Punitaqui: funcionaria lleva más de tres años suspendida y recibe sueldo de más de $3 millones
La directora de Control Interno, Norma Tapia, seguiría suspendida desde un sumario iniciado en 2023, sin resolución conocida. En julio recibió $3,4 millones líquidos, incluidos incentivos. Una abogada advirtió sobre las consecuencias administrativas de prolongar el procedimiento.
Un sumario administrativo que se prolongaría por más de tres años, una funcionaria apartada de sus labores que continúa recibiendo remuneraciones y dudas sobre el pago de incentivos por mejoramiento de la gestión municipal (PMG) son parte de los antecedentes que rodean a la directora titular de Control Interno de la Municipalidad de Punitaqui, Norma Tapia Salazar.
De acuerdo con información proporcionada a este medio por una fuente interna con conocimiento directo del procedimiento, la funcionaria fue suspendida preventivamente de sus funciones durante la investigación administrativa iniciada en 2023, medida que, según la misma fuente, se mantendría vigente hasta la actualidad sin que exista una resolución definitiva del sumario.
Mientras tanto, el Portal de Transparencia de la Municipalidad de Punitaqui sigue registrando remuneraciones a su nombre. En julio de 2026 figura con $4.344.162 brutos y $3.405.651 líquidos, cifras que incluyen los conceptos remuneracionales informados para ese mes. Otro dato no menor es que la profesional también estaría con licencia médica.
La continuidad de estos pagos no constituye por sí misma una irregularidad, pues la legislación permite mantener las remuneraciones durante una suspensión preventiva. Sin embargo, la prolongación del procedimiento y la eventual percepción de determinados incentivos asociados al desempeño laboral abren interrogantes sobre la gestión administrativa del caso.
El origen de esta controversia se encuentra en una fiscalización efectuada por la Contraloría Regional de Coquimbo. Mediante el oficio N° E334679, de abril de 2023, el organismo acogió una denuncia contra Norma Tapia tras detectar numerosas omisiones en sus registros biométricos de entrada y salida durante 2022.
En total, el informe individualizó alrededor de 180 jornadas con marcaciones incompletas. Contraloría también constató que durante ese período la funcionaria recibió íntegramente sus remuneraciones, sin descuentos asociados a las omisiones observadas.
El 9 de mayo de 2023, bajo la administración del entonces alcalde Carlos Araya Bugueño, se dictó el decreto alcaldicio N° 533, que ordenó iniciar un sumario administrativo.
Según la fuente interna consultada, posteriormente se dispuso la suspensión preventiva de Tapia, quien habría permanecido apartada de sus funciones mientras el procedimiento continuaba tramitándose.
De mantenerse esta situación hasta noviembre de 2026, el proceso acumularía tres años y medio desde su apertura, sin que los antecedentes disponibles permitan conocer una resolución definitiva.
Experta advierte sobre prolongación excesiva de sumarios
Consultada respecto de la extensión de este tipo de procedimientos, la abogada y magíster en Derecho Público, María-José Lira Marti explicó que, aunque la legislación establece plazos breves para la tramitación de sumarios administrativos, la jurisprudencia de Contraloría y de los tribunales superiores ha determinado que estos no son fatales. Es decir, su vencimiento no provoca automáticamente la nulidad del procedimiento ni impide aplicar eventuales sanciones.
Sin embargo, advirtió que una demora excesiva puede generar responsabilidades para quienes hayan dilatado injustificadamente el proceso y para las autoridades que no adopten medidas oportunas.
“Un sumario que se extiende por tres años representa una anomalía grave que vulnera los principios de celeridad, eficiencia y debido proceso”, sostuvo la especialista.
A juicio de Lira, este tipo de dilaciones provoca una doble afectación: mantiene en incertidumbre al funcionario investigado y, al mismo tiempo, perjudica el funcionamiento de la administración pública y el patrimonio municipal.
En ese contexto, la interrogante no apunta únicamente a la situación de la funcionaria investigada, sino también a la responsabilidad administrativa de quienes han tenido a su cargo la conducción y resolución del procedimiento.
El PMG: ¿corresponde pagar incentivos por metas a quien no ha trabajado?
Uno de los aspectos que requiere mayor esclarecimiento está relacionado con el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG), mecanismo que entrega asignaciones económicas vinculadas a la gestión institucional y al cumplimiento de metas.
Tapia sin ir a trabajar y sin formar parte de las metas colectivas de la institución, sigue recibiendo PMG. El último fue, según el portal de Transparencia, en julio, cuando recibió $1.400.000 pesos extra, que se sumaron a su sueldo que bordea los $3 millones.
La distinción es relevante por un pronunciamiento reciente de Contraloría
Mediante el dictamen N° OF20561, del 30 de enero de 2026, el organismo estableció que los funcionarios municipales que hayan permanecido con licencia médica o suspendidos preventivamente durante todo el año de cumplimiento de las metas, sin haber trabajado efectivamente ningún día, no tienen derecho al componente de incentivo por desempeño colectivo.
Sobre este punto, la abogada María-José Lira precisó que la suspensión preventiva no constituye una sanción disciplinaria, sino una medida cautelar adoptada por el fiscal administrativo para resguardar el desarrollo de la investigación. Por esa razón, la legislación contempla que se mantenga el pago de remuneraciones mientras se encuentre vigente.
Respecto de los incentivos, explicó que su procedencia depende del cumplimiento de las condiciones legales aplicables a cada beneficio, por lo que la sola ausencia del funcionario no permite concluir que todos los pagos sean improcedentes.
No obstante, la especialista puso el acento en un problema que considera incluso más relevante, que es la incapacidad de resolver oportunamente una investigación administrativa mientras se prolongan sus efectos económicos para el municipio.
“El problema de fondo no es si el funcionario cobra o no el PMG; el problema real es la duración de la suspensión”, afirmó.
A su juicio, resulta cuestionable que una medida concebida como transitoria pueda extenderse durante años, manteniendo el pago de remuneraciones e incentivos sin que exista una resolución sobre la responsabilidad administrativa investigada.
Nos tratamos de comunicar con el municipio de Punitaqui, para obtener su versión oficial, pero no hubo respuesta de su parte.
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