Exjefe de gabinete de Coquimbo y hombre fuerte de exalcalde Pereira pierde juicio laboral
El tribunal rechazó la demanda de Juan Carlos Rojas Pizarro para revertir su destitución municipal. El fallo descartó vulneraciones de derechos fundamentales, mientras siguen pendientes investigaciones penales por presuntas irregularidades durante la administración de Marcelo Pereira.
Fue uno de los hombres de mayor confianza del exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, y una figura clave de su administración. Juan Carlos Rojas Pizarro, quien ejerció como jefe de gabinete durante la gestión del exjefe comunal, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena rechazara íntegramente la demanda con la que buscaba revertir su destitución del municipio.
La sentencia, dictada el pasado 22 de octubre por el juez Cristian Rodrigo Álvarez Mercado, descartó que se hubiera acreditado una vulneración de los derechos fundamentales alegados por Rojas, quien había sido separado de sus funciones tras un sumario administrativo originado por observaciones formuladas por la Contraloría Regional de Coquimbo.
El fallo vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos a la administración de Marcelo Pereira, marcada por investigaciones administrativas, observaciones sobre recursos millonarios gastados y acciones judiciales por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.
Sin embargo, existe una arista que continúa generando interrogantes: el avance de las investigaciones penales relacionadas con hechos ocurridos durante aquella gestión municipal.
Fuentes de la Municipalidad de Coquimbo señalan que, pese a los años transcurridos desde las primeras denuncias y querellas, hasta ahora no se conocen resultados concretos de estas investigaciones, que se mantienen bajo la competencia del Ministerio Público.
La situación contrasta con lo ocurrido en otras causas de alto impacto regional. En el denominado Papaya Gate, la Fiscalía avanzó durante septiembre de este año con nuevas formalizaciones y reformalizaciones por presunto fraude al fisco. En tanto, la investigación por el millonario fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena ya registra condenas que fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones durante octubre.
Los pagos cuestionados por Contraloría
En el caso de Juan Carlos Rojas, los antecedentes se remontan a 2020, cuando ejercía como funcionario de planta de la Municipalidad de Coquimbo y, paralelamente, mantenía un contrato a honorarios asociado al programa municipal Promoción de la Confianza en la Ciudadanía.
Dicho contrato contemplaba pagos mensuales brutos de $1.888.889 por labores de asesoría en participación ciudadana, que supuestamente se desarrollaban fuera de su jornada laboral habitual.
Sin embargo, una auditoría de Contraloría cuestionó pagos por $6.743.332, correspondientes al período comprendido entre enero y mayo de 2020, debido a que las labores contratadas no estaban debidamente acreditadas o justificadas.
Aunque Rojas restituyó los recursos antes de que se formularan cargos administrativos, aquello no impidió que continuara el procedimiento disciplinario.
Uno de los antecedentes consignados en la sentencia es que el propio exjefe de gabinete reconoció durante el sumario que el contrato adicional le había sido ofrecido para compensar una disminución de sus ingresos al incorporarse a la planta municipal.
La investigación administrativa, derivada de los informes N.º 9 y N.º 917 de Contraloría, ambos de 2021, involucró a 12 funcionarios, quienes recibieron sanciones diferenciadas. Dos terminaron destituidos, entre ellos Rojas.
En su caso, también se formuló un cargo relacionado con haber utilizado su posición jerárquica para obtener bonos o mejoras remunerativas en beneficio de determinados funcionarios.
La destitución fue formalizada en septiembre de 2024, mientras que su recurso de reposición fue rechazado en julio de 2025.
Las causas penales que siguen bajo la lupa
Más allá del resultado del juicio laboral, el caso se inserta en un escenario judicial de mayor alcance.
En agosto de 2021, la Municipalidad de Coquimbo, encabezada por el alcalde Ali Manouchehri, presentó una querella criminal por eventuales delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, relacionados con presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Marcelo Pereira.
Posteriormente, en 2023, el Consejo de Defensa del Estado también presentó una querella por fraude al fisco y otros eventuales delitos que pudieran acreditarse durante la investigación.
Tribunal rechazó demanda del exjefe de gabinete
En cuanto al fallo laboral, Rojas había argumentado que su destitución vulneraba garantías constitucionales relacionadas con la igualdad, la no discriminación y la libertad de trabajo, solicitando dejar sin efecto la medida disciplinaria y obtener su reincorporación.
No obstante, el tribunal concluyó que no existían antecedentes suficientes para acreditar la vulneración de derechos fundamentales.
La sentencia también consideró que las sanciones aplicadas a los funcionarios investigados respondieron a criterios objetivos, entre ellos las responsabilidades de cada involucrado, su posición jerárquica y la cuantía de los recursos cuestionados.
Asimismo, el magistrado precisó que la acción de tutela laboral no constituye una instancia destinada a revisar íntegramente la legalidad de un sumario administrativo, sino a determinar si existió una afectación de derechos fundamentales.
De esta manera, el exjefe de gabinete de Marcelo Pereira no logró revertir su destitución mediante esta acción judicial.
El pronunciamiento, sin embargo, corresponde exclusivamente al ámbito laboral y no determina responsabilidades penales.
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