BRAGA
Entre las medidas que impulsan una política de igualdad de género para todas las universidades, destaca el protocolo de prevención y erradicación de la violencia sexual y la discriminación arbitraria; el reconocimiento del nombre social de estudiantes y funcionarias/os transexuales; y la creación de direcciones de género en cada establecimiento.
Con la finalidad de implementar un sistema educativo que vele por la equidad de género, los rectores de las 18 universidades estatales hicieron entrega de un documento al Ministerio de Educación, el cual presenta una serie de propuestas concretas en respuesta a la segunda sesión del consejo Coordinador de Universidades del Estado.
En dicho consejo, el Ministerio de Educación habría presentado el documento «Equidad de Género para Instituciones de Educación Superior», al cual suscribieron formalmente todos los establecimientos.
Sin embargo, los planteles también elaboraron «otras medidas creadas de manera participativa con las comunidades y que han ido implementando de manera progresiva, para hacerse cargo de la desigualdad de género presente en la educación superior», comentó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.
«Junto con firmar la declaración que nos pide el Consejo Asesor del ministerio, hemos hecho público un documento que pretende enfatizar otros aspectos que ya están en marcha en nuestras universidades pero que quisiéramos que estuvieran presentes en el conjunto de las instituciones, no solamente universitarias ni de educación superior, sino que sean temas conversados por todo el sistema educacional», explicó la autoridad y añadió que «muchos de ellos precisamente tienen que ver con cómo se refuerzan ciertos estereotipos de los niños y niñas que terminan teniendo un impacto muy profundo en las posibilidades reales que las mujeres tienen en el mundo académico y de las universidades».
Las propuestas por la equidad de género
Los lineamientos principales de la propuesta pretenden «implementar una política de educación no sexista que erradique los estereotipos y sesgos que reproducen las desigualdades de género, instalar una política de corresponsabilidad social (…), e incentivar un rol más relevante de los hombres y de las instituciones en el cuidado de las personas».
En este sentido, el documento de siete tópicos presenta en primer lugar, una política de prevención y erradicación de la violencia sexual y la discriminación arbitraria, poniendo énfasis en la atención a las personas afectadas.
De esta manera, el informe también plantea la creación de unidades o direcciones de género en cada universidad, las cuales estarán a cargo de proponer, coordinar y supervisar las políticas y acciones antidiscriminatorias.
Asimismo, proponen la instalación de estándares de formación docente con enfoque de género, siendo esta perspectiva uno de los criterios de calidad para los procesos de acreditación institucional.
Respecto a los derechos de las personas transexuales, el documento también exige el reconocimiento del nombre social de estudiantes, académicas/os y funcionarias/os de los establecimientos educacionales.
