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Agencia Uno
Rabat entrega 308 decretos de rebaja de condenas tras semanas de presión del Senado
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El Ministerio de Justicia remitió los antecedentes solicitados por la Comisión de Constitución del Senado, tras los cuestionamientos por la demora. Los documentos incluyen rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores, mientras Fiscalía y Contraloría investigan el caso.
Después de semanas de cuestionamientos y solicitudes de información desde el Congreso, el Ministerio de Justicia finalmente entregó este miércoles al Senado los antecedentes sobre las polémicas rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores de edad, un caso que mantiene bajo presión al ministro Fernando Rabat y que podría derivar en una acusación constitucional.
La documentación fue remitida a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, cuyos integrantes habían reclamado reiteradamente por la demora del Ejecutivo en proporcionar los antecedentes necesarios para tramitar proyectos destinados a modificar este beneficio.
Según los antecedentes informados, la entrega comprende 308 decretos correspondientes al período 2022-2026, distribuidos en carpetas con documentación de cada año.
Los textos permitirán a los parlamentarios revisar las condenas originales, las reducciones concedidas y los fundamentos utilizados para otorgarlas.
La entrega se concretó mientras Rabat participaba en otra instancia legislativa, luego de una semana marcada por los cuestionamientos a su gestión.
El lunes, el ministro enfrentó una tensa sesión de la Comisión de Constitución, donde su presidente, el senador Vlado Mirosevic, manifestó abiertamente el malestar de los parlamentarios.
“Quiero hacer presente la molestia de la mayoría de los miembros de esta comisión respecto de la demora en la entrega de los antecedentes”, señaló el legislador.
Mirosevic explicó que la tardanza había tenido consecuencias directas sobre el trabajo parlamentario y que la comisión necesitaba contar con los decretos para avanzar en las modificaciones legales. “Estamos tramitando proyectos donde necesitamos esa información”, enfatizó.
Durante aquella sesión, Rabat defendió la actuación del ministerio y sostuvo que la entrega requería recopilar una cantidad importante de antecedentes, además de resguardar los datos personales y sensibles contenidos en los documentos.
El secretario de Estado explicó que su cartera enfrentaba numerosas solicitudes de información provenientes del Congreso. “Para responderle al Congreso Nacional tenemos aproximadamente 50 solicitudes de información. Por lo tanto, se están recopilando los antecedentes que son de variada naturaleza”, afirmó.
El ministro insistió en que las respuestas debían ser completas y ajustarse a las exigencias legales sobre protección de información personal. Pese a la presión parlamentaria y a las investigaciones abiertas, el martes aseguró: “No me siento presionado”.
La controversia comenzó luego de conocerse la existencia de 56 decretos de rebaja de condenas, lo que motivó solicitudes de antecedentes tanto desde el Congreso como desde organismos fiscalizadores y persecutores.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte requirió formalmente los documentos en el marco de una investigación por eventual prevaricación, iniciada tras una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS). La indagatoria busca establecer si existieron delitos en el otorgamiento de las rebajas.
El martes, Rabat confirmó que el Ministerio Público había establecido un plazo de siete días hábiles para responder a su solicitud y aseguró que todavía se encontraba dentro del período fijado.
En paralelo, la Contraloría General de la República desarrolla una fiscalización sobre los decretos. Según señaló el ministro, el Ministerio de Justicia ya había respondido a los requerimientos de ese organismo.
La entrega al Senado representa un avance en la disponibilidad de antecedentes para la discusión legislativa, aunque no implica por sí misma el cierre de las investigaciones ni de los cuestionamientos políticos al secretario de Estado.
De hecho, el escenario sigue siendo complejo para Rabat, quien enfrenta la posibilidad de una acusación constitucional. Frente a ese escenario, La Moneda ha cerrado filas en torno al titular de Justicia.
Tras una reunión en Cerro Castillo, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que “el apoyo al ministro Rabat es indiscutible” y explicó que el Ejecutivo está concentrado en preparar su respuesta ante un eventual libelo acusatorio.
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