BRAGA
La comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad el protocolo impulsado por la ONU, iniciativa que busca «poner en manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad con el hombre y defender sus derechos humanos». Sin embargo, respecto al artículo 8 y 9 del protocolo, los cuales modifican las medidas sancionatorias contra el aborto, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, puso los límites y afirmó que el Ejecutivo «no comprenderá situaciones relacionadas con la protección que goza en Chile la vida del que está por nacer».
Dieciocho años más tarde, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad el Protocolo Facultativo para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la mujer de la ONU, también conocido por sus siglas en inglés como CEDAW.
El convenio creado para «poner en manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad con el hombre y defender sus derechos humanos», fue suscrito por Chile en 1999 y aprobado por la Cámara de Diputados el año 2001.
De esta manera, el protocolo consistirá en un instrumento que supervisará la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, permitiendo que personas o grupos de personas que estén bajo la jurisdicción de un Estado Parte, puedan alegar y denunciar ante un comité especializado el ser víctimas de una violación por parte de ese Estado.
Además, si dicho comité cuenta con información fidedigna y puede comprobar las violaciones graves o sistemáticas, podría llegar a visitar el territorio con autorización del país que fue denunciado.
Durante la votación de la iniciativa, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera (RN), reveló que «si el Congreso aprueba el protocolo facultativo, el Gobierno va a proceder a su ratificación y lo vamos a asumir como tal».
Sin embargo, respecto al artículo 8 y 9 del protocolo, los cuales modifican las medidas sancionatorias contra el aborto, Ribera puso los límites y afirmó que el Ejecutivo «no comprenderá situaciones relacionadas con la protección que goza en Chile la vida del que está por nacer».
«El derecho a la vida que está por nacer es una expresión distinta a establecer el tema de la vida y el aborto», expresó el Canciller y añadió que «el Ejecutivo hará uso de su facultad para que el convenio no tenga carácter retroactivo».
En la misma línea, Plá coincidió con que «se hará una declaración interpretativa respecto de la vida del que está por nacer de acuerdo a la legislación vigente».
