, celebren sus propios matrimonios.

Algunos representantes de productoras de eventos locales también plantearon críticas a la pasividad que mostraron las autoridades respecto de este evento masivo. Uno de ellos señaló a este medio que “sorprende que la autoridad que también nos fiscaliza y esté pidiendo varias condiciones para autorizar eventos, no haya exigido una directiva de funcionamiento, permisos sanitarios y que el local tuviese todos los permisos para funcionar. No se puede argumentar que por ser una fiesta privada, esté exenta de cumplir la ley. En esa actividad circuló alcohol y mucho dinero, además llegaron más de 10 grupos extranjeros a tocar. ¿Habrán tenido los permisos migratorios para trabajar en Chile? Cabe la duda por qué la autoridad fue tan permisiva”.

Del dinero finalmente recaudado, aún no se conoce la cifra que arrojó el “Recuento”, una jornada íntima y familiar realizada el domingo para contabilizar los billetes que les fueron prendados a los novios. La celebración recordó otros memorables matrimonios andinos en los que se presentaron artistas y grupos invitados como Modern Talking, Américo y Noche de Brujas.

Escudo Fronterizo: camioneta cargada con cátodos de cobre y ropa usada queda destruida al detonar dos minas en Hito 16

Crédito imagen: cedida.

Dos explosiones sucesivas se sintieron con intensidad incluso en el centro de Arica pasadas las 23:25 horas del domingo 13 de septiembre. A los pocos minutos, una patrulla del Ejército apostada en el Puesto de Observación Fronteriza (POF) Beta, en Pampa Concordia, activó un dron de reconocimiento para inspeccionar el sector fronterizo con Perú. Las imágenes permitieron advertir que una camioneta Ford F-150, con patente chilena, había quedado completamente destruida, tras ingresar a un campo minado a la altura del Hito 16 y detonar dos minas antitanque.

Hasta el cierre de esta edición, aún no había sido posible establecer si el vehículo ingresó al lugar con un conductor o si fue lanzado sin ocupantes hacia el campo minado, eventualmente para comprobar la existencia de los artefactos explosivos. Si bien el sector se encontraba debidamente cercado y señalizado con letreros de advertencia, en terreno se constató que el cerco había sido cortado y que también había sido removida una barrera táctica construida con alambre de púas y maderos cruzados. En el lugar quedaron las huellas de las dos explosiones que destruyeron primero el pick-up y luego la cabina, además de rastros de otros vehículos que se dirigían hacia Perú.

Crédito imagen: cedida.

La Fiscalía Local de Frontera de Arica encomendó a la Brigada de Homicidios de la PDI investigar los hechos que pusieron en jaque al Escudo Fronterizo, implementado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en las fronteras con Perú y Bolivia para enfrentar el crimen organizado, la migración irregular y delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.

La camioneta, de propiedad de Yanett Mamani Gómez, con domicilio en Alto Hospicio, se dirigía hacia Perú con un cargamento de cátodos de cobre presuntamente sustraídos a una minera de la zona norte, además de fardos que contendrían ropa usada.

Según antecedentes recopilados por Aquí Arica, el vehículo había ingresado a Chile el mismo domingo, cerca de las 17:00 horas, por el Complejo Fronterizo Chacalluta, ocupado por dos ciudadanos peruanos. Uno de ellos, identificado como Carlos Valencia Félix, regresó a Perú pocos minutos después de las explosiones, cerca de la medianoche, a través del Control Fronterizo Santa Rosa. Del segundo, Juan Carlos Mamani Chambilla, no existiría registro de retorno al vecino país.

A partir de estos antecedentes, las pesquisas policiales indagarían si este último pudo haber conducido la camioneta al momento de las explosiones. A ello se suma que registraba causas por contrabando en Chile.

El delegado presidencial Cristian Sayes acudió al sector fronterizo junto a la fiscal de Frontera, Paulina Brito. En el lugar verificó el trabajo realizado por la Unidad de Desminado del Ejército, cuyo personal especializado debió habilitar un pasillo para que efectivos policiales llegaran hasta el móvil siniestrado. La faena fue compleja, dado que alrededor fueron detectadas minas antitanques activas.

“El trabajo ha sido complejo y muy bien coordinado. Esto demuestra que tenemos a todas las instituciones trabajando colaborativamente en la protección de nuestra frontera. El incidente demuestra que los delincuentes están buscando nuevas rutas. Lo importante es que durante nuestro Gobierno se ha reforzado la vigilancia de nuestras fronteras con medidas de contramovilidad como la zanja y los tetrapodos, además de personal del Ejército y Carabineros y tecnología”, expuso.

La autoridad gubernamental explicó que es muy probable que bandas ligadas al contrabando de cátodos de cobre y de ropa usada “estén probando otras rutas, dado que hace unos meses fue desbaratada una banda que se estaba dedicando al envío de cobre robado a China. Es muy probable que estén intentando ir por los puertos del sur del Perú, cruzando la frontera, y para eso han estado haciendo intentos de llegar con la mercancía hasta la frontera peruana donde no hay vigilancia permanente del Ejército como la tenemos aquí”.

Este es el segundo intento, en menos de un mes, de vehículos vinculados al contrabando por desplazarse por la zona de campos minados a la altura del Hito 16, donde también se encuentra la zanja construida este año hasta el Hito 14.

El pasado 21 de agosto, un grupo que se desplazaba en dos vehículos disparó contra una patrulla militar que lo sorprendió en el sector. En el lugar abandonaron otra camioneta Ford F-150 cargada con cátodos de cobre y ropa usada, mientras sus ocupantes huyeron en dirección a Arica en un vehículo más pequeño que circulaba junto a ella. Aunque en el sitio se encontraron rastros de sangre, hasta ahora no se conocen avances en esa investigación.

SEREMI DE SALUD SE REPITE EL PLATO. Definitivamente, no hay cuadros políticos nuevos para asumir los cargos de Gobierno que permanecen vacantes en el Gabinete Regional. La semana pasada fue presentada como nueva secretaria regional ministerial de Salud la tecnóloga médica Beatriz Chávez, quien ya había ejercido el mismo cargo durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La profesional mantuvo resguardado el cargo a contrata que desempeñaba antes de asumir temporalmente como autoridad política, pese a que la normativa establece restricciones para conservar este tipo de puestos al asumir cargos de exclusiva confianza. El precedente fue seguido posteriormente por la seremi de Salud del Gobierno anterior, Marta Saavedra (PS), quien el 11 de marzo reasumió la jefatura del Departamento de Salud Pública.

De esta manera, el Partido Republicano perdió un cupo dentro del Gabinete Regional, tras la salida de la seremi de Salud Karla Kepec, quien dejó el cargo luego de publicar un aviso para cubrir dos puestos de tecnólogos médicos en la Seremi dirigido exclusivamente a militantes republicanos

Llegamos al final de nuestra edición predieciochera. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.