Arica tendrá planta desaladora tras aprobación del proyecto en Comisión Evaluadora

Si bien el Gobierno del Presidente José Antonio Kast hasta ahora no lo ha exhibido como un logro, luego de dos años de trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), finalmente la sanitaria Aguas del Altiplano, del holding Aguas Nuevas, logró que la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Arica y Parinacota aprobara de forma unánime el proyecto Planta Desalinizadora de Agua de Mar, el que producirá 200 litros de agua potable para consumo humano de la ciudad de Arica.

Extrañamente, la vocería fue dejada en manos de la sanitaria y no se conoce un comunicado oficial de las autoridades gubernamentales sobre esta iniciativa, que ingresó al sistema de evaluación el 9 de abril de 2024. La COEVA es presidida en la región por el delegado presidencial Cristian Sayes Maldonado, junto con el director regional de Servicio de Evaluación Ambiental y los secretarios regionales ministeriales de Transportes, Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Desarrollo Social, Energía, Salud, Medioambiente, Minería, Agricultura y Economía.

La evaluación del proyecto se había estancado en diciembre de 2025. Solo con la llegada del nuevo Gobierno comenzó a avanzar en su tramitación, que consideraba adenda complementaria. Finalmente, el 27 de octubre, la Dirección Regional del SEA requirió a 17 servicios públicos la visación del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con un plazo máximo: el 2 de noviembre. Todos los requeridos expresaron su conformidad, lo que permitió efectuar la sesión COEVA, instancia en la que se aprobó por unanimidad el proyecto.

Entre los servicios que fueron convocados a aprobar el ICE estuvieron la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Gobernación Marítima de Arica; las direcciones regionales de Aguas, de Obras Hidráulicas, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, del Servicio Nacional de Turismo, del Servicio Nacional de Geología y Minería, y del Servicio Agrícola y Ganadero; el Gobierno Regional; la Municipalidad de Arica; y las seremis de Desarrollo Social y Familia, de Energía, de Salud, de Transportes y Telecomunicaciones, y del Medio Ambiente.

La decisión de la COEVA podría ser objeto de reclamaciones administrativas o judiciales ante el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros o un tribunal ambiental.

De no haber oposición a la iniciativa, la sanitaria podría iniciar la construcción de la infraestructura en 2027, tal como lo estableció en el cronograma que acompañó en el estudio de impacto ambiental que fue aprobado.

Sanitaria valora aprobación

La construcción de una planta desalinizadora en Arica está pendiente desde 1998. Ese año, el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle la anunció dentro de un paquete de 48 medidas, para fortalecer el desarrollo de la entonces provincia de Arica, que por entonces enfrentaba una difícil situación económica.

La sanitaria difundió un comunicado el viernes, señalando que esta infraestructura –cuyo emplazamiento será en el sector de Caleta Quiane, en el borde costero sur de la ciudad– “operará como una fuente complementaria a las captaciones actualmente disponibles, lo que reforzará la infraestructura sanitaria regional y la capacidad operativa del sistema ante los desafíos derivados de la escasez hídrica en la zona. En términos socioeconómicos, el proyecto dinamizará la economía local mediante la generación de empleo, tanto en su fase de construcción como durante su operación, y contribuirá al desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

Sobre la iniciativa, el gerente de Regulación y Medio Ambiente del Grupo Aguas Nuevas, Mario Calderón Barbas, dijo que “la aprobación ambiental representa un hito clave, ya que la desalinizadora permitirá incorporar una nueva fuente de abastecimiento para consumo humano, fortaleciendo la resiliencia del sistema de producción de agua potable y aportando una alternativa adicional para enfrentar los desafíos hídricos que experimentan las ciudades del norte del país”.

Entre los opositores al proyecto de desalación se encuentran grupos de mariscadores y pescadores que señalaron que los recursos marinos del sector de emplazamiento de la planta se verían afectados. Sobre este aspecto, la Subsecretaría de Pesca hizo hincapié en que quedara claramente establecido en el ICE la metodología para determinación del banco natural de recursos hidrobiológicos existente en la zona de emplazamiento.

Mientras avanzaba el proceso de evaluación ambiental, hubo un intento fallido de la sanitaria de concientizar a los consejeros regionales sobre la necesidad de esta infraestructura y su inocuidad en el ecosistema marino. Para ello, extendió una invitación al gobernador regional Diego Paco Mamani para visitar la planta desaladora que el mismo holding Aguas Nuevas tiene en Caldera para abastecer a la Región de Atacama. La moción no logró los ocho votos que requería para que los consejeros regionales lo acompañaran y, pese a que Paco manifestó que de igual manera concretaría la visita, finalmente no se trasladó hasta esa zona (ver nota).

¿Quién financiará la planta?

Si bien el proyecto culminó su etapa de evaluación ambiental, ahora viene una decisión crucial: ¿quién financiará su construcción? Este tema ha sido recurrente desde 1998 y –hasta ahora– no ha habido una respuesta de los sucesivos gobiernos respecto del financiamiento.

Una alternativa es que la sanitaria invierta, decisión que significará automáticamente un alza considerable en las tarifas, asimilándolas a las de Antofagasta donde existe una planta que se financió con recursos de la sanitaria a cargo de la concesión. Justamente, a ese incremento tarifario le han temido las distintas administraciones gubernamentales, por su impopularidad y por la incertidumbre en que podrían quedar los subsidios a los consumidores más vulnerables. Hasta hoy, se han buscado infructuosamente respuestas en el Ministerio de Hacienda sobre el aporte del Estado, tal como ocurrió con la planta desaladora de Atacama, pero no ha habido un pronunciamiento formal (ver nota).

La apuesta que más convence a la sanitaria es la repetición del modelo utilizado en Atacama, es decir, que la operación y administración se adjudique a Aguas del Altiplano, cuya concesión expira en 2034, es decir, en ocho años más. Tras ese periodo, la propiedad seguirá siendo del Estado, específicamente en manos de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios Chile S.A. (ECONSSA) y su operación debería ser licitada nuevamente bajo los marcos regulatorios vigentes.

En Atacama, luego de nueve años de gestiones, ECONSSA, entidad fiscal a cargo de la supervisión de todas las concesiones de agua potable, dispuso de US$150 millones para la construcción de una desaladora, con el fin de suplir el severo déficit hídrico de la región. La infraestructura fue inaugurada finalmente en enero de 2022.

Otro modelo también con cargo al Estado es el de Coquimbo, donde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó en enero del año pasado la licitación de una planta por US$ 350 millones.

La planta desaladora de Arica, según estimaciones de la sanitaria, involucraría una inversión de US$ 64,5 millones.

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