España, que durante años subestimó las pérdidas de sus bancos, se apresta a sobrestimar cuánto pueden ganar en una economía inmersa en una recesión.
Uno de los dos asesores externos contratados por el gobierno español para llevar a cabo pruebas de solvencia en los prestamistas del país estimó que las pérdidas podrían alcanzar 274.000 millones de euros (US$347.000 millones) en los próximos tres años. El asesor, la firma consultora de gestión Oliver Wyman, predijo que los bancos podían ganar 23.000 millones de euros anuales antes de provisiones para pérdida, más o menos lo que ganaron en 2011, pese a que la economía se contrajo un 6,5 por ciento en una situación adversa.
Si bien los dos prestamistas más grandes de España, Banco Santander SA y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, obtienen la mayor parte de su ganancia fuera del país, los bancos más pequeños dependen de la actividad interna. La mayoría está pagando tasas más altas por los depósitos de las que puede ganar sobre las hipotecas. Su operación más rentable –endeudarse al 1 por ciento del Banco Central Europeo y prestar al Estado español al 6 por ciento- corre el riesgo de llevar al país a la quiebra.
“Mientras la economía siga en baja, los bancos de segundo nivel no podrán generar ganancias y sus pérdidas aumentarán más”, dijo Alberto Gallo, responsable de investigación en el área de crédito europeo macro en Royal Bank of Scotland Group Plc de Londres. “Taponar pérdidas de bancos no tiene fin. Los bancos a la larga derramarán la gota que rebasará el vaso”.
Rescate de la UE
Sobrestimar las ganancias podría llevar a España a pedir una asistencia demasiado escasa a la Unión Europea para recapitalizar sus bancos en problemas. Esto incrementa el riesgo de que el rescate no logre restablecer la confianza de los mercados en la banca del país y aporte sólo un breve respiro, como ocurrió con cuatro intentos previos desde 2010.
La UE aceptó aportar 100.000 millones de euros para ayudar a España a recomponer su banca. En una reunión en Bruselas la semana pasada, los líderes de la eurozona allanaron el camino a un fondo europeo de rescate para inyectar fondos directamente en los prestamistas en cuanto establezcan una supervisión bancaria única. Las propuestas para un marco de supervisión unificada se considerarán hacia fin de año, dijeron los líderes. Los políticos también decidieron que la ayuda financiera que reciba España no subordinará a los bonistas existentes.
El rendimiento del bono de referencia de España a 10 años cayó 0,66 puntos porcentuales hasta 6,24 por ciento en los dos días que siguieron al anuncio. Si bien la decisión relativa a la antigüedad de los fondos de rescate contribuye a aliviar las preocupaciones de los inversores, España necesitará pedir prestado a la UE para recapitalizar sus bancos hasta que se implemente un mecanismo de préstamo directo, lo cual aumenta la carga de su deuda, dijo Gallo, de RBS.
“Esto les da una tregua de varias semanas, quizá, pero de todos modos deben actuar rápido para resolver el drenaje de pérdidas de los bancos”, dijo Gallo. “España no puede esperar un año hasta que se establezca el nuevo mecanismo bancario”.
Ganancias de bancos
Los estudios realizados por Oliver Wyman y Roland Berger Strategy Consultants GmbH de Múnich, para quienes las necesidades de capital se ubican entre 26.000 millones de euros y 62.000 millones de euros, desempeñarán un papel importante en la determinación de cuánta ayuda pedirá España. La cifra exacta será decidida después de que ambas entidades concluyan un análisis más detallado banco por banco para septiembre.
El informe de Oliver Wyman, con sede en Nueva York, estableció que se podía hacer frente a la mayor parte de las pérdidas bancarias potenciales con las ganancias, las provisiones y los colchones de capital existentes. El análisis de Roland Berger llegó a una conclusión similar aunque no brindó un desglose de cuánto cubrirían las ganancias.
La economía española, que se contrajo seis semestres a partir de 2008, entró en una segunda recesión en el primer trimestre de 2012 después de crecer menos del 1 por ciento el año pasado. El deterioro probablemente se intensificó en el segundo trimestre, dijo Banco de España la semana pasada. El Fondo Monetario Internacional y la UE suponen que la economía se contraerá 1,8 por ciento en 2012. El desempleo alcanzó el 24 por ciento, el nivel más alto de la UE.
El grupo Bankia, el tercer banco español más grande por activos, pidió un rescate de 19.000 millones de euros en mayo. José Ignacio Goirigolzarri, el presidente recientemente designado, decidió hacer provisiones para hipotecas residenciales y préstamos a empresas ajenas al sector inmobiliario además de lo que el gobierno requirió para préstamos a firmas de promotores inmobiliarios y constructoras.
‘Restablecer la confianza’
Bankia, formado por la fusión de siete entidades regionales, representa casi un décimo de todo el crédito bancario en España. Extrapolar su solicitud al resto de la banca significa que los prestamistas deberían recaudar unos 210.000 millones de euros de capital.
Algunos banqueros españoles y funcionarios del gobierno objetan que se utilice a Bankia como referencia. El ministro de Economía Luis de Guindos dijo al Parlamento el 23 de mayo que Bankia constituye “un caso específico” sin ninguna derivación para el resto del sector.
Contar con tres años de ganancias que pueden o no materializarse para bajar el capital que necesitan los bancos debilita el objetivo del ejercicio, dijo Patrick Lee, analista con sede en Londres que cubre los bancos españoles en RBC.
“Los inversores están exigiendo reducciones de las carteras de crédito ajustadas al mercado y una inyección anticipada de capital”, dijo Lee. “Nada alejado de eso tendrá el poder de restablecer la confianza en los bancos españoles”.
España ha anunciado cuatro iniciativas previas de reestructuración de la banca desde 2010, cada una de las cuales dio al país un breve respiro.
El cronograma de la iniciativa actual de rescate exige a los bancos presentar propuestas a mediados de octubre para establecer cómo resolverán sus déficits de capital tal como lo determinen los asesores externos luego de la próxima etapa de pruebas de solvencia. Las entidades financieras tendrán luego nueve meses para implementar los planes aprobados.
