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La primera de una serie de protestas afuera del Ministerio de Salud se realizó este lunes. Diversas organizaciones han llamado a seguir manifestándose mientras las críticas siguen desde el mundo político. Parlamentarias entregaron carta a Contraloría.
Manifestantes llegaron hasta el Ministerio de Salud para rechazar la modificación del protocolo de objeción de conciencia, que permite a las instituciones objetoras seguir recibiendo financiamiento del Estado, entre otras cosas.
En la protesta estaban presentes algunos parlamentarios como la diputada Marisela Santibáñez (PRO) y Boris Barrera (PC), quienes entregaron una carta al organismo público.
La oposición a la medida tomada por el nuevo gobierno generó críticas durante todo el día. Otro escrito se entregó en Contraloría por las diputadas Camila Vallejos (PC), Karol Cariola(PC), Maite Orsini (RD), entre otras, para que el organismo se pronuncie sobre la ilegalidad del protocolo al restringir la aplicación de la ley.
Además, las ex ministras del gobierno de Michelle Bachelet también criticaron las modificaciones. Carmen Castillo, ex Ministerio de Salud, manifestó que “este cambio de requisito limita los derechos de la mujer, especialmente de la mujer que está afiliada a una institución privada, que son las isapres”.
“Un objeción institucional al bajar los requisitos, aliviana enormemente la factibilidad y da muchas facilidades para que cualquier institución privada pueda ser objetora de conciencia”, agregó.
Por su parte, la ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual, sostuvo que el nuevo protocolo “trata de torcer la aplicación más completa y compleja de la legislación”.
“Aquí no ha habido ninguna conversación, es un cambio que se ha realizado de manera unilateral. Sin esperar que la propia justicia se hubiera manifestado cuando hubo dos instituciones que presentaron un recurso. No se invitó ni al Parlamento, organizaciones de mujeres o ex autoridades”, explicó.
Las diputadas Santibañez junto a Cristina Girardi (PPD) habían calificado durante la tarde como “una trampa” los cambios realizados en el protocolo.
“El gobierno se equivoca al intentar permitir que con recursos públicos se puedan negar derechos que tanto costó consagrar para las mujeres. Todas las instituciones, públicas y privadas deben darle sentido a esta ley. Este congreso y esta diputada no estarán por avalar el retroceso en derechos adquiridos”, indicó la diputada del PRO.
Por su parte, Girardi indico que “desde un principio defendimos que la objeción de conciencia fuera individual, no institucional, ya que el ser humano es el único ser vivo que tiene conciencia, puede reflexionar. La objeción de conciencia institucional es una trampa porque da pie para que personas que piensan de distinta manera no puedan trabajar en clínicas objetoras que pertenezcan, por ejemplo, al opus dei”.
«Creemos que el Estado no debiera traspasarle un peso a aquellas clínicas que actúen de esa manera. Es como un Estado dentro de otro Estado, como Colonia Dignidad, estas instituciones se manejan con sus propias leyes. Aquí la ley debiera aplicarse a todos por igual, sin excepciones”, agregó.
También la senadora Adriana Muñoz (PPD) rechazó los cambios introducidos por el Ejecutivo y recordó que la objeción institucional no estaba contemplada en el proyecto aprobado por el Parlamento. “Lo anterior surgió del debate en comisiones y sala, donde se determinó que quienes tienen conciencia y, por tanto, capacidad para discernir, son las personas y no las instituciones”.
