BRAGA
Crédito: Agencia Uno.
En su defensa, el diputado señaló que su denunciante es un ex funcionario a quien despidió «porque se me hizo llegar su prontuario policial, marcado por imputaciones sobre delitos sexuales, hurto, robos y violencia contra la mujer, lo que hacía imposible su continuidad como asesor, ya que soy intolerante con las personas que maltratan, especialmente a las mujeres», expresó Velásquez.
A ocho meses desde que se aprobó el protocolo de Prevención y Sanción del acoso sexual en la Cámara de Diputados, la denuncia contra el parlamentario Pedro Velásquez se convirtió en la primera investigación de esta índole, la cual incluye multas que alcanzan hasta el 50% de la dieta parlamentaria, además de censura y amonestaciones en la hoja de vida.
La víctima de acoso sería un ex funcionario del Congreso Nacional, quien realizó la denuncia mediante la Comisión de Régimen Interno el pasado 11 de septiembre, según confirmó el presidente de la Cámara de Diputados.
En su defensa, Velásquez aseguró que su denunciante habría sido imputado anteriormente por delitos sexuales. «A este ex funcionario lo despedí porque se me hizo llegar su prontuario policial, marcado por imputaciones sobre delitos sexuales, hurto, robos y violencia contra la mujer, lo que hacía imposible su continuidad como asesor, ya que soy intolerante con las personas que maltratan, especialmente a las mujeres», expresó Velásquez.
Asimismo, el parlamentario señaló que «esto también puede ser parte de una operación política, en vista de que mi hijo (Felipe Velásquez) va de candidato a alcalde» por Coquimbo, donde el parlamentario fue jefe comunal por 14 años.
En este tipo de denuncias, el protocolo señala que se debe elegir al azar a una diputada perteneciente a un comité y región distinta del denunciado. En este caso la diputada elegida para liderar el proceso de investigación fue Gael Yeomans, parlamentaria del Frente Amplio y presidenta de Convergencia Social.
La parlamentaria actuará como relatora ante la Comisión de Régimen Interno, donde se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de que se compruebe que el parlamentario incurrió en conductas de acoso sexual.
Velásquez aseguró que iniciará acciones judiciales contra su denunciante una vez que finalice la investigación, proceso que cuenta con 20 días hábiles.
En cuanto a las sanciones, en caso de que la agresión sea considerada “leve” el parlamentario arriesga la sanción del llamado al orden y una multa del 2% de su dieta.
Para las “menos graves” el protocolo establece una amonestación y una sanción de, a lo menos, un 5% de la dieta. Mientras que para las “graves y gravísimas” el parlamentario podría arriesgar las sanciones de censura y una multa de entre el 10% y el 50% de su dieta.
Si se compruebe la existencia de un delito la Cámara de Diputados está obligada a denunciar al parlamentario ante el Ministerio Público.
