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Municipio despide a agresor de Slimming, pero mantiene a chofer que chocó ebrio en vehículo fiscal

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La Municipalidad de Arica terminó el contrato del guardia Rodrigo Plaza tras la agresión al comediante Luis Slimming. En contraste, Juan Olivares continúa contratado pese a protagonizar un choque en estado de ebriedad con un vehículo municipal, hecho investigado por Contraloría.


Dos varas muy distintas decidió aplicar la Municipalidad de Arica en sendos casos de conductas de funcionarios reñidas con la probidad administrativa. Así quedó en evidencia luego de conocerse, el viernes pasado, que el alcalde Orlando Vargas Pizarro optó por poner término anticipado al contrato a honorarios del facilitador Rodrigo Plaza Aguilera, quien fue detenido el jueves por efectivos de la PDI tras golpear en varias ocasiones al comediante Luis Slimming Castillo durante su presentación en el Hotel Antay. La decisión se produjo luego del impacto mediático que alcanzó el caso a nivel nacional.

La determinación de despedir rápidamente al agresor contrasta diametralmente con aquella adoptada hacia el chofer del alcalde, Juan Olivares Soto, quien aún se mantiene en el municipio, pese a haber chocado ebrio en un vehículo municipal el pasado 14 de mayo.

En cuanto al funcionario que agredió a Slimming, quien cuenta con educación media completa, fue contratado por la administración del exalcalde Gerardo Espíndola Rojas el 18 de noviembre de 2024 y se desempeñaba como guardia facilitador en distintos recintos municipales, en el marco del “Programa de anfitriones y servicios de apoyo municipal 2026”. Por esas labores percibía una remuneración bruta de $760.240, según la página de Transparencia de la Municipalidad de Arica.

Hasta el viernes al mediodía, en el municipio no estaban informados de que Rodrigo Plaza era funcionario municipal. Solo cuando Aquí Arica realizó una llamada a la Oficina de Comunicaciones de la administración edilicia se enteraron de que el agresor era un trabajador contratado a honorarios por la municipalidad. Pese a que se solicitó un pronunciamiento, este nunca llegó.

La versión sí fue entregada a otros medios, justificando el cese del contrato. En el breve comunicado indicaron “su categórico rechazo a los hechos de violencia que afectaron al comediante Luis Slimming. Ante la gravedad de lo ocurrido, y considerando los antecedentes del caso, la Municipalidad ha determinado poner término anticipado al contrato que mantiene con la persona involucrada en la agresión, conforme a los procedimientos administrativos y disposiciones legales correspondientes”.

En tanto, la fiscal adjunta Verónica Roco formalizó al agresor el mismo viernes por el delito de lesiones leves, dado que, pese a la violencia con la que actuó el imputado, el humorista no quedó con lesiones graves. Para esta caso se fijó un plazo de investigación de 60 días. Según la investigación preliminar, el exfuncionario municipal habría admitido que golpeó Slimming, “porque no le gustó la rutina”, pese a que el comediante llevaba solo 10 minutos en el escenario. Sobre si al momento de la golpiza evidenciaba consumo de alcohol o sustancias ilícitas, la persecutora dijo que no existían evidencias ni tampoco sobre una posible condición sicológica o siquiátrica.

El concejal Daniel Manríquez Zúñiga (PdG) cuestionó a la administración municipal por no haber notificado al Concejo Municipal de la condición de funcionario municipal del agresor de Slimming, “ya que todo lo hemos sabido a través de la prensa o por fuentes informales como las redes sociales. Fuera de tener la vergüenza regional de tener a una persona que agrede a otra en un escenario sin motivo alguno, y que además sea funcionario municipal, la medida aplicada si bien es correcta, sabemos que también ha habido otras situaciones como personas fiscalizadas bajo los efectos del alcohol, manejando vehículos municipales, gente que ha sido contratada con antecedentes desde otras instituciones o que han sido tachados por mala conducta y resulta que están en el municipio”.

El edil dijo que situaciones como estas “afectan el prestigio de los funcionarios municipales de carrera. No entiendo con qué vara se mide la competencia o pertinencia de sus funcionarios nuevos. Por eso mismo, hace pocos días oficié para que se nos informe sobre las hojas de vida de todos los conductores municipales. También me preocupa, y se lo he hecho saber al alcalde, las denuncias de acoso laboral que hay, presiones indebidas que habría sobre funcionarias que no son de confianza y de eso no hay respuesta aún”.

Sobre este caso, la concejala Dolores Cautivo Ahumada (PC) expresó que “en Chile se ha relativizado demasiado lo que significa ser funcionario público, condición que debe ser un honor. Tenemos un ministro que estuvo involucrado en colusión, tenemos pedófilos y narcotraficantes liberados a propósito de medidas administrativas. En ese contexto de impunidad a mí me da pudor pedir las penas del infierno para trabajadores comunes y corrientes. Creo que ambos deben enfrentar la justicia por sus actos y en lo laboral enfrentar los sumarios que correspondan. Estoy en contra de las medidas efectistas para la “galería”, en todos los casos”.

Chofer sigue en municipio

Pese a que el caso tuvo repercusión mediática y provocó daños en un bien municipal, al punto de que la Contraloría Regional decidiera abrir una investigación por el mal uso del vehículo fiscal, el alcalde Vargas aplicó un criterio distinto respecto de su chofer de confianza, Juan Olivares Soto. El pasado 14 de mayo, este protagonizó un choque en la calle Barros Luco mientras conducía en estado de ebriedad, con 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, el jeep en el que habitualmente trasladaba al jefe comunal.

La autoridad edilicia optó por mantener al funcionario en su trabajo e incluso, en un principio, pese a conocer del accidente, le permitió seguir conduciendo el vehículo fiscal. Luego, solo cuando los hechos comenzaron a conocerse públicamente, lo destinó al Terminal de Buses Internacional para que realizara labores de servicios generales, dado que cuenta únicamente con enseñanza básica completa y no registra estudios técnicos que le permitan desempeñarse en unidades administrativas.

Pese a su nueva destinación, en la página de Transparencia, Olivares sigue apareciendo como “conductor del alcalde y personal municipal, apoyar logísticamente en el traslado y armado de requerimientos para actividades municipales; colaborar en tareas de seguridad y en el traslado de documentación”. En esas labores mantiene el sueldo bruto de $1.954.410.

Sobre Olivares pesa hoy una investigación de la Contraloría Regional, cuyo informe preliminar estableció que el funcionario habría realizado maniobras distractivas para encubrir el choque, reparando el vehículo municipal con recursos propios sin comunicar el accidente. También el órgano fiscalizador ordenó a Carabineros de Chile la apertura de un sumario, a raíz de que la entidad entregó el vehículo a un tercero que no es funcionario municipal, incumpliendo el protocolo definido para estos casos.

También en esta causa, que aún no ha sido formalizada por el Ministerio Público, se hizo presente el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que el 25 de agosto presentó una querella por el delito de conducción en estado de ebriedad causando daños. En el documento, el CDE pidió que el conductor, quien ingresó a la municipalidad durante la administración del actual jefe comunal, el 9 de diciembre de 2024, sea sancionado por este ilícito, “sin perjuicio de otros delitos que pudieran acreditarse, así como de todos quienes resulten responsables del hecho punible en carácter de autores, cómplices o encubridores”.

Por la comisión de este delito, el funcionario de confianza del edil arriesga una pena de presidio que va entre los 61 días y los 540 días de presidio. La Ley de Tránsito en su artículo 196 prevé como sanciones adicionales una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia para conducir por dos años. Pero hay algo más que considera esta normativa y que podría significar la aplicación del máximo de las penas a este funcionario municipal. En la ley expresamente se señala que las sanciones serán en su tope, “si el delito hubiese sido cometido por un conductor cuya profesión u oficio consista en el transporte de personas o bienes y hubiere actuado en el ejercicio de sus funciones”.

Este sería el caso, dado que al momento del accidente, el conductor tenía asignadas como tareas el traslado del alcalde y otras de seguridad. Es más, en la investigación realizada por la Contraloría, el chofer en su declaración admitió que, luego de haber dejado al alcalde en su domicilio, se había desviado de la ruta para compartir unas cervezas con un amigo y que al retomar la marcha hacia el estacionamiento municipal chocó un vehículo particular.

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