Comunidades piden caducar permiso ambiental del Embalse Punilla tras 16 años sin construirse

Organizaciones comunitarias de San Fabián presentaron una solicitud ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para que requiera al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declarar la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó el proyecto Embalse Punilla, en noviembre de 2010.

La acción busca que se revise la vigencia del permiso ambiental de la megaobra de infraestructura hídrica sobre el río Ñuble, cuya inversión se estima en más de $415 mil millones. Las organizaciones cuestionan que el Estado busque reactivar su construcción sobre la base de estudios ambientales elaborados hace más de dos décadas, sin considerar adecuadamente los cambios que han experimentado el escenario mundial y el territorio.

“Estamos ante un proyecto con una RCA aprobada en el año 2010 que busca ejecutarse recién en el año 2028; es decir, 18 años de desfase de un estudio ambiental que además consideró información anterior a esa fecha. El Embalse Punilla no se hace cargo de los perjuicios que genera; más bien, las autoridades traspasan a nuestra comuna los costos y daños, que en la práctica nos cataloga como una comuna de sacrificio, y no estamos dispuestos a asumir esa condición”, señaló César Uribe, vocero del Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble.

Según la solicitud de las comunidades, la línea de base ambiental fue elaborada con antecedentes levantados a comienzos de los años 2000, sin incorporar estudios sobre los efectos que el cambio climático ha tenido en las últimas dos décadas sobre los caudales del río Ñuble y los ecosistemas cordilleranos. Agrega que algo peor aún, que se hizo sin considerar los cambios en la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones en la actualidad y que se proyectan en el futuro.

El escrito también advierte cambios en el estado de conservación de especies de flora y fauna, la existencia de nuevas áreas protegidas y el creciente desarrollo de actividades turísticas que dependen directamente del río y de su entorno natural.

A ello se suma la preocupación por la intervención en el bosque nativo y los posibles riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo, en un territorio expuesto a eventos climáticos extremos.

“Es relevante y necesario actualizar los estudios de impacto de este proyecto, pues la RCA actual fue realizada con datos de más de 15 años atrás, y estamos hablando de un megaproyecto con el potencial de generar ‘megaimpactos’, tanto en el entorno como en la economía y en la seguridad de los poblados que se encuentran río abajo”, advirtió Manuel Valdés, biólogo y director ejecutivo de ONG Dosel.

Por otro lado, el escrito apela al desarrollo turístico que ha crecido sustancialmente en la última década, particularmente en San Fabián, comuna declarada Zona de Interés Turístico, lo que se grafica “en un importante aumentado el número de empresas de rafting en estos años y avances en proyectos clave en este ámbito para el país y la región, como el paso internacional Minas-Ñuble y la futura nueva Área Protegida que está planificada en el valle de Bullileo”.

El Embalse Punilla ingresó al SEA en 2004 y obtuvo su aprobación en noviembre de 2010. Desde entonces, su desarrollo ha enfrentado sucesivos obstáculos. En 2016 se adjudicó la concesión a la Sociedad Concesionaria Aguas del Punilla S.A. (perteneciente a la italiana Astaldi), contrato que terminó anticipadamente en 2021.

Posteriormente, el Ministerio de Obras Públicas impulsó nuevas licitaciones para concretar la iniciativa, sin lograr adjudicar su construcción. El último proceso fue declarado desierto en junio de 2025, luego de que no se presentara ninguna oferta a la licitación.

Tras este resultado, el Gobierno decidió optar por una nueva modalidad de ejecución a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. El proyecto contempla un embalse multipropósito en San Fabián y Coihueco, junto a la Ruta N-31, destinado a riego agrícola de unas 65 mil hectáreas, generación hidroeléctrica y reserva para consumo humano. Tendrá una capacidad útil estimada de entre 540 y 600 hm³, un muro de unos 136 metros de altura y una superficie inundada cercana a 1.700 hectáreas. Es una iniciativa pública del MOP, mediante la Dirección General de Concesiones, con una inversión estimada de US$410 millones.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno en San Fabián, en septiembre último. “Esta vez queremos hacer las cosas diferentes: primero está la comunidad”, afirmó el delegado presidencial, Diego Sepúlveda, quien expuso el proyecto ante la comunidad y el Concejo Municipal, instancia en la que finalmente fue rechazado por la unanimidad de los ediles, quienes argumentaron que, “tal como está”, debe someterse a una nueva evaluación ambiental.

De acogerse la solicitud, el proyecto perdería su actual autorización ambiental y tendría que someterse nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obtener un permiso que permita su ejecución.

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