Ferrocarril Arica-La Paz: la gran deuda de la visita de Estado a Bolivia

¡A arreglar los techos que se viene El Niño! Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasará las próximas semanas en el Norte Grande, pero corre fuerte el rumor de que este evento climático va a ser intenso con precipitaciones en la costa y la precordillera. Dado ese panorama probable, lo conveniente sería arreglar los techos planos y sin pizarreños que caracterizan a las casas en Arica y limpiar los escasos colectores de aguas que hay en la ciudad.

Se sabe que las autoridades iniciaron tímidamente la concientización de lo que viene, ya que no quieren generar alarma en la población. El punto es si realmente existen planes y equipamiento suficiente para atender emergencias como las ocurridas hace dos semanas en Santiago y si la Cuesta Camarones, que nos conecta con el resto de Chile, resistirá los escurrimientos de aguas. Un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) la sitúa como un punto de riesgo de remoción en masa.

Mientras eso se despeja, esta semana se llevará a cabo el balotaje en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá (FEUT). El domingo en la madrugada despertamos con un joven fallecido al estilo de los ajusticiamientos de la banda de “Los Gallegos”. El auto que conducía, estacionado a un costado de la Piscina Olímpica por el sector de la playa Chinchorro, fue acribillado. Como resultado de esta acción, su acompañante quedó vivo, pero en estado grave.

La semana ha estado noticiosa, así es que vamos directo al resumen de lo que trae esta edición:

• La primerísima nota repasa los temas no abordados en los acuerdos suscritos por los presidentes de Chile y Bolivia, relacionados con la reactivación del Ferrocarril de Arica a La Paz, la restitución del predio El Lastre y la ausencia de un protocolo para la recuperación de los autos robados en Chile que han sido incautados en el vecino país.

• En el segundo artículo incluimos los detalles de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por una arista del Caso de Corrupción de Bienes Nacionales y que involucra como imputados al juez del Segundo Juzgado de Letras, Gonzalo Quiroz Espinoza, al receptor judicial Luis Bardi Farfán y al consultor Carlos Falcón Arredondo –acusado en la causa matriz– por los delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de instrumento público, presentación de prueba falsa en juicio y soborno.

• También en esta edición les contamos en qué va el caso Narcomaderas. Para hoy está prevista una audiencia de cautela de garantías, en la que se buscará determinar la legalidad de la incineración de los 48 contenedores con madera incautada por parte del Servicio de Salud de Arica y evitar la destrucción de otros 13 que permanecen en los puertos de Valparaíso y San Antonio.

• ¡Una buena noticia para frenar el robo de vehículos! Después de dos años de gestiones, la Municipalidad de Arica logró conectar los dos pórticos lectores de patentes a las bases de datos de vehículos robados que poseen ambas policías bajo el sistema SITIA.

• Y cerramos con la nota sobre la inauguración del Festival de Cine “Arica Doc”, que se realizará este viernes y se extenderá por nueve días.

Antes de comenzar la lectura, vaya por un melón tuna cultivado en nuestros valles y hágase un juguito fresco, ya que el calor a esta hora es bastante. No se olvide también de invitar a nuevos lectores a que se inscriban gratis en nuestro newsletter y así puedan disfrutar la edición que publicamos cada martes.

Las deudas de la cita Chile-Bolivia: reactivación del tren, restitución de El Lastre y la devolución de vehículos robados

Crédito imagen: El Mostrador.

No habían terminado de darse la mano los presidentes José Antonio Kast, de Chile, y Rodrigo Paz, de Bolivia, en el marco de la primera visita de Estado de un presidente chileno en 71 años a Bolivia, cuando tres deudas históricas de Arica comenzaron a pasar la cuenta.

Las primeras voces surgidas en Arica manifestaron su insatisfacción con los cinco acuerdos bilaterales suscritos, relativos a la modernización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N.º 22; los estudios para establecer un corredor terrestre de fibra óptica entre Arica y Charaña; la segunda fase del estudio para una futura interconexión eléctrica entre Bolivia y Chile; la cooperación en exploración y geología, el intercambio de información geocientífica pública y la inversión en proyectos e infraestructura minera; y la integración económica y comercial, la conectividad física y portuaria y la facilitación del libre tránsito.

A estos acuerdos se suma el impulso al proyecto OSA II en Arica, que contempla la ampliación del oleoducto para importar combustibles destinados a Bolivia.

El primero en abrir los fuegos fue el diputado DC Jorge Díaz Ibarra, quien advirtió que los cinco acuerdos suscritos entre Kast y Paz no contemplaron la reactivación del Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), la restitución del terreno de 3,5 hectáreas entregado en comodato a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que la empresa no utiliza y que está ubicado en la intersección de las calles Azolas y Diego Portales, ni un protocolo que permita agilizar la devolución de los vehículos chilenos robados que permanecen en comisarías de la Policía Boliviana.

“Está bien avanzar, pero con una hoja de ruta clara que consideren a nuestra región. Los acuerdos suscritos por los presidentes Kast y Paz no consideraron a Arica. La Cancillería mantuvo su línea de acción de ofrecer a Arica como una zona de sacrificio. Da la sensación de que se complace a Bolivia con lo que quiere, pero no se atienden las demandas que son de interés en la Región de Arica y Parinacota y que tienen que ver con su desarrollo”, expuso el parlamentario.

Díaz recordó que cuando era gobernador regional conoció de las gestiones de la Cancillería chilena para lograr la devolución del terreno El Lastre, “pero veo que ahora con el Gobierno actual este interés ha desaparecido. Es más, vi hace unas semanas al gobernador regional emplazando a la Cancillería para que se pusiera los pantalones con la devolución de los autos robados y ahora que viajó en la delegación oficial no logró nada. Creo que más que videos emplazando a las autoridades, hay que ser efectivos en la gestión de los temas que a Arica le importan y nos ser complacientes con la agenda que le interesa al Gobierno de hacer aparecer este encuentro como un gran hito, pero que deja grandes interrogantes sobre sus efectos en Arica”.

El legislador comentó acerca de la urgencia de suscribir un protocolo para lograr la restitución de los autos robados que han sido incautados por la Policía Boliviana, dado que en 2023 solo se logró que fueran devueltos 23 móviles, y hay cientos de familias esperando que haya un procedimiento claro para recuperar aquellos que aún permanecen en suelo boliviano.

Del mismo modo, señaló que debe reclamarse con fuerza la reactivación del Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), ya que este modo de transporte “permitirá descongestionar la Ruta Internacional 11 Ch donde han ocurrido episodios ambientales con los camiones bolivianos cargados con combustibles, minerales y otras mercancías dentro de un área silvestre protegida. Bolivia le pidió a Chile mantener operativo el tren y lo está. Entonces, llegó el momento de que reactive sus vías para que podamos tener una alternativa que sea menos invasiva y riesgosa en el transporte de sus cargas”.

A quien tampoco le gustaron los acuerdos suscritos en Bolivia fue al diputado liberal Luis Malla Valenzuela. El parlamentario coincidió con Díaz respecto de la ausencia de asuntos como la reactivación del tren binacional y la devolución de El Lastre.

“Los temas que realmente importan a Arica siguen quedando fuera de la mesa. ¿Qué pasó con la reactivación del ferrocarril Arica–La Paz? ¿Qué pasó con la devolución de El Lastre que Bolivia mantiene en nuestro territorio? Es inaceptable que se pretenda condicionar la devolución de ese material a la entrega de terrenos para ampliar el oleoducto, pasando por alto las exigencias de nuestra legislación medioambiental”, afirmó.

También afirmó que “la soberanía de Chile y la protección de nuestro territorio no son moneda de cambio. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas claras del Gobierno boliviano frente a los vehículos robados en Chile que terminan comercializándose abiertamente en Bolivia. La buena relación entre países no puede construirse sobre el silencio ni las concesiones unilaterales. Exigimos al Gobierno de Chile que defienda los intereses de Arica y Parinacota. Queremos acuerdos concretos, reciprocidad y respeto. ¡Arica no puede seguir pagando el costo de una diplomacia que se olvida de su propia frontera!”.

Gobernador en cita bilateral

Un testigo privilegiado de los acuerdos suscritos con Bolivia fue el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN). La autoridad acompañó a Kast a La Paz, junto a los gobernadores regionales de Tarapacá y Antofagasta.

Paco reconoció que no hubo foco específico sobre Arica en los memorandos firmados, “pero sirvió para poner en conocimiento el caso del robo de los vehículos que no solo ocurre en Arica, sino que en Chile y en toda la macrozona norte. El segundo tema que planteamos fue la recuperación del terreno de El Lastre que lleva más de cinco décadas en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Lo hice presente de manera directa al Presidente Rodrigo Paz, tomando en consideración que estas confianzas que se generan son con un ánimo de siempre poder avanzar… Necesitamos ese terreno donde podremos construir, edificar con fondos públicos para poder dejar infraestructura a la comunidad”.

Paco dijo que en las conversaciones estuvo la puesta en marcha del corredor bioceánico y que planteó al ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora Liebers, la reactivación del tren de Arica a La Paz.

El gobernador informó que en la cita bilateral se reunió también con los gobernadores de La Paz, Oruro y Potosí, quienes fueron convocados por el Gobierno del vecino país a ese encuentro para avanzar en una agenda común de desarrollo económico, a través de un Comité de Trabajo.

Paco confirmó que hay una solicitud de YPFB al Ministerio de Bienes Nacionales para que le sean cedidos terrenos que serán utilizados en la ampliación del oleoducto Sica Sica. El proyecto pretende ampliar la tubería existente para la importación de combustibles hasta Bolivia, con el fin de eliminar el uso de camiones aljibes que se abastecen en el Terminal Terrestre Sica Sica, ubicado en la calle Renato Rocca.

“No podría asegurar que Bolivia está condicionando la entrega de El Lastre a cambio de estos terrenos. No lo escuché en este encuentro, pero sí que son muy conscientes de que ese terreno ya no lo están utilizando, que está desconectado del oleoducto y que lo están evaluando”, expuso.

Caso Bienes Nacionales: CDE da golpe y presenta querella contra juez y receptor judicial por loteo irregular

Crédito imagen: El Mostrador.

Tras conseguir la aprobación del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Procuraduría Fiscal de este organismo en Arica y Parinacota interpuso una querella criminal en contra del juez del Segundo Juzgado de Letras, Gonzalo Quiroz Espinoza, el receptor judicial Luis Bardi Farfán y el consultor Carlos Falcón Arredondo por los delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de instrumento público, presentación de prueba falsa en juicio y soborno, que habrían sido cometidos en la tramitación de una causa sobre deslindes de un predio de la “Cooperativa Agrícola Valles Hermosos” durante el 2023.

La acción criminal fue interpuesta luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) descubriera una arista relacionada con el juez Quiroz –marido de Paulina Ortuño Fariña, abogada de la Dirección General de Gabinete de la Universidad de Tarapacá (UTA)– en la investigación que lleva la Fiscalía Regional del Ministerio Público por los ilícitos detectados en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

El caso estalló en septiembre del año pasado, tras una denuncia presentada por el entonces seremi de la cartera, Rodrigo Díaz Bogdanic. En el marco de esta investigación, el Ministerio Público presentó una acusación contra 16 personas, entre ellas, exfuncionarios de la Seremi y de la Municipalidad de Arica, el director regional subrogante del Servicio de Patrimonio (SERPAT) y consultores particulares. En esa misma causa, al consultor Falcón se le imputaron 16 hechos de soborno y el delito de asociación ilícita.

Pese a tener desde hace dos años un completo informe de la PDI que advertía sobre los ilícitos que habrían cometido el magistrado junto al receptor judicial y el consultor en la tramitación de un loteo irregular, la Fiscalía Regional aún mantiene estos antecedentes sin ser formalizados en una investigación. Según trascendió, dos fiscales se habrían inhabilitado de tomar el caso, argumentando que tenían lazos de amistad con el magistrado.

El fiscal regional Mario Carrera Guerrero señaló que para este caso nombró al fiscal jefe Rodrigo González Vega. “Nosotros seguimos investigando, hay varias diligencias encargadas que están pendientes. La querella presentada por el CDE es en base a los antecedentes que la Fiscalía les envía al Consejo. Y la decisión la tomó el Comité Penal del CDE en Santiago”, expuso.

El CDE habría decidido presentar la querella en un momento clave: cuando se acerca la definición del sumario administrativo contra el juez y el receptor judicial, iniciado a raíz de una publicación de Aquí Arica que advirtió sobre una arista del caso de corrupción (ver nota). A ello se suma la molestia del organismo por no haber sido informado con antelación de estos antecedentes en 2024.

La investigación administrativa está a cargo del fiscal judicial Juan Escobar Salas, quien deberá informar a la Corte de Apelaciones de Arica para que esta determine si corresponde aplicar sanciones a los dos funcionarios judiciales.

Informe policial clave

La querella del CDE se basó en el Informe Policial N° 20240103526/00244/302 del 22 de febrero de 2024. En el documento, la PDI reveló a la fiscal Paulina Brito Doerr que existían varios audios de conversaciones telefónicas interceptadas, en las que aparecía el juez Quiroz proponiendo alternativas para resolver el problema de los deslindes de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos con el consultor Carlos Falcón y el abogado particular de la entidad y receptor judicial, Luis Bardi Farfán, con el fin de ingresar una causa en su tribunal.

Extracto del audio de conversaciones del juez con el consultor.

Al respecto, la querella sostiene que “las comunicaciones revelan que el magistrado Gonzalo Quiroz Espinoza no solo mantenía contacto informal con Luis Bardi y Carlos Falcón, sino que además participaba activamente en la definición de la estrategia procesal que debía emplearse, indicando la naturaleza de la prueba que debía presentarse, la forma en que esta debía incorporarse al proceso e, incluso, sugiriendo mecanismos para superar los obstáculos legales existentes, infringiendo con ello los deberes propio de su cargo de juez, específicamente la norma el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales que establece al juez la obligación de abstenerse de expresar y aun de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por ley son llamados a fallar, debiendo incluso abstenerse de dar oído a toda alegación de las partes, o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, que intenten hacerles fuera del Tribunal”.

Adicionalmente, se señala que “las conversaciones entre Luis Bardi Farfán y Carlos Falcón evidencian que ambos actuaban sobre la base de instrucciones previamente entregadas por el juez Quiroz, quien habría manifestado expresamente que la solicitud sería acogida siempre que los antecedentes provinieran de determinada persona (Carlos Falcón) y se presentaran bajo una forma específica (informe pericial). La coordinación detectada resulta particularmente grave si se considera que el magistrado
ya había conocido y rechazado dos procedimientos anteriores referidos al mismo inmueble, habiendo establecido en dichas oportunidades que los antecedentes aportados no permitían acreditar la superficie ni los deslindes cuya declaración se perseguía”.

En su línea argumental, el CDE reprodujo varias escuchas telefónicas de los involucrados que fueron reportadas por la PDI. En una de las conversaciones, el abogado de la cooperativa, Luis Bardi, expuso que habría logrado que el juez le señalara un camino para lograr un fallo favorable, contratando para ello una asesoría técnica y topográfica con el cartógrafo Carlos Falcón. Todas estas gestiones, incluyendo el pago de $6 millones al consultor Falcón, quedaron registradas en numerosos llamados telefónicos captados a través de intervenciones que se realizaron al número del profesional mientras se investigaban las irregularidades denunciadas en la Seremi.

Las escuchas telefónicas dejaron al descubierto un plan para conseguir una sentencia que permitiera la inscripción de la superficie del predio para pasar a una segunda etapa, consistente en la subdivisión de 10 lotes de la propiedad en cuestión. Esto, a sabiendas de que el terreno ya se encontraba subdividido mediante varios muros en su interior. En el informe policial se reveló que, de no conseguir la aprobación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a esa parcelación, el camino sería llevar la controversia al tribunal del magistrado, quien era conocido por fallar en contra de los entes fiscales que reclaman deslindes a nivel judicial.

Finalmente, en la investigación policial se acreditó que el 17 de enero de 2024, el magistrado Quiroz dictó sentencia favorable a la inscripción del predio, bajo las condiciones que se revelaron en las múltiples escuchas telefónicas interceptadas en 2023. El proceso incluyó mediciones realizadas al terreno por el topógrafo Christopher Malebrán Hidalgo, funcionario de la Seremi de Bienes Nacionales hasta 2023, quien también es acusado en la causa por delitos de corrupción pública. Por ello, como conclusión, la policía civil sugirió a la Fiscalía que las conductas desplegadas por el juez se enmarcarían dentro del delito de prevaricación, tipificado en los artículos 223 y 224 del Código Penal, es decir, la emisión a sabiendas de fallos contrarios a la ley.

Diligencias solicitadas

El CDE solicitó 14 diligencias en la querella. Dentro de estas pidió oficiar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que informe si hay reportes de operaciones en efectivo o de operaciones sospechosas de los querellados, sus sociedades y
su entorno familiar. Además, emitió una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI para determinar si es que hay conductas que puedan configurar delitos de lavado de dinero.

Asimismo, solicitó que se investigue “la eventual existencia de pagos, transferencias, depósitos, entregas de dinero, beneficios económicos o incrementos patrimoniales injustificados relacionados temporalmente con las actuaciones judiciales investigadas, requiriéndose –previa autorización judicial en los casos legalmente exigibles– los antecedentes bancarios, financieros y tributarios pertinentes”.

Y del mismo modo, el CDE pidió que, previa autorización judicial, se obtengan y analicen los registros de tráfico de llamadas y comunicaciones electrónicas existentes entre los involucrados durante el período relevante, estableciendo frecuencia, oportunidad y secuencia temporal respecto de las actuaciones judiciales.

También requirió una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el predio, al que se le ajustaron los deslindes por estar en controversia la sentencia que los redefinió.

Caso Narcomaderas: audiencia judicial verá si fue legal la quema de la evidencia en Arica

Crédito imagen: El Mostrador.

Expectantes. Así están las defensas de dos de las 23 empresas bolivianas cuyos cargamentos de madera proveniente de la selva fueron incautados por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota entre octubre del año pasado y abril de este año. El operativo fue calificado como de alcance «mundial» por la Fiscalía, luego de que análisis realizados por el Instituto de Salud Pública (ISP) detectaran trazas de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, ketamina y cafeína en la carga.

La atención de los defensores está puesta en la audiencia de cautela de garantía que se se realizará hoy en el Juzgado de Garantía de Arica. Esta diligencia fue conseguida por los abogados Daniel Guevara Cortés y el exfiscal Alejandro Peña Carreño, que representan a dos grupos de exportadoras del vecino país cuyos cargamentos fueron retenidos por sospechas de narcotráfico bajo la modalidad de “impregnación” de droga en las maderas.

• La diligencia abordará la solicitud de las defensas, que buscaban suspender la quema de los 48 contenedores que almacenaban 1.265 toneladas de madera incautada. La incineración fue realizada por el Servicio de Salud de Arica, que invocó la obligación legal de destruir la droga incautada, establecida en la Ley N.º 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.

Si bien la carga decomisada en el puerto de Arica fue destruida por completo tras 12 jornadas de incineración realizadas entre agosto y octubre en un predio de Pampa Ossa, la resolución del tribunal genera expectación porque también podría incidir en el resguardo de otros 13 contenedores con madera incautada que permanecen en los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Tal como informó Aquí Valparaíso en su edición de este lunes (ver nota), las autoridades de la Delegación Presidencial y del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio estarían afinando los detalles para incinerar esa carga. Sin embargo, el proceso se habría detenido tras la recepción de un oficio de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, mediante el cual solicitó paralizar la destrucción de la madera. Ese mismo requerimiento fue enviado al Servicio de Salud de Arica, pero allí no fue atendido.

El defensor Daniel Guevara Cortés expuso que en la audiencia “no se va a discutir el tema de la decisión de no perseverar del fiscal o el cierre del caso. Sin embargo, podría ser un muy buen avance y además dejar ya en evidencia, a través de la solicitud por el tribunal de las actas de quemas, que estas habrían ocurrido con posterioridad a la comunicación del fiscal de los días 21 y 22 de septiembre al Servicio de Salud de Arica Parinacota. Esta audiencia fue solicitada, atendido de que todavía hay evidencia de quemas de las cargas en San Antonio y Valparaíso”.

Dado que no se pudo evitar la incineración de la carga decomisada en Arica, Guevara confirmó que su intención es lograr una orden judicial que permita tomar contramuestras en los cargamentos que aún quedan en la Región de Valparaíso y que esta diligencia pueda ser practicada por el Laboratorio Criminalístico de la PDI, es decir, un ente distinto al ISP, que concluyó la existencia de trazas de drogas en sus informes de laboratorio.

Respecto de las expectativas del Ministerio Público sobre esta cita judicial, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero indicó que “nuestra postura será escuchar a las defensas y sobre eso dar nuestra opinión”.

Por otro lado, la ausencia de un compromiso del Presidente José Antonio Kast sobre el Caso Narcomaderas, en la cita que tuvo con su homólogo Rodrigo Paz, generó críticas en los gremios empresariales y en los líderes políticos bolivianos. Ante ello, el Presidente boliviano debió salir al paso con una breve declaración en la que señaló que “el caso de las maderas ha sido un tema que lo hemos tocado en la reunión bilateral. Si bien la Fiscalía en Chile no depende del Gobierno, son dos instituciones separadas, le hemos pedido al Gobierno chileno que nos ayude a gestionar de la forma correcta algo que nos ha hecho mucho daño en Bolivia en cuanto a este sector y muchas empresas”.

Robo de vehículos: Municipio de Arica logra habilitar lectores de patentes en pórticos de acceso sur y norte

Crédito imagen: cedida.

A dos años de su inauguración, la Municipalidad de Arica recién logró, la semana pasada, conectar al Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA) los dos pórticos de televigilancia vehicular ubicados en los accesos norte y sur de la ciudad. Esto permitirá vincularlos con las bases de datos de Carabineros de Chile y de la PDI, que contienen información actualizada sobre vehículos robados.

La falta de conexión a este sistema fue denunciada por el delegado presidencial provincial de Parinacota, Sebastián Huerta González, el año pasado durante su campaña como candidato a diputado por la UDI. En uno de sus videos de campaña, la hoy autoridad gubernamental dijo que esta infraestructura solo registraba el paso de los vehículos, pero no tenía una utilidad práctica porque la Subsecretaría de Prevención del Delito, entidad que financió su implementación a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública, no había concretado la gestión para conectarlos a las bases de datos policiales.

El director de Prevención y Seguridad Humana (DIPRESEH) del municipio, Sebastián Moreno Navea, confirmó a Aquí Arica que “por fin, después de muchas gestiones, la semana pasada logramos que los pórticos de nuestra ciudad hayan sido priorizados para conectarse a SITIA. Ahora tenemos la plataforma y podemos hacer la lectura de las placas patentes, lo que nos permite habilitar los protocolos de seguimiento en caso de registrarse un robo que haya sido denunciado”.

El directivo dijo que el robo de vehículos motorizados es un tema que fue priorizado en la gestión del alcalde Orlando Vargas Pizarro, “dado que este es uno de los delitos con mayor aumento. Ahora queremos presentar un nuevo proyecto al Gobierno Regional para habilitar 61 lectores de placas patentes en la ciudad. Estos lectores serán instalados en los postes que ya tienen cámaras de televigilancia, con el fin de disminuir este delito”.

Festival de Cine AricaDoc inicia su décima versión con 31 producciones audiovisuales

Crédito imagen: cedida.

Este viernes 23 de octubre comenzará la décima versión del Festival de Cine Documental AricaDoc, que se extenderá hasta el sábado 31 de octubre. El evento cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el patrocinio de la Municipalidad de Arica y la Universidad de Tarapacá (UTA).

Este encuentro del séptimo arte ofrecerá gratuitamente nueve largometrajes y 22 cortometrajes de distintas partes del mundo. Este año contará con tres sedes: hasta el lunes 26 de octubre, las funciones se realizarán en el Aula Magna de la Universidad de Tarapacá, ubicada en General Velásquez 1775. Desde el martes 27, se trasladarán al Teatro Municipal de Arica. Además, el Cine Colón acogerá funciones dirigidas a establecimientos educacionales, con invitación.

La programación incluye la coproducción internacional En nuestros patios, que aborda las luchas de las comunidades locales y en la que destaca la participación de Leyla Noriega Zegarra, periodista y activista de la región fallecida a fines de 2025.

También estarán presentes el director Ignacio Agüero, quien participó en la primera versión del festival y es conocido por el documental El diario de Agustín, entre otras obras, y el documentalista y académico de la Universidad de Chile, Carlos Flores, con quien se desarrollará un conversatorio abierto al público.

Sobre esta nueva versión, el director de AricaDoc, Juan Pablo Donoso indicó que “llegar a una décima edición no nos interesa
como una celebración nostálgica. Nos interesa, porque demuestra que desde Arica es posible sostener un espacio autónomo, gratuito y colectivo para mirar el mundo desde otros lugares. Durante nueve días queremos que la ciudad se convierta en un territorio de encuentro, de fricción, de preguntas y de imaginación. El cine documental puede ayudarnos a incomodar lo que
parece dado, a escuchar otras experiencias y a ensayar formas distintas de estar juntos. Por eso esta edición no es solo una invitación a ver películas: es una invitación a ocupar la ciudad, conversar, encontrarnos y pensar qué futuros queremos construir desde este extremo del continente”.

La programación de AricaDoc estará disponible también en las redes sociales del evento, para verificar posibles cambios.

FERVOR CRISTIANO EN EL SLEP. La tranquilidad dominical en el Servicio Local de Educación “Chinchorro” (SLEPCh) fue perturbada con la publicación de un video de temática cristiana en el Instagram institucional. El misterio que ronda es quién lo hizo, ya que la periodista de ese organismo está con licencia médica desde hace varias semanas.

Pantallazo de la publicación en IG del SLEPCh.

El director suplente del SLEPCh, Johnny Berríos, anunció un sumario administrativo por el error comunicacional que estuvo más de 40 minutos en la red. Las sospechas apuntarían hacia la ingeniero en ejecución en Administración de Empresas, Pabla Braitler Martínez, quien integra el gabinete del organismo y habría sido encomendada en esta tarea ante la ausencia de la encargada comunicacional.

Lo extraño es que desde el jueves pasado la funcionaria ya no está formalmente en el SLEPCh, a raíz de que consiguió un traslado en comisión de servicio a la Secretaría Regional Ministerial de Minería como apoyo administrativo. El seremi republicano de esta cartera, Mauro Hidalgo Morales, confirmó la llegada de Braitler a su despacho, indicando que él solicitó la destinación de un funcionario de esa repartición a su servicio, dado que en su oficina solo hay un funcionario y ahora está de vacaciones.

La autoridad dijo que esa destinación dura solo hasta diciembre y que no tenía que ver con reclutamientos políticos, a pesar de que la funcionaria ha comunicado en varios sectores que es amiga de la diputada republicana Stephanie Jéldrez Ortiz y que comparten la misma iglesia. Es más, hace algunos meses trascendió que ella habría señalado que asumiría como jefe de gabinete en el SLEPCh, dada su cercanía con la parlamentaria, cuestión que finalmente no ocurrió.

Braitler es conocida en el SLEPCh por escuchar alabanzas cristianas en su oficina. Además, se confirmó que tenía acceso a la cuenta de la red social de ese servicio. El incidente de la publicación contradice el impulso que la diputada Jéldrez dio a la plataforma noadoctrines.cl, creada para denunciar presuntos sesgos políticos promovidos por docentes en las aulas. La iniciativa surgió luego de que dirigentes republicanos denunciaran que una profesora del Colegio Integrado habría sugerido el magnicidio del presidente José Antonio Kast durante una clase de Historia, al analizar la Parada Militar del 19 de septiembre.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.