#Comunicado de prensa en el marco de la presentación del Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad 2018-2019
BRAGA
Las organizaciones demandaron de los gobiernos que cumplan “con su responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos» en Centroamérica.
Centroamérica registró -entre enero de 2018 y agosto de 2019- más de 2.200 feminicidios, de acuerdo con un informe presentado este martes (03.12.2019) en El Salvador por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos, que aglutina a por lo menos siete organizaciones no gubernamentales.
Carla Ayala (foto principal) -una agente policial de El Salvador- desapareció sin dejar rastro en diciembre de 2017, luego de una fiesta de Navidad en su trabajo. Después de meses de búsqueda, sus restos se encontraron enterrados en el terreno de un colega. Su asesino sigue prófugo.
Según datos de las entidades, en 2018 se cometieron 1.590 feminicidios, mientras que de enero a agosto de 2019 se reportan 628 crímenes de odio contra las mujeres. Estas cifras se desprenden del Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2018-2019, que fue presentado por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos.
Este equipo regional advirtió, a través de un comunicado difundido junto al informe, que Centroamérica tiene una tasa promedio de 23,7 homicidios por cada 100.000 mil habitantes, «lo cual la convierte en una de las más violentas en el mundo».
#Comunicado de prensa en el marco de la presentación del Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad 2018-2019
Por otra parte, los organismos aseveraron que los gobiernos de la región han implementado medidas de seguridad «centradas en salvaguardar a las instituciones públicas, los intereses de los gobernantes de turno, así como el poder económico y no en preservar la seguridad y los derechos humanos de la población».
«En la región miles de personas han muerto como resultado de las acciones violentas», principalmente en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua a consecuencia de «la presencia del crimen organizado» y «fuerzas de choque paraestatales», detalla el escrito.
El informe también señala deficiencias regionales en la garantizar que las personas centroamericanas tengan una vida digna; denuncia la criminalización de quienes defienden los derechos humanos; las agresiones y amenazas a la prensa y los límites a la libertad de expresión y acceso a la información.
Por lo anterior, las organizaciones sociales llamaron a los gobernantes «a cumplir con su responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para la plena vigencia de los derechos humanos» en Centroamérica.
