Alcaldes se rebelan contra reglamento de Seguridad Municipal: acusan amenaza de destitución

Un frente transversal de alcaldes se abrió contra el Gobierno por el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Jefes comunales desde RN y la UDI hasta el Frente Amplio y el PS cuestionaron una disposición que podría vincular una infracción administrativa con una causal de cese del alcalde y acusaron que una materia de esa magnitud no puede establecerse mediante un decreto.

La controversia se encuentra en el decreto supremo que el Ejecutivo ingresó el pasado 2 de septiembre a la Contraloría y que reglamenta la nueva legislación.

La norma establece que corresponderá a cada municipalidad verificar el cumplimiento de los requisitos antes de designar al director de Seguridad Pública o nombrar a los inspectores de Seguridad Municipal.

El punto que encendió las alarmas entre los municipios aparece inmediatamente después. El reglamento señala que una infracción a esa obligación dará lugar a una sanción administrativa y agrega que podría configurar, en el caso del alcalde, la causal de cese contemplada en el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente, Felipe Alessandri (RN), fue uno de quienes salieron a cuestionar la disposición, pese a recalcar su respaldo a la agenda de seguridad del Ejecutivo. “Quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error”, sostuvo.

Para Alessandri, “no corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente”.

“Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto”, agregó.

El jefe comunal también cuestionó que una disposición de esa magnitud llegara a Contraloría sin un trabajo previo suficiente con las asociaciones municipales. “No basta con informar o escuchar formalmente a los municipios si sus observaciones finalmente no quedan reflejadas”, afirmó.

Desde Santiago, Mario Desbordes (IND) fue todavía más categórico respecto de la legalidad de la fórmula. “Es absolutamente inconstitucional que esto esté en un reglamento”, señaló en 24 Horas. El alcalde sostuvo que una medida de ese tipo debería establecerse en una norma con el estándar de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y aseguró que “hay un error del Gobierno en dónde lo plantea”.

Desbordes también calificó la sanción como “una exageración” y aseguró que los alcaldes no fueron consultados.

“Por supuesto que abre un flanco con los alcaldes, que hay molestia, porque ¿cuáles son las causales de cesación de funciones de los parlamentarios, de los ministros, de otras autoridades? Casi cero. Constantemente se agregan contra los alcaldes”, cuestionó.

El exministro ejemplificó su reparo comparando las responsabilidades exigidas a los municipios con las existentes dentro del propio Ejecutivo: “¿El equipo de asesores presidenciales que está a cargo de la designación de los seremis pierde el cargo si se le cae un seremi por tener un problema de antecedentes? No (…) no entiendo esta propuesta”.

Desbordes anticipó, además, que la Contraloría podría objetar la disposición. “Tiene que corregir eso, evidentemente. Conociendo el estándar que tiene la Contraloría (…) es bien probable que eso sea rechazado”, afirmó.

Las críticas también llegaron desde el Frente Amplio. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que el propósito de la Ley de Seguridad Municipal debería ser fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y “no amenazar con quitarles autonomía”.

“Por supuesto que se nos debe exigir responsabilidad en esta materia, y sancionar debidamente cuando eso se incumpla. Pero preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente”, señaló.

Vodanovic cuestionó además que los municipios se enteraran de la disposición a través de la prensa y “sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes”, y pidió una aclaración del Ejecutivo.

En Providencia, Jaime Bellolio (UDI) también habló de un problema constitucional. “Aquí hay un problema técnico grave. Y no es primera vez”, sostuvo a Emol.

Para el alcalde, “es inaceptable e inconstitucional pretender destituir a alcaldes mediante decreto, imponiendo una causal que no es parte de la potestad reglamentaria, sino que debiera ser expreso en una Ley Orgánica Constitucional”.

Bellolio pidió que Contraloría observe la disposición y permita corregirla para concentrar la implementación de la ley en la protección de los patrulleros municipales.

Desde Quinta Normal, Karina Delfino (PS) calificó la decisión como un “error gravísimo” del Ejecutivo.

“Pretende vía reglamento tomar atribuciones que no corresponden. Eso es inconstitucionalidad pura. Es sorprendente, amenazante y no tiene nada que ver con la necesidad de fortalecer a los municipios en su rol preventivo, que era la idea matriz de la Ley de Seguridad Municipal”, sostuvo.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (IND), se sumó a los reparos y planteó que “las reglas deben ser claras y respetar la Constitución”.

“No podemos permitir que una decisión administrativa termine afectando la voluntad de los vecinos que eligieron a su alcalde”, afirmó, llamando al Gobierno a corregir ese punto del reglamento.

La controversia escaló también a la Asociación Chilena de Municipalidades. La entidad liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (IND), manifestó su “sorpresa” y aseguró que la disposición nunca fue socializada con las asociaciones ni con los propios jefes comunales.

La organización sostuvo que la norma “reviste claros elementos de ilegalidad, en la medida que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse por la vía de un reglamento”.

Ante el rechazo transversal, la asociación solicitó retrotraer la presentación del reglamento ante Contraloría, eliminar la cláusula cuestionada y elaborar una nueva propuesta en conjunto con los municipios.

El rechazo también llegó al Congreso. El senador Fidel Espinoza acusó al Ejecutivo de “establecer por decreto una causal de destitución de alcaldes” y calificó la situación como “muy grave”. “Insisten una vez más en saltarse el Congreso y la Constitución”, afirmó. El parlamentario sostuvo que “esto ya no es un error más, sino un actuar permanente de un Gobierno iliberal que desconoce la democracia y las leyes”, y emplazó a La Moneda a retirar el reglamento que se encuentra en trámite de toma de razón ante la Contraloría.