Yo opino
Esta nutrida agenda legislativa se da en un contexto social de creciente apoyo a las demandas de la diversidad sexual. La encuesta Cadem de enero de 2017 arrojó que el 64% de los chilenos apoya el matrimonio igualitario.
A partir del 11 de marzo del próximo año el Gobierno que asuma luego de la segunda administración de la Presidenta Bachelet, tendrá una situación inédita en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género: toda la agenda de la diversidad estará tramitándose en el Congreso. La ley de identidad de género se encontrará en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, luego de casi cinco años de tramitación; la ley de reconocimiento de derechos filiativos de parejas del mismo sexo en primer trámite constitucional en el Senado, con su discusión general iniciada; y el matrimonio igualitario, esperamos, aprobado en general en su primer trámite constitucional en la misma cámara. Podrá decirse que falta la reforma a la ley antidiscriminación, pero se trata de un cuerpo legal que, aunque muy insuficiente, ya existe.
Respecto de estos proyectos, probablemente el más urgente es la ley de identidad de género. Esta iniciativa, que fue patrocinada por OTD junto a Fundación Iguales, fue presentada en mayo de 2013, y demoró más de cuatro años en su primer trámite constitucional. Fue constantemente torpedeada por sectores conservadores del Senado, los que no disimularon su intención de trabar los avances. Fue así como un proyecto de ley de apenas 15 artículos tuvo catorce períodos de indicaciones, más de doscientas indicaciones presentadas –una senadora sola presentó más de un centenar-, y durante un buen tiempo, la comisión que la analizaba (Derechos Humanos del Senado) no lograba el quorum para sesionar. Hoy, ya en la Cámara de Diputados, el proyecto excluye a niños, niñas y adolescentes, exige exámenes patologizantes para adultos respecto a su capacidad mental, y obliga a disolver el matrimonio de las personas casadas que ejerzan este derecho. Enmendar esta iniciativa y aprobarla será el desafío principal de los próximos cuatro años.
Por otro lado, los proyectos de ley de derechos filiativos de parejas del mismo sexo y el de matrimonio igualitario no habrán iniciado, probablemente, su discusión en particular, por lo que el debate sobre su contenido mismo ocurrirá durante el próximo gobierno. Estos proyectos afectarán de manera directa la composición de las familias de parejas del mismo sexo, familias que ya existen y se mantienen unidas en base al cariño y protección que se brindan, a pesar a la indiferencia de la ley. Respecto de ambos proyectos, deberemos asegurarnos que no queden zonas ambiguas de protección de los integrantes de sus familias, en especial, de los niños y niñas, muchos de los cuales ya han nacido y viven en situaciones de incerteza por la falta de reconocimiento pleno de sus relaciones de familia.
Esta nutrida agenda legislativa se da en un contexto social de creciente apoyo a las demandas de la diversidad sexual. La encuesta Cadem de enero de 2017 arrojó que el 64% de los chilenos apoya el matrimonio igualitario, y la encuesta Bicentenario de Adimark con la Universidad Católica reflejó un apoyo del 51%. La encuesta con peor resultado –la CEP de junio de este año- mostró un empate técnico en torno al 40% para quienes apoyan y rechazan que todos los chilenos tengan igualdad en acceder a este contrato. Esta definición mayoritaria de apoyo también se vio reflejada en la elección parlamentaria de noviembre, por lo que, a partir de marzo de 2018 y por primera vez en la historia de nuestro país, tendremos mayorías en ambas Cámaras del Congreso para aprobar el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Por tanto, faltará conocer la voluntad política del nuevo gobierno para saber qué tan fácil o difícil será avanzar en los próximos cuatro años con demandas que la ciudadanía quiere que se implementen y que el Congreso está dispuesto a aprobar.
En este sentido, nuestro trabajo no se detendrá ni aminorará en razón del resultado en las urnas. Las organizaciones de diversidad sexual y de género del país tenemos catastrado cada avance, cada paso, cada revés y cada sesión donde nuestros proyectos se han analizado. Hemos asistido a todas y cada una de las sesiones de las salas y de las comisiones donde se han discutido nuestros derechos. Nos hemos reunido una y otra vez con presidentes, ministros, subsecretarios, jefes de servicios, diputados, senadores, alcaldes y concejales. Hemos estado en los partidos políticos, en las asociaciones gremiales, en empresas, en hospitales y consultorios, en los sindicatos, en las cárceles. Hemos participado en seminarios en universidades, en charlas en liceos, escuelas y colegios, y hemos conversado con profesores, directivos, estudiantes y apoderados. Hemos estado en la calle, hemos marchado con estudiantes, con trabajadores, con miles de familias, con miles de parejas. Hemos avanzado mucho, pero aún nos queda mucho por avanzar. Sea cual sea el resultado de la elección del domingo 17 de diciembre, sabemos cómo y cuánto hemos cambiado este país para mejor, y todo lo que nos ha costado. Por eso, a partir del 11 de marzo, quien sea que llegue a La Moneda, debe saber que se encontrará con un movimiento social respaldado por la ciudadanía y el Congreso, y que no está dispuesto a dar un paso atrás en los derechos conquistados.
