Fiscalía cierra dos investigaciones del Caso Convenios en Valparaíso

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Hola, Valparaíso, ¿qué tal? Mañana empieza septiembre y con él la primavera y un nuevo cambio de hora –el sábado tendremos que adelantar una hora los relojes. El ambiente, cómo no, también se pone dieciochero y las distintas comunas preparan y ya difunden sus fondas y ramadas.

La semana pasada, en Valparaíso, el Instituto Nacional del Deporte entregó el Parque Alejo Barrios a los fonderos, que esperan conocer luego los desvíos de tránsito que establecerá el Gobierno para asegurar un acceso expedito a la ramada principal del Puerto. Recordemos que la Avenida Altamirano permanece cerrada por tres socavones y que, por ahora, el MOP descartó instalar un puente mecano. Veremos.

• Caso Convenios. Desde que en 2023 se revelaron irregularidades en traspasos de fondos públicos a fundaciones, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió al menos cuatro investigaciones, de las cuales ya archivó una –vinculada a la ex-Subsecretaria de las Culturas– y pedirá el cierre de la arista Arquiduc, que involucra a un exmilitante de RN. “No todo incumplimiento de los términos de un convenio constituye delito”, explicó la Fiscalía, que en todo caso mantiene vigentes otras dos causas, relativas a convenios suscritos por la Seremi, el Minvu y el GORE de Valparaíso.

• El Comité de Ministros revisará este lunes las reclamaciones presentadas contra la aprobación ambiental del proyecto de EFE que extenderá el metro desde Limache hasta La Calera.

• Contraloría demandó por $587 millones a los exdelegados presidenciales regionales Sofía González y Yanino Riquelme, ambos militantes del PC, además de otros tres funcionarios de Gobierno. La idea es que restituyan los pagos no acreditados en los contratos suscritos posterior al megaincendio.

• El Ministerio de Desarrollo Social determinó que al nuevo proyecto de recambio de luminarias de Valparaíso le falta información para avanzar en su evaluación. El municipio tendrá 60 días para complementar antecedentes.

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Por falta de antecedentes, Fiscalía cierra dos investigaciones del Caso Convenios en Valparaíso y mantiene otras dos abiertas

La Unidad Regional Anticorrupción (URAC) opera en la Fiscalía Local de Viña del Mar. Foto: cedida.

El próximo 14 de septiembre, la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso comunicará al Juzgado de Garantía de Valparaíso la decisión de no perseverar en la investigación en contra de la Fundación Arquiduc, una de las aristas vigentes del Caso Convenios en la V Región. “No se reunieron antecedentes serios para formalizar y fundar una acusación”, afirmó el fiscal jefe de la URAC, Claudio Rebeco, a Aquí Valparaíso.

• Arquiduc es un organización sin fines de lucro dedicada a la educación, la cultura y la acción social en escuelas vulnerables de Chile. En 2020, la fundación suscribió un convenio con el Minvu en la Región de Valparaíso para implementar el “Plan Campamento Preparado”. Pero en 2023, a poco estallar el Caso Convenios, la Seremi la denunció a la Fiscalía tras detectar que su representante legal, Carlos Arévalo Acuña –según varios medios, exmilitante de RN–, había acreditado gastos con facturas de empresas donde él mismo participaba.

Sin embargo, “los antecedentes recabados dan cuenta de que la Fundación ejecutó diversas acciones comprometidas y entregó una rendición que fue aprobada conforme, validando un pago de $70 millones de los $101 millones comprometidos. Por ende, no se advierte en este caso un perjuicio económico al fisco que permita configurar una defraudación fiscal”, explicó el fiscal Rebeco. Asimismo, descartó el delito de administración desleal, “atendido que no se advierte perjuicios patrimoniales concluyentes para el fisco”.

• “Se denuncia también que Carlos Acuña Arévalo, representante de la fundación, contrató para la ejecución de algunas partidas del programa a la empresa Deportes San Agustín, de la cual es uno de sus socios. Tal conducta no configura un delito de negociación incompatible, por cuanto ese delito requiere que el sujeto activo sea funcionario público, lo cual no ocurre en la especie”, agregó el fiscal jefe de la URAC.

Causa contra exsubsecretaria de las Culturas: archivada

La URAC también cerró la arista vinculada a la exsubsecretaria de las Culturas del Gobierno del ex-Presidente Boric, Andrea Gutiérrez. Se trató de una de las primeras denuncias que recibió la Fiscalía Regional de Valparaíso, en julio de 2023, en el marco del Caso Convenios, luego que el medio Timeline revelara que la fundación Democracia Viva, fundada por la entonces pareja de la diputada Catalina Pérez (FA), se había adjudicado $426 millones en convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

• La causa sobre la subsecretaria, dijo en esa época la fiscal regional Claudia Perivancich, tenía que ver con “contrataciones que se habrían realizado, y que en principio los denunciantes califican como tráfico de influencias, atendida la participación de la subsecretaria en la definición de las contrataciones”. Sin embargo, y tras diversas diligencias, explicó ahora Rebeco, “la investigación fue objeto de archivo provisional (suspensión) al no recopilarse antecedentes que permitieran formalizar”.

“Las decisiones de término se han adoptado habiendo comunicado la existencia de la investigación al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que no se hizo parte en esas causas”, dijo el fiscal, junto con destacar que “no todo incumplimiento de los términos de un convenio constituye delito. Si no hay dolo de defraudar, el incumplimiento puede dar lugar al ejercicio de acciones civiles que no le competen al Ministerio Público”. 

Aristas vigentes: convenios con Seremi, Minvu y GORE de Valparaíso

La URAC mantiene vigentes investigaciones sobre los convenios suscritos entre la Seremi, el Minvu y las fundaciones Posible Otro Chile y Un Techo para Chile. En mayo de 2024, un informe de Contraloría constató irregularidades en los traspasos efectuados entre la cartera y ambas organizaciones –entre otras–, así como en la intervención del Serviu en el proceso. Por ejemplo, corroboró que entre enero de 2021 y junio de 2023, Posible Otro Chile rindió gastos sin contratos asociados e incluyendo asesorías pagadas al presidente de la organización. Sobre esta causa, “se despachó un informe policial que se encuentra en análisis”, señaló Rebeco.

• Finalmente, también sigue abierta la causa que investiga los convenios suscritos entre el Gobierno Regional de Valparaíso y las organizaciones Fima y Terram. Según el Ministerio Público, esta arista está “con diligencias en curso”.

¿Y ProCultura? Todas las causas vinculadas a la organización ProCultura, detalló la Fiscalía, fueron derivadas a otros fiscales regionales.

Comité de Ministros zanjará este lunes reclamo contra proyecto que extenderá metro hasta La Calera

EFE Valparaíso. Foto: cedida.

A las 16:00 hrs. de este lunes, el Comité de Ministros realizará su duodécima sesión en lo que va del año. La instancia, que es presidida por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, zanjará las reclamaciones presentadas en contra de los permisos ambientales de tres proyectos: una desaladora y ductos privados en la Región de Antofagasta, un embalse del MOP en la Región de O’Higgins y la “Habilitación Extensión Metro Valparaíso Quillota-La Calera” de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

• Con una inversión de US$811 millones, el proyecto contempla construir 26 km de vía férrea y cinco nuevas estaciones para conectar el actual terminal de Limache, que será ampliado, con el de La Calera, que será rehabilitado. La extensión además atravesará las comunas de Quillota y La Cruz, y se estima que transportará a seis millones de pasajeros anuales.

El 12 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) Regional, instancia técnica coordinada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la extensión del metro a La Calera. Sin embargo, la organización Vagón Multiespacio impugnó dicha autorización al sostener que no se evaluó suficientemente el impacto de trasladar fuera de la histórica estación calerana el espacio cultural que ocupa desde 2013. Según dio cuenta La Segunda, la organización no busca frenar el tren, sino que se estudie una fórmula de coexistencia.

• El martes pasado, el director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, valoró que desde el 11 de marzo hasta la fecha se han aprobado 11 iniciativas que involucran más de US$5.200 millones de inversión en la Región de Valparaíso, como el Puerto Exterior de San Antonio y el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso.

Cuarenta y un proyectos en carpeta. Farías también dijo que el SEA aún mantiene una cartera de 41 proyectos en proceso de calificación ambiental por más de US$ 3 mil millones, entre ellos, la modificación al Terminal GNL Quintero, que incluye la construcción de la planta desalinizadora Aguas El Bato por US$400 millones; el Parque Solar Pullalli, por US$350 millones; y el sistema de almacenamiento de energía con baterías La Isla, por US$300 millones.

Un mensaje de la PUCV

Investigación PUCV busca mejorar la movilidad en zonas patrimoniales mediante IA

Un proyecto Fondecyt Regular liderado por el académico de la PUCV Vicente Aprigliano busca desarrollar herramientas basadas en Sistemas de Información Geográfica e Inteligencia Artificial para mejorar la movilidad en áreas históricas. La investigación analizará cómo se relacionan el entorno urbano, el transporte y la percepción de sus habitantes, con el propósito de generar indicadores que contribuyan a una planificación más accesible y sostenible, en línea con la conservación del patrimonio.

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Contraloría demanda por $587 millones a exdelegados presidenciales PC

Fotos: Óscar Guerra/Uno Noticias. Manuel Lema/Agencia Uno.

El 30 de julio, la contralora regional de Valparaíso, María Soledad Pérez, inició un juicio de cuentas en contra de los exdelegados presidenciales regionales (PC), Sofía González –actual diputada– y Yanino Riquelme, y otros tres funcionarios de Gobierno, para que en conjunto restituyan fondos públicos que ascienden a $587.011.530, y no fueron acreditados en la rendición de los contratos suscritos entre el Estado y dos empresas que prestaron servicios tras el megaincendio de 2024.

• La Contraloría empezó esta demanda de reparo, en su tribunal de primera instancia, luego de auditar las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso para atender la emergencia, y tras constatar desembolsos no acreditados o ejecutados por parte de las empresas Minera y Constructora Río Grande SpA y San Nicolás SpA.

Trabajos no ejecutados. En su informe final, publicado en enero, la Contraloría comprobó que la Delegación realizó pagos a Río Grande por turnos de camionetas tolva no ejecutados. Y a San Nicolás por “495 turnos de bateas, respaldados con fotografías repetidas o inconsistentes”, “6 turnos de camión tolva y 26 turnos de minicargador, cuya documentación presenta inconsistencias”; además de desembolsos duplicados o en exceso, entre otras irregularidades.

• En estas adquisiciones, la Delegación “no exigió acreditación del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales” ni “investigó ni respondió formalmente las denuncias presentadas por un grupo de camioneros contra la empresa San Nicolás SpA por servicios impagos”, se lee en la auditoría. Tampoco dio cumplimiento al trámite de toma de razón en seis contratos que superaban las 8.000 UTM, contraviniendo las resoluciones de la propia Contraloría.

Los otros funcionarios demandados son Jessica Díaz Salas, jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la DPR; José Vera Álvarez, encargado de Administración y Servicios de la DPR; y Freddy Collao Rojas, jefe de Recursos Humanos y Administración de la Dirección Regional de Vialidad de Valparaíso del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Todos mantienen sus cargos y, junto a González y Riquelme, están siendo notificados.

“Falta información”: Ministerio observa nuevo proyecto de luminarias de la Municipalidad de Valparaíso 

27-06-2020. Valparaíso. Foto: Pablo Ovalle/Agencia Uno.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) determinó que al nuevo proyecto de recambio de luminarias en Valparaíso, impulsado por el municipio, le “faltó información” para poder ser considerado en el proceso presupuestario 2026. Y le dio 60 días a la alcaldía para responder a las observaciones antes que el análisis técnico-económico realizado pierda vigencia. La inversión supera los $5.780 millones e informa como financista al Gobierno Regional (GORE).

• La iniciativa “Mejoramiento Parque Alumbrado Público” considera el recambio de 5.108 luminarias de sodio por tecnología LED en el plan y zona norte de la ciudad, e ingresó al Sistema Nacional de Inversiones de Mideso en 2022, durante la gestión del exalcalde Jorge Sharp (Ind.). El Ministerio aprobó su financiamiento en 2023 y en octubre de 2024 el municipio licitó la obra. Pero la alcaldesa Camila Nieto (FA) –que asumió en diciembre de 2024– no la ejecutó.

En marzo de 2025, Nieto llevaba tres meses en el cargo y, luego de detectar vicios en el proceso, denunció la licitación a la Fiscalía. Además, identificó errores en la iniciativa original –no se ajustaba a la normativa y tenía luminarias repetidas–, por lo que invalidó la licitación y se propuso reformular el proyecto y ampliar su cobertura. 

• En noviembre de 2025, el GORE (financista) pidió a Mideso revaluar el presupuesto y la cartera solicitó antecedentes al municipio, que no respondió a tiempo, por lo que el 31 de diciembre perdió su “Resolución Satisfactoria” (dineros aprobados). Ahora el municipio busca, nuevamente, asegurar su financiamiento.

El resultado “Falta información” tiene por objetivo que “el municipio realice adecuaciones y actualizaciones en la información del contenido del proyecto de inversión, para lo cual tiene un plazo de 60 días antes que el RATE (Resultado del Análisis Técnico Económico) pierda vigencia”, explicó la Seremi Mideso. Respondidas las observaciones, la entidad volverá a revisar el proyecto y emitirá un nuevo resultado para seguir con el proceso.

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